La dirigencia de Morena Nuevo León presentó ante el Congreso de Nuevo León una solicitud formal de juicio político contra el gobernador Samuel García, por presuntos actos de corrupción y esquemas de triangulación de recursos públicos.
La petición fue promovida por la dirigente estatal, Anabel Alcocer, junto con René González y otros integrantes del movimiento, quienes solicitaron que el Poder Legislativo local investigue las acusaciones y determine si existen responsabilidades del emecista.
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La solicitud también fue respaldada por diversas figuras de Morena, entre ellas Alejandro Murat, Andrés Mijes, Clara Luz Flores, Judith Díaz y Tatiana Clouthier, quienes acompañaron la entrega formal del documento ante el Congreso estatal.
La solicitud, aseguran, se basa en información pública, investigaciones periodísticas y diversos elementos que apuntan a un presunto esquema mediante el cual empresas contratistas del gobierno de Nuevo León habrían recibido recursos públicos para posteriormente transferir cantidades millonarias a despachos jurídicos vinculados con el mandatario estatal.
Morena sostiene que la gravedad de los señalamientos radica en que los recursos involucrados pertenecen al pueblo y debieron destinarse a áreas como salud, educación, seguridad, movilidad, infraestructura y programas sociales.
Cabe aclarar que la solicitud de juicio político no representa una condena anticipada contra Samuel García, sino la activación de los mecanismos constitucionales de rendición de cuentas cuando existen indicios de posibles irregularidades en el ejercicio del servicio público.
Además, Morena recordó que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que parte de los recursos presuntamente involucrados podrían tener origen federal, por lo que las autoridades federales deberán determinar si existen conductas constitutivas del delito de peculado u otras faltas relacionadas con el manejo de recursos públicos.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos y las instituciones tienen la obligación de actuar cuando existen indicios de posibles actos de corrupción. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al Estado de Derecho deben prevalecer por encima de cualquier interés particular”, expresó Anabel Alcocer.
Finalmente, el partido guinda hizo un llamado al Congreso de Nuevo León para analizar el caso con independencia, objetividad y apego a la ley, revisando los hechos, pruebas e informes que resulten necesarios para determinar si existen responsabilidades por parte del gobernador emanado de MC.
