El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en la Ley de Austeridad Republicana, que está en el Congreso, se contempla impedir a los ex funcionarios públicos emplearse en empresas privadas que tengan actividades relacionas con el cargo que ocuparon en el gobierno.
Ayer, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, mencionó a varios ex funcionarios de la paraestatal que, nada más concluir su gestión como funcionarios, ocuparon cargos de gestión en empresas energéticas o fueron parte de los “consejos consultivos” de las mismas.
Definió a estos ex funcionarios como “chapulines fifís“:
Los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan, chapulines fifís, brincan, chapulines conservadores, a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían, como lo vimos ayer en el caso del sector energético”.
También el Presidente afirmó que estos “chapulines fifís” no solamente están en la CFE:
“[hay] secretarios de energía que se van de consejeros a trabajar a las empresas particulares, pero así [también] está Pemex, y así están otras dependencias.
Ante las reacciones de exfuncionarios públicos, quienes han asegurado (como fue el caso de Felipe Calderón) que no hay impedimento legal ni ético para que puedan laborar en empresas privadas relacionadas con el cargo que ocuparon, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esas prácticas fueron tan comunes que hasta se normalizaron:
Se llegó a una situación de enajenación, donde se ve normal. O hay excusas, de que si no tienen los servidores públicos posibilidad de trabajar, ¿de qué van a vivir? Hay otras empresas, hay otras actividades. Algunos de ellos tienen maestrías, doctorados, hasta en universidades del extranjero pueden ser maestros, pueden tener forma de seguir trabajando.
Indicó que los funcionarios que están laborando en empresas privadas después de haber ocupado cargos relacionados en distintas administraciones públicas “se pasaron”, y que lo que se pretende con la Ley de Austeridad Republicana que envió al Congreso de la Unión es que no vuelva a pasar. Por ello, en la reglamentación se indica que, durante diez años después de salir del cargo, ningún funcionario podrá emplearse en empresas relacionadas con la función que cumplió en la administración pública.
El mandatario mencionó que el objetivo es impedir delitos futuros:
Ayer me gustó que se retomó una frase de mi discurso del día 1 de diciembre, acerca de que hay que castigar los errores del pasado, pero lo más importante es prevenir los delitos del futuro. Es el sentido más importante de la justicia, que es lo que se está haciendo.
