¿Quién no recuerda el anuncio? Cuatro subnormales, maquillados por la funeraria Gayosso, reciben una llamada telefónica. La hija contesta e informa: “Papá, el hombre que te secuestró fue sentenciado a 140 años de cárcel”. La madre se asusta: “¿Por qué no le dieron cadena perpetua?”

El hijo la calma: “El Partido Verde propuso pena de muerte a secuestradores”. La hija: “Pero los demás partidos no quisieron”. El hijo: “El Verde logró que la pena aumentará de 40 a 140 años”. El padre: “Ese desgraciado morirá en la cárcel, pero lo que yo viví nadie me lo quita”.

Apoyándose en esta información, difundida ilegalmente millones de veces en espots de radio y tele, cineminutos, carteles en el Metro del DF, autobuses urbanos y calles de todo el país, la representante de Televisa ante la PGR, Arely Gómez, hizo esta semana una declaración verde que te quiero verde, para los ingenuos que votarán por el PVEM.

José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, dijo la señora Gómez, “no enfrenta cargos por desaparición forzada, porque podría salir de la cárcel dentro de 40 años. La PGR lo consignó por secuestro, para que reciba una sentencia de 140 años”. Solamente le faltó añadir: “¡Propuesta cumplida!”

¿Cómo ayudarla? ¿Cómo hacerle entender, a la supuesta “abogada de la nación”, que una desaparición forzada y un secuestro son muy distintos? Cuando alguien priva a otro de su libertad, para obtener dinero por medio de un rescate o con cualquier otro fin, comete un secuestro. Pero si lo hace con ayuda de “un agente del Estado”, el delito se vuelve “desaparición forzada” y es mucho más grave.

¿Qué es un agente del Estado? Alguien que detenta un cargo de autoridad gubernamental, llámese policía preventivo, de tránsito, municipal o federal. Pero también puede ser un regidor, un alcalde, un diputado, un senador, un gobernador, un secretario de Estado, un agente del ministerio público (la PGR es el Ministerio Público Federal), un miembro del ejército o de la marina, y por supuesto el comandante supremo de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto.

En otras palabras, todo individuo que use el poder del Estado para privar de su libertad ilegalmente a otra persona, o lo haga en complicidad con personas sin cargo público, o no intervenga para evitarlo, o sepa dónde está la persona y no lo diga, comete el delito de desaparición forzada, una figura que ya existe en algunos códigos penales del país, como el del estado de Guerrero, pero en forma incompleta y deliberadamente errónea.

En los países donde fue tipificado correctamente, el delito de desaparición forzada no caduca, es más, se comete y se vuelve a cometer cada minuto que la persona está en cautiverio, y se sigue cometiendo hasta que no reaparezca viva, o en su defecto sea localizado su cadáver, o fragmentos de éste que permitan identificarla mediante una prueba de ADN.

Esta noche, cuando ustedes lean estas líneas, o mañana en la mañana o en la tarde, o el próximo fin de semana y después, cualquier día después, volverán a cometer el delito de desaparición forzada los policías municipales que detuvieron a los normalistas en la calle, y los soldados del 27 batallón de Infantería que estuvieron con ellos en una clínica de Iguala, antes que a los estudiantes los devoraran las sombras.

Pero también cometieron, y siguen cometiendo desde entonces, delito de desaparición forzada, los agentes del Cisen que monitorearon los autobuses tomados por los normalistas, pero también el jefe de la policía del estado de Guerrero, pero también el ahora ex gobernador Ángel Aguirre, pero también el ahora ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, pero también los secretarios de Gobernación, Defensa y Marina, y por lo tanto, el presidente Enrique Peña Nieto.

Más aun, si Arely Gómez sabe dónde están los normalistas –y es imposible que no lo sepa– ya es también cómplice del delito de desaparición forzada, y con el conjunto de los agentes del Estado mexicano mencionados en los párrafos anteriores, puede ser juzgada en tribunales internacionales por “crimen de lesa humanidad”.

Precisiones

El jueves de la semana pasada, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analiza la tragedia de los normalistas, pidió a la PGR que reclasifique el delito por el que están presos Abarca y 99 policías municipales, para que dejen de ser acusados de secuestro y se les juzgue por desaparición forzada.

Claro que los antropólogos y médicos forenses de la CIDH no contaban con la astucia de Arely Gómez, quien dijo como anuncio del PVEM que era mejor procesarlos por secuestro –¡para que se pudran en la cárcel, jajaja!–, o con el ingenio pinochetista del comisionado de inseguridad nacional, Monte Rubido –“en México no hay personas desaparecidas sino ausentes que no han sido encontradas”.

También intervino el ignorante subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, para rebuznar que tocará al Poder Judicial “determinar si es desaparición forzada o secuestro”, lo cual no es cierto: eso le corresponde a la PGR. (OjO: el superior de este funcionario, es decir, el titular de la SRE, José Antonio Meade, no se queda atrás en ignorancia, pues en un tuit reciente llamó a la capital de China “Beijing”, cuando en español se dice Pekín, tal como Londres se dice Londres y no London.)

A contracorriente de tanta sandez y tanto cinismo, en una extraordinaria nota de mis ex compañeros de La Jornada, Jesús Aranda y Alfredo Méndez, “fuentes judiciales precisaron que el hecho de que el Ministerio Público federal consignara al ex alcalde de Iguala por secuestro y delincuencia organizada y no por desaparición forzada, tiene como consecuencia que el ilícito no sea considerado de lesa humanidad, lo que favorecería al Estado mexicano ante una eventual demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Y abundaron: “Mientras el gobierno mexicano mantenga la tesis del secuestro, llegará el momento en que pueda suspender la búsqueda de estudiantes, porque no se trata de un delito de lesa humanidad y por lo tanto prescribe”. Los periodistas recordaron que al inicio de las investigaciones, Murillo Karam habló de desaparición forzada pero luego estableció la “verdad histórica” para dar carpetazo a la tragedia.

Pese a que en México hay decenas de miles de personas desaparecidas por todo el país, en los últimos 8 años ningún servidor público ha sido condenado por desaparición forzada. Ergo, desde el sexenio de Felipe Calderón, aquí gobiernan los nazis, pero nadie vendrá a salvarnos.

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