MegaCárcel de Xóchitl es una farsa; cárceles están al 66% de su capacidad

Xóchitl Gálvez Ruíz, candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, compuesta por el PRI, PAN y PRD, propuso la creación de una “mega cárcel” como una de sus soluciones a la inseguridad que se vive en algunas regiones del país, sin embargo, según los datos existentes, esta propuesta sirve de poco y nada.

Desde el inicio de su precampaña la inseguridad ha sido el punto central de los ataques y “propuestas” de la derecha conservadora del país. Es por eso, que puede llegar a sorprender la vaguedad y simplismo con el que la candidata del PRI, PAN y PRD presenta propuestas para combatirla.

Xóchitl Gálvez. Foto: Especial.

A diferencia de lo hecho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que busca continuar la candidata de Morena Claudia Sheinbaum, que es el combate a las causas de la inseguridad, Gálvez Ruíz ha coqueteado con la posibilidad de regresar a la política de Felipe Calderón y Genaro García Luna, hoy preso por sus nexos con el Cártel de Sinaloa, es decir, la “Guerra contra el narcotráfico”. Si bien, la candidata de la derecha no lo ha propuesto de forma directa, si ha dicho que puede rescatar los “puntos buenos” de dicha política que desató la violencia en el país.

Hace poco más de una semana, Xóchitl Gálvez presentó lo que son sus propuestas para combatir la inseguridad en el país. Entre estas, destacó la construcción de una “mega cárcel” para “combatir el hacinamiento” en las prisiones federales.

“Mi propuesta de construir una cárcel de alta seguridad, busca disminuir el hacinamiento. Necesitamos mayor coordinación del Sistema Penal y una renovación total del Sistema Penitenciario; se requiere readaptación de los internos, no que las cárceles sigan siendo escuelas de los delincuentes”, dijo Xóchitl Gálvez.

Además de la inevitable analogía al bukelismo, es decir, la política represiva y violentadora de derechos humanos impulsada por el presidente reelecto de El Salvador, Nayib Bukele, el supuesto hacinamiento o “sobrepoblación” en las cárceles mexicanas no es un factor tan importante.

De acuerdo con Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, los 15 Centros Penitenciarios Federales (CPF) cuentan con una tasa de ocupación de 66.5%. Es decir las prisiones federales se encuentran por debajo de su población límite. En datos concretos, los CPF tienen capacidad para albergar a 28 mil 520 personas privadas de la libertad, lo que significa que en las 15 prisiones federales todavía se cuenta con alrededor de 9 mil 555 camas disponibles.

Un ejemplo sería El Cefereso 1 Altipano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y que es considerada la cárcel de máxima seguridad del país. Este CPF cuenta con una capacidad para 844 personas privadas de la libertad, hasta julio pasado, mantenía una ocupación de 518 internos, por lo que tenía 38.63% de espacios disponibles.

De hecho, según mencionó el académico del CIDE, Carlos A. Pérez Ricart, para SinEmbargo, “Parte de la responsabilidad de que las cárceles federales operen muy por debajo de su capacidad está en la edificación de prisiones concesionadas durante el Gobierno de Felipe Calderón. En ese sexenio se construyeron ocho cárceles bajo el esquema de “Asociación Pública Privada”. Su operación cuesta al erario hasta mil quinientos pesos diarios por recluso“. Fueron un “negociazo” remató Pérez Ricart.

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Asimismo, el experto en temas relacionados a la seguridad, opinó que en todo caso las propuestas relacionadas al sistema carcelario debería de tener como objetivo “rehabilitar las casi 250 cárceles estatales que, en muchos casos, están fuera del control de las autoridades”.

“La propuesta de construir tres “mega cárceles” puede tener sentido electoral, pero no técnico”, remató Pérez Ricart.

Y es que es el sistema penitenciario de los estados el que si tiene una sobrepoblación de personas privadas de la libertad. El sistema de cárceles estatales consta de 248 prisiones, de las cuales 21 se encuentran en el Estado de México. Este estado es precisamente el que más rebasado tiene su capacidad pues cuenta con el 242% de ocupación.

Sumado a los datos anteriores, es preciso anotar que 4 de cada 10 personas privadas de su libertad en el país, el 39%, se encuentra en prisión sin haber tenido sentencia alguna. De este total de reclusos sin sentencia, la mitad están en el estatus jurídico de prisión preventiva oficiosa, sólo un 23.9% está en prisión preventiva justificada. El resto se encuentra en algún otro estatus jurídico o no está especificado.

Por ello, es necesario apostar también, por una reforma que construya un sistema judicial más expedito y que garantice los derechos humanos y la resolución de los casos de las personas privadas de la libertad. En cuanto a las propuestas de Xóchitl Gálvez, parece que aunque se trate del punto central de su campaña, se quedan cortas y no llegan al fondo del asunto.