Durante el periodo en que Luis Videgaray y José Antonio Meade estuvieron al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidieron destinar 835 mil 477.8 millones de pesos a 374 fideicomisos, es decir 479 veces el presupuesto que en un año reciben para desarrollo social los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

No obstante, estas herramientas financieras están plagadas de irregularidades, debido a la poca transparencia que ofrecen y la “mínima” rendición de cuentas, por lo que es muy complicado rastrear los recursos y verificar su ejercicio. En pocas palabras, nadie sabe qué se hizo con el dinero y dónde quedó. 

De acuerdo con un reportaje de la periodista Daniela Barragán en SinEmbargo, luego de que el Centro de Análisis e Investigación Fundar, ingresará más de 2 mil solicitudes de información, se detectó que los datos sobre fideicomisos públicos se encuentran dispersos entre distintas entidades, están fragmentados, son inaccesibles y no cumplen con un formato de datos abiertos, mucho menos tienen un lenguaje ciudadano.

El problema reside en que el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos, es decir, 772 mil millones de pesos, no tiene un control de vigilancia. La única información a la que se puede acceder es a los montos generales de los ingresos y egresos, además que no hay cifras sobre los pagos realizados, los estados de cuenta o las contrataciones, mismas a las que sólo la SHCP y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen total acceso.

“Esto en sí mismo es inaceptable pues en un Estado democrático de derecho es condición básica que las políticas públicas, y por ende los recursos que se destinan para implementarlas, estén sujetos al escrutinio público. Más aún en el marco de un gobierno que, dentro y fuera de sus fronteras se jacta de ser abierto y transparente”, señala el estudio de Fundar, titulado “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”.

Los fideicomisos sirven para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas, como serían la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores, la prevención, la atención de desastres naturales o la estabilidad financiera.

José Antonio Meade y Luis Videgaray. Foto: Especial

Lamentablemente, los recursos públicos que se ejercen a través de los fideicomisos son usados de manera discrecional, con poca transparencia y rendición de cuentas, lo que favorece que sean utilizadas para el desvío de recursos.

Además, la participación de estancias privadas también complica la supervisión y el manejo del dinero, pues éstas tienen el derecho de realizar gastos que no son considerados como parte del gasto público. Éstas controlan 68 mil millones de pesos de los fideicomisos, siendo Santander el banco que más dinero controla (34 mmdp), seguido por Banorte (18 mmdp), BBVA Bancomer (7 mmdp) y Banamex (3 mmdp).

El portal de noticias en línea SinEmbargo consultó a un grupo de especialistas sobre el tema, quienes coincidieron en que la siguiente administración debería empezar a obligar que quienes administran los fideicomisos cumplan con los lineamientos ya establecidos en la Ley de Transparencia para que se pueda establecer una radiografía con todos los movimientos que se hagan y así determinar si el mecanismo funciona para lo que fue creado.

Gráfico: Fundar. Tomado de SinEmbargo

Según Liliana Ruiz Ortega, investigadora de Gasto y Rendición de Cuentas en México Evalúa, es de preocupar que haya más de 300 fideicomisos sin estructura, frente a 19 que sí la tienen. Esos 300 no tienen un ordenamiento orgánico que se asimile a alguna entidad o dependencias de la administración pública federal, tampoco tienen un órgano de control interno que revise que las instancias cumplan con sus objetivos y evite las irregularidades en el gasto o los malos manejos.

La Secretaría de Hacienda es quien autoriza que estos fideicomisos sean creados, por lo que nadie más revisa si es pertinente el objetivo o no. Según indica la ley, la creación de fideicomisos es válida si se generan para procurar algún interés nacional, pero según indica Ruiz, este concepto es muy amplio y cualquier cosa puede definirse como “interés”.

“Nadie revisa. La ASF se mete después, cuando ya se ejercieron los recursos, pero no revisan todos y tampoco está involucrada en dar una opinión ante la creación de un fideicomiso. Primero se debe justificar muy atinada y adecuadamente de por qué se recurre a esa figura, y actualmente es lo que no encontramos”, comentó en entrevista.

Por su parte, Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, debe tomarse en cuenta que en los marcos normativos de transparencia y rendición de cuentas hay disposiciones para garantizar que los fideicomisos sean abiertos y tengan al menos la información básica disponible.

Indicó que es preocupante la gran cantidad de inversión que se hace a los fideicomisos, cada vez en aumento, sin que quede claro en qué se gasta, siendo que esos recursos son un detonador de crecimiento y productividad en un contexto en el que hay una descomposición en la manera en la que se gasta.

Actualmente se tienen seis principales fideicomisos:

  • Estabilización financiera: 318 mil millones
  • Apoyos financieros y otros: 134 mil millones
  • Infraestructura pública: 130 mil millones
  • Pensiones: 89 mil millones
  • Subsidios y apoyos: 69 mil millones
  • Prestaciones laborales: 28 mil millones

También señaló que uno de los primeros retos es analizar cuántos fideicomisos se tienen actualmente, cuáles funcionan, cuál es su objetivo y si los recursos deben seguir destinándose a esos fideicomisos, si deben seguir operando o si se deben extinguir. “Primero revisar su pertinencia y a la par, establecer mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que actualmente no tienen”, agregó.