Por: H.R.

09 de junio 2015.- Ya estuvo. Ya discutimos. Ya nos descalificamos. Ya nos peleamos. Ya votamos unos sí y otros no. Y ya tenemos –con alguno que otro ajuste que falte– el resultado de las elecciones. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos cada quien a su casa sintiéndonos ciudadanos conscientes, responsables y demócratas, dejando una vez más en manos de los candidatos electos el destino de la colonia, la delegación, la ciudad y el estado? ¿Nos sentimos satisfechos mientras ganadores y perdedores se reacomodan en un sistema que conserva intactos su legislación, sus organismos electorales, sus mecanismos de exclusión y sus canales de financiamiento, todos ellos en el mejor de los casos cuestionables y en el peor ilegítimos? ¿Celebramos el mantenimiento de una institucionalidad cuyas instituciones están permeadas por la ineficiencia, el amiguismo y la corrupción? ¿Nos quedamos aguardando, como siempre, que ahora sí quienes resultaron “ungidos por el voto”, como dicen los clásicos, cumplan con sus promesas de campaña?

Es de esperar que no, porque si eso sucede, la ciudadanía no habrá ganado absolutamente nada. Es más, habrá perdido otra oportunidad para emprender la restauración del tejido social y la construcción de una democracia que vaya más allá de lo nominal, en manos de un gatopardismo que nuevamente habrá logrado que algunas cosas cambien para que nada cambie.

Supongamos, haciendo un esfuerzo de voluntad y poniendo en juego todo el candor que nos queda, que los nuevos titulares de las alcaldías, legislaturas, delegaciones y gubernaturas inicien su gestión mostrando alguna disposición para mejorar algo más que sus finanzas personales. Supongamos que les concedemos el beneficio de un periodo de gracia para que en un lapso razonable prueben con datos duros que son honestos, transparentes, sensibles y eficaces.

Aun suponiendo todo eso, una cosa nos enseñan la experiencia y la práctica: si los electores no diseñamos herramientas de control ciudadano para fiscalizar paso a paso la labor de los flamantes candidatos electos; si no tenemos la constancia (y la prudencia) de seguir de cerca el desempeño de los recién incorporados a la función pública; si no hacemos uso de nuestro derecho a exigir el cumplimiento de las medidas que nos prometieron, lo más probable es que los nuevos funcionarios (no importa de qué partido sean) acaben sometidos a la inercia del poder y del sistema.

El ejercicio de ese control no implica gran ciencia: puede realizarse, según el estamento que se pretenda controlar, a través de comisiones vecinales, organizaciones barriales o instancias civiles creadas específicamente para esos efectos e integradas por ciudadanos independientes, comprometidos únicamente con la noción de democracia participativa.

Si eso no sucede. Si después de las zacapelas verbales y físicas que mantuvimos durante el pasado periodo preelectoral volvemos a instalarnos en la conformidad del votante pasivo, del elector prescindente que tanto les gusta a los partidos, al gobierno y al Estado, la pasada elección sólo habrá sido, para nosotros los del llano, una pérdida de tiempo, energías y conciencias.