Un proyecto de reforma fiscal en Colombia hizo explotar el descontento en las calles en contra del presidente Iván Duque. Hace seis días comenzaron las manifestaciones, en las que hasta ahora han fallecido 19 personas y se investiga la muerte de otras más.
Ni siquiera el reciente anuncio del mandatario de reformar el proyecto, retirando las propuestas más polémicas, ha calmado los ánimos en las manifestaciones convocadas por el Comité Nacional de Paro.
“No basta solo con retraer la reforma. Fue la cereza del pastel, pero todo el manejo se dio a la pandemia y todo lo que ha sucedido con este gobierno simplemente nos estalló en la cara (…) estamos en contra de todas las políticas de este gobierno”, comentó María Tersa Flores, filósofa de 27 años en Bogotá.
Sin importar la tercera ola de Covid-19, sindicatos, estudiantes, indígenas y oposición tomaron nuevamente las calles de las principales ciudades en el día internacional de los trabajadores al ritmo de los cacerolas.
“Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país”, un gobierno decida “hacer una reforma tributaria (que) termina empobreciendo más al pueblo”, lamentó Julián Naranjo, administrador ambiental.
La reforma fue presentada el 15 de abril pasado, y de inmediato suscitó el rechazo de decenas de miles de personas que salieron a marchar. Durante varios días se mantuvieron las protestas hasta que, este sábado, comenzaron con mayor intensidad.
La situación más compleja se ha vivido en Cali, capital del departamento del Valle de Cauca y principal ciudad al suroeste de Colombia, en donde hay incertidumbre por cuenta de la violencia policial, los disturbios y los bloqueos que han provocado desabastecimiento de alimentos y combustibles.
Decenas de comercios han sido destruidos y hay largas filas para abastecer de combustible o comprar alimentos.
Además, la Aeronáutica Civil de Colombia restringió este lunes temporalmente las operaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, por las manifestaciones.
A esa ciudad, con 2.2 millones de habitantes, llegaron cerca de 3 mil soldados y policías como respuesta ante las movilizaciones.
Según el ministro de Defensa, Diego Molaron, los desmanes habrían sido orquestados por “organizaciones criminales”, entre las que se encuentran disidencias de las FARC.
No obstante, múltiples ONG’s y la oposición, han denunciado de las graves violaciones de derechos humanos cometidos por la fuerza pública en las protestas y disturbios. El Gobierno lo niega.
De hecho, el ministerio de Defensa solo ha reconocido un muerto y guarda silencio sobre el número de civiles heridos. El balance oficial da cuenta de 209 oficiales heridos, un uniformado fallecido y 203 arrestos realizados.
En un chat con periodistas, la Fiscalía afirmó estar investigando seis homicidios ocurridos durante las protestas para verificar “si tienen o no que ver con la conflictividad social”.
Por su parte, la Defensora del Pueblo (Ombudsman), autónoma, advirtió sobre 179 civiles lesionados y dos fallecimientos en Neiva (centro) y Bogotá.
En un pedido de “acción urgente” radicado en el Congreso, 19 parlamentarios de oposición informaron que cuatro de las víctimas mortales podrían haber ocurrido por el “accionar de la policía”.
El sábado, Iván Duque señaló que se apoyará en las Fuerzas Militares para controlar los disturbios ocurridos en varias ciudades del país y explicó que esa situación se mantendrá hasta que “cesen los hechos de grave alteración del orden público”.
“La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de os ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población, está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá”, dijo.
Atropellos y abuso policial
Las denuncias de abuso por parte de las autoridades avivan lo ocurrido en septiembre pasado, cuando la muerte de un ingeniero a manos de la policía ocasionó revueltas contra la brutalidad policial que dejaron medio millar de heridos y una decena de fallecidos.
“Salí a marchar por la reforma tributaria, pero también (…) por los abusos policiales y del ESMAD (escuadrón antidisturbios) que han ocurrido en estos últimos días de marchas”, dijo Sebastián Huertas, estudiante de derecho de 21 años.
El observatorio independiente Indepaz también dio difundió una denuncia de abuso sexual que presuntamente habría cometido un uniformado durante las protestas.
Con la reforma el gobierno tenía contemplado recaudar unos 6 mil 300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para estabilizar las finanzas de un país en el que hay un desempleo urbano del 16.8 por ciento en marzo, con un PIB que cayó un 6.8 por ciento en 2020, su peor caída en medio siglo.
Además, expertos han opinado que la reforma se ensañó con la clase media, buscando por ejemplo ampliar la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta en plena pandemia o aumentar el IVA en bienes y servicios.