En 2008, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue creado el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad y Perspectiva de Género (PFTPG), para promover y fomentar las condiciones de la igualdad de oportunidades y género. De él se desprende el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

En días pasados, el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2018 encontró una serie de irregularidades como gastos sin facturas, y el presupuesto asignado utilizado para comprar mobiliario que hoy se encuentra desaparecido.

Según el informe, en 2018 se asignaron 327 millones 230 mil 590 pesos al PFTPG, que no fueron destinados a los programas que se tenían contemplados, sino que se usaron para gastos sin facturas, la impresión de propaganda que no tenía relación con el programa, adjudicaciones directas injustificadas y computadoras y mobiliario hoy desaparecidos.

De acuerdo con el propio Inmujeres, el programa busca garantiza la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, y realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

Para funcionar, consta de tres modalidades:

  • La I, con la que se busca incorporar la perspectiva de género en las acciones de la administración pública estatal.
  • La II, que se va con las acciones a nivel municipal y de alcaldías.
  • La III, que llega a la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

En 2018, los recursos del PFTPG beneficiaron a las 32 entidades federativas en la modalidad I, 520 municipios en la modalidad II y 31 estados en la modalidad III.

La ASF llevó a cabo auditorías a Inmujeres y a los gobiernos estatales de Oaxaca, Jalisco y México, para determinar si se había o no efectuado el programa en los términos previstos.

Irregularidades detectadas

De acuerdo con una auditoría hecha al Inmujeres, de mil 029 proyectos que ingresaron su solicitud a la Plataforma, sólo fueron validados 583, de los cuales 32 proyectos corresponden a la modalidad I, 520 a la modalidad II y 31 a la modalidad III.

Precisamente de los 520 proyectos de la modalidad II, ocho no recibieron recursos debito a la “insuficiencia presupuestal” y 19 declinaron sus recursos por no cumplir con los últimos requisitos para la recepción de los recursos o por decisión propia.

El balance demuestra que no se cumplió con el porcentaje establecido para los proyectos, debido a que sólo 42 Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) presentaron proyectos.

Sin embargo, según las reglas de operación, no se exceptúa, en ninguna circunstancia, el cumplimiento de los porcentajes establecidos; por ello, la ASF consideró que la gestión de esos procesos presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que los regula.

Asimismo hubo conflictos en áreas como:

  • El registro de las fechas
  • La integración de la documentación jurídica y del proyecto
  • Las notificaciones de los proyectos rechazados y de los convenios
  • El respaldo anual de las asesorías y criterios definidos para su contabilización

Sobre la asignación de recursos, Inmujeres incumplió con el porcentaje mínimo de asignación para las Instancias Municipales de las Mujeres que no recibieron recursos de la modalidad II en 2017.

Mientras tanto, sobre los informes de avances financieros, se presentaron deficiencias por el incumplimiento en los plazos y algunas inconsistencias de la información.

La auditoría realizada al Gobierno del Estado de México reveló una falta de dinero reintegrado a la Tesorería Federal por 101 mil 526 pesos, correspondientes a los rendimientos generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas estatal del ejercicio fiscal 2018.

Se encontró que, de la información financiera, faltaron documentos que comprobaran el gasto de una factura y los sellos de operado en toda la documentación presentada por la entidad fiscalizada; además de facturas sin sello con nombre y año del programa.

Además, el Gobierno no difundió los proyectos, resultados y productos mediante su órgano oficial de difusión o su página oficial de internet, pero sí se adquirieron lonas y folletos para la difusión del programa, pero sin las imágenes ni frases establecidas por la normativa.

En el caso de Jalisco, se presentaron insuficiencias en la transferencia de los recursos del programa, pues la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (hoy Hacienda Pública), transfirió al Instituto Jalisciense de las Mujeres, el total de los recursos del Programa.

Lo anterior lo hizo a la cuenta bancaria abierta para la administración de los recursos de la modalidad II, pero se contaba con cuentas bancarias por cada una de las modalidades.

Las pruebas del uso de los recursos dan cuenta de cómo ninguna de la documentación comprobatoria de la modalidad I fue cancelada con la leyenda “Operado”; para la modalidad III, la documentación comprobatoria de gasto fue cancelada con la leyenda “operado recurso federal”, lo cual tampoco cumplió con lo señalado en la normativa vigente.

También se identificó que en el 72.2% de los servicios adquiridos para el proyecto de la modalidad III, la fecha de justificación en la que se sustenta la excepción a la licitación pública es posterior a la del acta del comité de adquisiciones.