En el Poder Judicial de la Federación (PJF), más de la mitad de los jueces y los magistrados federales tienen al menos un familiar laborando ahí, según reveló un informe titulado “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación” hecho por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Ahí mismo se denuncia que, 25 años después de la creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aún se mantienen las redes familiares y prevalecen las carreras judiciales incompletas y la falta de carreras administrativas.

Dicho documento se elaboró tomando como referencia el “Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares”, hecho por el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego, con datos de 2015 y 2016, en el que se contabilizó que de mil 31 juzgadores, 51 por ciento tenía al menos un familiar en el PJF, mientras que de los 27 mil servidores públicos de la institución que no son jueces, 3 mil 942, es decir 15 por ciento, tienen familiares dentro.

De los mil 107 familiares de los jueces que trabajan dentro del PJF, el 68 por ciento tiene relaciones de consanguinidad. De ellos, 49 por ciento son padres, madres o hijos, mientras que 32 por ciento son familiares por afinidad, de los que 68 por ciento son cónyugues.

Según explicó el autor del estudio, Julio Ríos Figueroa, el puesto más ocupado por los familiares es el de “oficial administrativo”, una plaza que no requiere concurso y donde hay mayor discrecionalidad de los jueces.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, indicó que la asignación de puestos de trabajo por relaciones familiares y no por mérito, puede afectar la independencia de las sentencias y provocar que sean emitidas por decisiones arbitrarias, intereses personales, intuiciones o tomando en cuenta estrategias políticas.

“Si tú no tienes personas que por su mérito hayan logrado ocupar el nivel que les corresponde en el escalafón judicial, lo que vas a tener son decisiones meramente políticas, decisiones de presuntos juzgadores que, en realidad, al desconocer las complejidades de su labor, los rigores metodológicos del trabajo de juzgar y el marco normativo con el que operan, van a optar por tomar decisiones arbitrarias”, dijo.

Además, una encuesta del World Justice Project complementa al estudio, señalando que 68 por ciento de encuestados en México tiene la percepción de que tener familiares dentro del Poder Judicial es un factor decisivo para ser contratado o ascendido.

Estados como Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí y Guanajuato son aquellos donde más del 63 por ciento de los titulares de juzgados y tribunales tienen al menos un familiar en la nómina. Nayarit, Tabasco, Colima, Oaxaca y Guerrero son las entidades donde son menos “solidarios” con la familia.

De hecho, en Jalisco es donde hay más casos así, pues hay 136 familiares de 55 jueces y  magistrados, es decir, 77 por ciento de los juzgadores federales adscritos al circuito de esa entidad.

En el estudio también se menciona el caso de un juez del distrito vigésimo quinto en Durango, que tiene 17 familiares dentro del PJF de ese estado.

También hace mención de cómo, a pesar de que los cargos de juez por distrito y magistrado por circuito son otorgados por concurso, existen “graves problemas” para una selección transparente.

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Entre 1995 y 2016, el 87 por ciento de los concursos fueron convocatorias cerradas en las que sólo podían inscribirse personas que pertenecieran al PJF, por lo que se excluía a profesores, académicos o abogados litigantes.

En el PJF hay más de 50 puestos de trabajo distintos, que pueden ir desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta jueces de distrito y tribunales unitarios y, de éstos, sólo 11 participan en el procesamiento de casos y sentencias. De esos 11, sólo cinco son parte de la carrera judicial.

Por otra parte, de los cinco puestos que conforman la carrera judicial, sólo dos -de juez magistrado y de distrito- se obtienen por concurso de oposición y exámenes estrictos, mientras que los otros tres se consiguen “esencialmente a discreción de jueces y magistrados”, lo que, según la investigación, incentiva la creación de redes familiares que en el 47 por ciento cubren plazas sin filtros meritocráticos.