Si se actualizan los costos reales del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, será un mal negocio, advirtieron integrantes del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés).

En una conferencia de prensa dada hace unos días, la organización de impacto en Latinoamérica dio cuenta de las inconsistencias en los informes sobre el costo-beneficio del megaproyecto que entregó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dijeron que en términos reales ha incrementado su costo un 69%, que se ha acumulado en deuda pública y que está siendo pagada con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), que paga todo aquel que compra un boleto de avión.

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de SCT muestra la maqueta del NAICM. Foto: Especial.

Los resultados de su análisis se encuentran en la plataforma www.torredecontrol.org, la cual concentra la información de tres años de análisis de datos sobre el proyecto.

“Tiene sobrecostos, existe una crisis de financiamiento, la deuda se ve difícil de pagar con el esquema actual y si se actualizan los costos reales del proyecto, éste resultaría inviable”, aseguró Julieta Lamberti, coordinadora de investigación estratégica de PODER.

Al sobrecosto, se suma la devastación ecológica y conflictos de tierras alrededor del megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). PODER señaló que la inviabilidad financiera de la obra, condena a las próximas generaciones de mexicanos a la pago de la deuda, en la que sólo resultarían beneficiados cinco de los hombres más ricos del país.

Pobladores de Atenco se oponen al NAICM. Foto: Especial.

En la presentación de la página de internet que condensa los hallazgos de la organización no gubernamental durante los últimos tres años, los investigadores de PODER se hicieron acompañar de Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y Damián Camacho Guzmán, de la Plataforma Organizativa contra el Nuevo Aeropuerto.

Julieta Lamberti, quien es responsable de la investigación, resaltó que en 2014, el GACM informó que el costo de la construcción del NAIM sería de 169 mil millones de pesos, pero en este año la SHCP informó que serían 195 mil millones, por los ajustes inflacionarios. Sin embargo acotó que “ante la solicitud del nuevo gobierno al GACM para que informara sobre el costo de la obra, se informó que sería de 285 mil millones de pesos”.

La investigadora destacó que han descubierto que para solventar la construcción, se está contratando deuda para pagar otras deudas existentes y no existe claridad de a cuánto asciende la participación privada.

“El proyecto no soporta más endeudamiento, tiene financiamiento del 70% de lo que costaría la primera fase y faltan 88 millones de pesos, y las propuestas que está proponiendo el Grupo Aeroportuario para solventar esta crisis de financiamiento son vender los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y de la Ciudad Aeropuerto, endeudar más el proyecto con una nueva emisión de Fibra E (vender bonos de deuda en los mercados financieros) y empezar a cobrar TUA de interconexión, lo que encarecería el uso del aeropuerto y lo haría menos competitivo, además de que se pagaría directamente del bolsillo de quienes hacemos uso del aeropuerto, al comprar un billete de avión”, alertó.

Carlos Slim, impulsor del NAICM. Foto: Especial.

Por su parte, Eduard Martin-Borregón, director de datos, periodismo y tecnología de PODER, resaltó que hay opacidad en torno a los 563 contratos que hasta el momento se han adjudicado. Dijo que equivalen a 155 mil 732 millones, de los cuales “70% se otorgaron sin licitación, sin justificar por qué se otorgaron por adjudicación directa, son contratos por 4 millones, 5 millones o 30 millones que superan el importe permitido para la adjudicación directa”.

PODER mencionó el caso de Parsons Internacional, que obtuvo la gerencia general del proyecto “a pesar de estar acusada en Estados Unidos de deficiencias en el diseño y construcción de los proyectos”.

Expuso que 15% de los contratos representan el 78% de la inversión, y fueron entregados a consorcios de los que no saben quiénes son los propietarios. Lo que sí es claro, señaló, es que el 51% de la inversión, se destinó a cinco de los hombres más ricos de México: el mayor beneficiario Bernardo Quintana, con nueve contratos, equivalentes a 24.7 mil millones de pesos, para su empresa ICA, a la que “salvó el proyecto del Nuevo Aeropuerto”, porque “estaba en quiebra”.

Los otros beneficiarios de megaproyecto son Grupo Carso, de Carlos Slim; Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon; Constructora y Edificadora GIA+A de Hipólito Gerard Rivero, exsuegro de Carlos Salinas de Gortari, y Grupo Empresarial Ángeles, de Olegario Vázquez Raña.

Martin-Borregón señaló que el proyecto es tan opaco, que ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede rastrear el dinero que se ha invertido en la obra.

Marcha contra el NAICM. Foto: Cencos.

NAIM no va en Texcoco, advierten pobladores de Atenco

Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco reiteraron que no están dispuestos a permitir que se construya el NAICM en Texcoco, eso independientemente de los resultados de la consulta pública que se llevará a cabo para decidir en dónde construir el nuevo aeropuerto.

“Independientemente de lo que arroje la consulta nuestra lucha va a continuar, y vamos a seguir con argumentos válidos para poder tirar ese proyecto, independientemente de lo que resulte de la encuesta, la consulta, la lucha no termina con los resultados, va a continuar”, dijo Trinidad Ramírez, vocera del Frente.

En tanto, Damián Camacho, de la Plataforma Organizativa contra el Nuevo Aeropuerto, planteó que de no ser Texcoco la elección para el NAIM, se debe destinar fondos para la restauración ecológica de la zona afectada por los trabajos del proyecto que ya lleva 30 por ciento de avance.

“Ese debe ser un ejercicio de responsabilidad del nuevo gobierno. Nos preocuparía mucho que los recursos que se están solicitando al congreso para el siguiente ejercicio, se utilicen para un proyecto aeroportuario como Santa Lucía, cuando esos recursos deberían estar destinados a todo un proyecto de restauración y un proyecto de desarrollo alternativo en la cuenca del valle de México”, sostuvo.

El activista aseguró que debe existir un ejercicio del Estado en colaboración con las comunidades afectadas y con las universidades para crear un proyecto de rescate del medio ambiente.

Trinidad Ramírez recordó que hace 17 años, la Policía Federal entró a golpear a la población de San Salvador Atenco que se opuso a la expropiación de tierras agrícolas. Dijo que un episodio así ocurrió por la falta de acercamiento de las autoridades y no debe repetirse.