La bancada de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales para echar atrás cualquier proceso que busque la privatización del servicio de agua potable.

Según la iniciativa de los senadores de Morena, este tipo de reglamentación es regresiva y atenta contra el derecho humano al agua, por lo que debe ser cortado de raíz. Para ello, proponen “dejar claras las bases para una gestión pública del agua, que impida los procesos de privatización”.

 

El documento está a cargo del presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, y será presentado en el transcurso de la sesión de este jueves.

Entre las consideraciones que se quieren tomar en cuenta están:

  • Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir investigaciones independientes de todo tipo para monitorear su calidad y proponer medidas para su uso sustentable. El Estado garantizará este derecho.
  • La autoridad y administración de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes es responsabilidad del Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o por medio de una “Comisión”.
  • Serán públicos los financiamientos, las construcciones, operaciones y mantenimientos a la infraestructura hidráulica.
  • También será pública y sin fines de lucro la gestión del agua.
  • Se prohibe la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y al prestación de los servicios asociados a ésta.
  • No serán otorgadas concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta.
  • Se prohibe que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable.

Los senadores de Morena recordaron que en 2015, la mayoría, de extracción priísta, intentó aprobar una Ley General de Aguas que buscaba ampliar los procesos de privatización, omitiendo totalmente el derecho al saneamiento y permitiendo la contaminación de ríos con químicos, siempre y cuando no se rebasara la “capacidad de asimilación”.

Además, limitaba el monitoreo social o académico para conocer los niveles de determinados compuestos en el agua.