Morena inició un procedimiento para suspender los derechos partidarios de la presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, luego de que la Fiscalía estatal la señalara por su presunta participación en la simulación de un secuestro, caso que también involucra a familiares y colaboradores cercanos.
La medida fue impulsada por la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel y aprobada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) como una acción cautelar mientras se desarrolla la investigación y se determina la resolución definitiva.
A través de un comunicado, Morena aseguró que el partido actuará con firmeza ante cualquier conducta que pueda contravenir los principios éticos del movimiento.
“En Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro movimiento. Nuestro compromiso es con la legalidad, la ética pública y la confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en este proyecto de transformación”, señaló el instituto político.
Y es que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ejerció acción penal contra seis personas por el delito de simulación de secuestro, entre ellas la propia alcaldesa cercana al senador morenista Higinio Martínez.
De acuerdo con las investigaciones, la denuncia presentada por Nápoles Pacheco el pasado 1 de junio, en la que aseguró haber sido privada de la libertad y que sus captores exigían un rescate millonario, habría sido parte de una presunta simulación.
Según la indagatoria ministerial, el supuesto secuestro habría tenido como finalidad justificar la obtención de recursos públicos por hasta 40 millones de pesos, dinero que presuntamente sería utilizado para cubrir un faltante en las finanzas municipales.
Entre las personas señaladas también se encuentran el esposo y el cuñado de la alcaldesa, así como otros particulares presuntamente involucrados en los hechos.
La apertura del procedimiento disciplinario fue presentada por Morena como una muestra de que el partido no encubrirá posibles actos irregulares de sus militantes o funcionarios y que las investigaciones deberán seguir su curso conforme a derecho.
La CNHJ deberá analizar el expediente y emitir una resolución definitiva sobre la situación partidaria de la alcaldesa, mientras las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones correspondientes.
