Moreira otra vez en la mira de la justicia española por lavado de dinero

Dos años después de su archivo provisional, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reabrió la investigación contra Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de Los Zetas. La llama que ha encendido la reapertura de la investigación es el testimonio de dos testigos en San Antonio (EE. UU.) que implican a Moreira en un supuesto blanqueo con sus empresas, según señalan fuentes judiciales.

Hace dos años, el magistrado decidió cerrar precautoriamente la investigación contra Moreira –en oposición al criterio de la Fiscalía– debido a que no encontró indicios de que el político mexicano blanqueara dinero en España procedente del narcotráfico y la corrupción que campea en México. La decisión fue ratificada por la Sala de lo Penal de la Audiencia.

 

 

Sin embargo, los fiscales anticorrupción José Grinda y José Rosa continuaron con la investigación porque aducen que en ella hay más implicados, y recientemente recabaron el testimonio de dos personas residentes en Texas, Estados Unidos que ofrecieron nuevos elementos sobre las presuntas actividades de blanqueo de Moreira, y su presunta relación con Los Zetas, el sanguinario cártel que opera en los estados limítrofes con el Golfo de México.

Humberto Moreira fue detenido el 15 de enero de 2016, al arribar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedente de México. Entró en forma preventiva a la prisión de Soto del Real, donde permaneció una semana. Tras su detención, el Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel, de acuerdo a una investigación del diario EL PAÍS.

Según ese rotativo, Arely Gómez González, la entonces Procuradora General de la República y exsenadora del PRI telefoneó a su homóloga española Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, para interesarse por el caso y conocer la opinión de los fiscales españoles, pero ésta declinó otorgarle información.

El juez Pedraz decidió ponerlo en libertad y archivar cautelarmente la causa, por considerar que la defensa de Moreira justificó la procedencia de 200 mil euros que se le atribuye haber blanqueado en España, bajo el argumento que eran recursos obtenidos de sus retribuciones en México.

En ese fallo decía que la justicia española no era competente para investigar posibles delitos cometidos en México y los Estados Unidos, ni veía base alguna para apreciar que Moreira perteneciese a una organización criminal, ya que el informe se basaba exclusivamente en información de los fiscales estadunidenses.

Fue el viernes pasado cuando los fiscales Grinda y Rosa pidieron al juez que reabriera la causa para poder tomar declaración vía comisión rogatoria a estos dos testigos.

Aunque el juez aceptó reabrir la causa para interrogar a los dos testigos, no hay fecha para ello porque se tienen que emitir las comisiones rogatorias a Estados Unidos y México, en este último caso, para obtener información sobre la creación de unas empresas en las que presumiblemente se trianguló el dinero investigado.

Incluso, antes de archivar cautelarmente el caso, el juez Pedraz viajó dos veces a Texas para recabar información sobre Moreira de las autoridades estadounidenses.

Desde entonces se ha señalado los presuntos vínculos del expresidente del PRI con el cártel de Los Zetas, y con los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, empresarios de medios de comunicación, a quienes se les enjuició en Texas por manejar recursos desviado del erario público y dinero negro.

Antes de ser detenido, Moreira se había establecido en Barcelona donde vivía junto a su mujer y dos hijas. Se había matriculado en un máster en la Universidad Autónoma y residía en un chalé de lujo por el que pagaba 3.000 euros al mes. Tras su detención y posterior puesta en libertad regresó a México acompañado de su familia. Llegó a Madrid, poco después del asesinato de su hijo mayor, José Eduardo Moreira Rodríguez, a manos del cártel de Los Zetas.

Moreira culpó a ese grupo criminal por el abatimiento del sobrino del Z-40.

“Me dieron la información de que se debe a una venganza. Al medio día matan al sobrino del Z-40 y se da la orden de que maten al sobrino del gobernador, buscan al mismo tiempo a un hijo de una hermana mía, y al mismo tiempo buscan a mi hijo, a quien matan”, dijo en aquel entonces al conductor de noticias Joaquín López Dóriga.

Los antecedentes

El exmandatario, quien es hermano del actual titular del ejecutivo estatal Rubén Moreira, ha enfrentado diversos casos por los que ha sido sujeto a investigación.

1. Deuda millonaria en Coahuila

Humberto Moreira asumió en 2005 como gobernador de Coahuila, y en enero de 2011 dejó el cargo para dirigir el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dejó la presidencia tras los escándalos de una enorme deuda en la entidad coahuilense; en 2005, ascendía a 323 millones de pesos, y en agosto de 2010, la cifra llegó hasta los 34,000 millones, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La Auditoría Superior de Coahuila indicó que, desde 2008, la administración de Moreira adquirió créditos, en algunos casos de manera irregular y no los reportó a la instancia revisora.

2. Documentos falsos y detención de funcionarios

El procurador de Justicia del Estado, Norberto Ontiveros Leza, señaló en entrevista a El Siglo de Coahuila que en las investigaciones sí se acreditó la contratación ilegal de deuda a través de decretos irregulares. Parte del endeudamiento de Coahuila fue contratado con documentos falsos durante el gobierno de Moreira, de acuerdo con las indagatorias de autoridades federales, por lo que en 2012 se emitieron órdenes de captura contra cinco exfuncionarios, pero ninguna contra Humberto Moreira.

3. Acusaciones de lavado de dinero en EU

En noviembre de 2013, se acusó en una corte de Texas, en Estados Unidos, a dos exfuncionarios vinculados con el gobierno de Moreira en Coahuila por los delitos de fraude, robo y transferencia ilegal de fondos: a Héctor Javier Villarreal, quien era secretario de Finanzas durante su administración, y a Jorge Torres, quien quedó como gobernador interino cuando Moreira pidió licencia para dirigir al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2005.

En junio de 2015, un documento de la corte estadounidense para el Distrito Oeste de Texas, vinculó a exfuncionarios y a Moreira con la toma de recursos públicos del erario estatal (unos 25 millones de pesos) para comprar empresas de medios de comunicación entre 2006 y 2009. Sin embargo, Moreira se deslindó.

En enero de este año, Jorge Torres, quien sustituyó a Humberto Moreira en el cargo, apareció en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) por el delito de conspiración, sin embargo, ahora ya no está en la lista.

El pasado 27 de julio pasado, un grupo de senadores panistas interpusieron una nueva denuncia por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.

Acción Nacional informó mediante un comunicado que la denuncia, presentada por el senador Luis Fernando Salazar, es contra Moreira y quienes resulten responsables por el “desfalco” a Coahuila durante el periodo 2005-2011.

“Las autoridades de nuestro país siguen queriendo ser cómplices y omisas en investigar y en sancionar a quienes, de la noche a la mañana, endeudaron a Coahuila con 36 mil millones de pesos”, dijo Salazar tras presentar la denuncia.