Por: Redacción (@revistapolemon)

13 de julio 2018.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, dijo que las remuneraciones y beneficios que reciben los integrantes del Poder Judicial no son un beneficio personal ni un privilegio, sino que son necesarios para poder otorgar resoluciones independientes y sin presiones.

Este jueves, en la ceremonia de conmemoración del Día del Abogado realizada en Los Pinos, el juez advirtió que la independencia del sector no depende únicamente de su recto actuar, sino de las condiciones favorables que lo permitan, como la seguridad, las remuneraciones y las condiciones de retiro razonables y dignas.

Estos elementos, indicó, son los que permiten que un juzgador pueda analizar sus resoluciones sin presiones internas o externas que “doblen la vara de la justicia”.

“Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son un beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos (…) son condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y a contribuir en una sociedad más justa”, expresó.

Además hizo énfasis en que tener jueces independientes y confiables ayuda a que la democracia sea real y efectiva, y el Estado de Derecho deje de ser una utopía.

Las declaraciones del presidente de la SCJN se dan luego de que el nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador haya insistido en una de sus más fuertes propuestas: la de la austeridad.

Para poder ponerla en marcha, el virtual ganador de la elección presidencial anunció que bajará su suelo y el de algunos altos funcionarios, pues según ha dicho, se derrochan miles de millones de pesos en nóminas infladas.

Los ministros mexicanos llegan a percibir hasta 4.5 millones de pesos al año, sin contemplar el resto de los beneficios con los que cuentan, entre los que destacan viajes, despensas, viáticos, prestaciones especiales y otros estímulos.

El sueldo de algunos magistrados en nuestro país supera incluso el del presidente, pues Enrique Peña Nieto ganó, en 2017, 3.4 millones de pesos, lo que significa 1.1 millones menos que los jueces.

La propuesta de López Obrador para reducir estos salarios fue lanzada desde el año pasado, cuando calificó de “muy cínicos” los sueldos percibidos no sólo en la SCJN, sino también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Los ministros de la Corte están ganando alrededor de 600 mil pesos mensuales, es un insulto. Pero dicen ellos que no se pueden bajar el sueldo porque sería inconstitucional, porque la Constitución no permite la reducción de salarios (…) Deben ganar cuando mucho la mitad de lo que reciben actualmente, porque el pueblo está muy pobre, muy necesitado, en ningún tiempo se justifica, menos en las épocas de crisis, que haya esos sueldos tan elevados, ostentosos”, declaró el tabasqueño.

Ayer, López Obrador reiteró en una reunión que tuvo con los legisladores electos el pasado 1 de julio, que una de las reformas que hará llegar al Congreso al tomar el cargo será una ley reglamentaria que impida que algún funcionario gane más que el Presidente de la República.

Ante este pronóstico, algunos magistrados han manifestado su descontento, como Eduardo Medina Mora, ex jefe del Cisen y ex embajador en Estados Unidos en los gobiernos panistas, quien adelantó que podría encabezar posibles huelgas judiciales y demandas para evitar que su salario -de 12,500 pesos diarios- se vea afectado.

Por otra parte, Grupo Reforma reveló que la ex ministra y próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con algunos jueves de la Ciudad de México el pasado viernes, para indicarles que la primera garantía será destinar a dichos poderes un porcentaje del presupuesto de egresos de cada una de las entidades.

Así, explicó Sánchez Cordero, los poderes judiciales no tendrán que cabildear ni “litigar” sus recursos cada año con Gobernadores o congresos. También mencionó la inamovilidad de jueves y magistrados para evitar que impartidores de justicia sean destituidos por no resolver a partir de voluntades o intereses de un Gobernador o un Congreso.