La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es nuevamente investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por un supuesto desvío de fondos mediante convenios con universidades públicas, por más de 100 millones de pesos.

Este lunes, Animal Político informó que en 2015 -cuando Rosario Robles aún era titular de la dependencia- la Sedesol firmó dos contratos con la Universidad Autónoma de Zacatecas, con el supuesto objetivo de fortalecer los padrones de beneficiarios de programas sociales.

A través de estos convenios la Sedesol pagó 222 millones 720 mil pesos a la Universidad, que a su vez subcontrató a dos proveedores privados por adjudicación directa, es decir, sin realizar la debida licitación, y sin asegurarse de que fueran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

No obstante, según las irregularidades identificadas en la auditoría financiera 277-DS, relacionada con la Cuenta Pública 2015, la Universidad no transfirió los 222 millones 720 mil pesos a las empresas que realizaron los servicios, sino una cantidad menor.

En el caso del convenio por el que Sedesol pagó 52 millones 200 mil pesos a la universidad, dicha institución pagó al proveedor subcontratado únicamente 25 millones 578 mil pesos; por su parte, en el convenio por el que la Universidad recibió 170 millones, pero únicamente se entregaron al proveedor 90 millones 911 mil pesos.

Esto quiere decir que, en total, la universidad gastó solamente 116 millones 489 mil pesos de la cantidad total recibida, lo que dejaría más de 160 millones de pesos en el aire.

Por este motivo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la denuncia penal ante la PGR, para que se investigue a fondo el destino del dinero y se proceda en contra de los servidores o ex servidores públicos que resulten responsables.

Con este nuevo caso, suman 18 las averiguaciones previas y carpetas de investigación que la PGR inicia por presuntos fraudes y desvíos realizados con la misma modalidad por parte de dependencias federales.

Mismo método que en “La Estafa Maestra”

Nuevamente la ASF documentó el método que utiliza el gobierno federal, a través de secretarías, universidades públicas y empresas privadas con el que desvía miles de millones de pesos.

De acuerdo con la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político, dada a conocer bajo el nombre de “La Estafa Maestra”, 11 distintas dependencias del gobierno federal habían participado en el desvío de 3 mil 433 millones de pesos mediante empresas fantasma.

Según Animal Político, hasta hoy, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a 11 funcionarios públicos de los 110 identificados, pero no se ha procedido penalmente en contra de ningún funcionario responsable.

Además, en febrero pasado, el diario Reforma dio a conocer que durante la gestión de Rosario Robles como titular de Sedesol, de diciembre de 2012 a agosto de 2015, y durante su actual puesto al frente de Sedatu, fueron transferidos 1,311 millones de pesos a Monex y CI Banco, y de ahí, fueron dispersados a cuentas de distintos países.

Robles alegó que la acusación era falsa y pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como a la SFP, que investigaran sus cuentas bancarias y su evolución patrimonial.

Posteriormente declaró que la Ley de Adquisiciones permite a las dependencias contratar a terceros y que, si existían irregularidades, ella era la primera en pedir que fueran castigados los culpables una vez que fueran investigados.

No obstante, la investigación pareciera estar detenida, por lo que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad interpuso una denuncia ante la PGR en contra de los funcionarios de la Sedatu, Sedesol, la Universidad Autónoma del Estado de México, así como de las diversas empresas fantasmas que resulten responsables del desvío de recursos.

En enero pasado, tres denuncias se derivaron de la auditoría 277-DSS por convenios entre Sedesol y dos universidades públicas del Estado de México, así como la Universidad Politécnica de Chiapas. En ellos también se registraron múltiples irregularidades, y fueron firmados y pagados tanto en la gestión de Rosario Robles como en la de Jose Antonio Meade.