Los Autónomos, una invención del PRIAN para proteger al neoliberalismo

La austeridad republicana que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para recortar gastos suntuosos y sueldos excesivos de servidores públicos mediante la eliminación de algunos Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) ha causado escozor y resistencia entre la oposición y comentaristas de medios de comunicación afines a los gobiernos neoliberales.

Al más puro estilo del periodismo sensacionalista han construido una narrativa a través de la utilización de palabras que buscan alarmar a la población como: ataques, liquidar, desaparición, demolición, entre otras más, haciéndole creer que la desaparición de los OCA es un retroceso de la vida democrática del país y un intento del mandatario por acaparar el control de todas las instituciones.

Pero no todos comparten esa visión catastrófica que pulula en el espectro de la radio y televisión. En la academia hay críticos que fundamentan lo costoso que está resultando para el país el sostenimiento de los OCA, al margen de su utilidad pública, pues muchos de ellos se convirtieron en una extensión más del aparato burocrático y perdieron su vocación social tras demostrarse que han dilapidado sus recursos en salarios exorbitantes y prestaciones de lujo.

AMLO recortó gastos suntuosos y sueldos excesivos de servidores públicos mediante la eliminación de algunos Organismos Constitucionales Autónomos

AMLO anuncia recorte de excesos

En enero del 2021, el propio López Obrador comentó que sus antecesores destinaban 500 mil millones de pesos anuales para sostener la operación de al menos doscientos OCA, por lo que comenzaría a hacer un recorte de las instituciones que fueron creadas en anteriores sexenios y posteriormente se haría la revisión de las que no necesitan una reforma legal.

“Nosotros tenemos que ajustar nuestras estructuras administrativas a la nueva realidad, no le puede costar tanto al pueblo mantener al gobierno”, dijo en aquella ocasión.

La iniciativa del mandatario no fue bien vista por los diputados de oposición, PRI, PAN y PRD que actualmente conforman la coalición Va por México que lidera el empresario Claudio X. González, además de Movimiento Ciudadano, un partido que incluye a personajes de corte fascista como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, o muy frívolos como Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Los OCA surgieron a principios de los 90 durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, y se consolidaron en el sexenio de su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León. En esa década nacieron el Instituto Federal Electoral (actualmente el INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Banco de México (Banxico). Su creación continuó en los años siguientes hasta la actualidad en que se contabilizan más de 200.

Los OCA surgieron a principios de los 90 durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari

Y aunque desde los medios de comunicación, partidos de oposición y sector empresarial existen críticas un tanto apocalípticas a la propuesta de AMLO para desaparecer los OCA, al interior de la academia el debate respecto a la vocación y utilidad de los organismos autónomos es más amplio y consistente, comenzando por su definición jurídica.

El Dr. Isaac de Paz González, Profesor – Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) señala que se trata de un concepto relativo e inacabado, al margen de que tampoco hubo consenso social en su creación y mucho menos en su integración.

“La mayoría de los que critican son gente de la UNAM y los han venido criticando desde hace como diez, quince años, pero claro, ahora el presidente los critica y ahora todo mundo ¡ay! Se queja de que el presidente ataca la autonomía y hay artículos de investigación mucho más críticos, más incisivos en la falta de vocación social de estos órganos”, comenta.

Banxico, CNDH y el IFE hoy INE, Organismos Autónomos que surgieron con Zedillo

Uno de los atractivos de los OCA es que tendrían autonomía plena para fiscalizar y hacer un contrapeso a las decisiones de los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, sin embargo, el académico señala que esa autonomía tiene “rasgos de categoría sospechosa”, pues el nombramiento de sus integrantes es acordado desde las cúpulas de poder y quienes llegan ahí responden a cuotas de partido o son incondicionales de algún liderazgo político, pero no provienen de la llamada “sociedad civil”.

De Paz González se refiere a ellos como “el poder entre la periferia de la política y el derecho”.

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Los autónomos que cuestan millones a los mexicanos

“Responden a intereses tecnocráticos, es decir, hubo esa corriente tecnocrática que hizo creerle a la sociedad e incluso dentro de las teorías democráticas, que repartiendo funciones estatales en organismos o entes técnicos era una muy buena forma de ciudadanizar el poder. Como idea no es mala, pero resulta que son órganos totalmente dependientes de los entes políticos en turno, de los Congresos, de las Cámaras y del Poder Ejecutivo y de los partidos por supuesto. Entonces no son autónomos, nunca lo han sido, eso es una falacia”, comenta en entrevista exclusiva con Polemón.

Resalta que, para la elección de los integrantes de los OCA, las convocatorias suelen estar arregladas y no siempre se escogen a los perfiles más preparados.

“Yo creo que los tecnócratas, los neoliberales en su momento dijeron: si alguna vez perdemos el poder, este va a ser un contrapoder, un contrapeso, y claro que lo lograron, son gente muy lista, no son tontos, visualizan a diez, veinte años las cosas, yo lo veo así en ese macro, siempre las reformas constitucionales hay que verlas así en un periodo, todo empezó en los 90 y a finales de la década pasada es donde se consolida ese modelito, jurídicamente hablando”, señala.

Los OCA se consolidaron en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León

¿De verdad son autónomos?

En un artículo que escribió para el medio digital Contralínea, De Paz González hace algunas anotaciones sobre la autonomía de los OCA basándose en una revisión a los artículos 6, 26, 28, 41, 73, 78 y 102 de la Constitución Mexicana. De su análisis se desprende lo siguiente:

• No todos los OCA tienen la misma autonomía.
• Se integran con diferente número y procedimiento.
• Algunas veces el titular del Ejecutivo interviene más que el Legislativo para nombrar a sus integrantes.
• Los OCA tienen estructuras diversas y marcos de funcionamiento distintos.
• No se justifican los 7 o 9 años que duran en su encargo los comisionados o titulares.
• No existe un marco preciso de atribuciones de cada uno de sus integrantes.
• Los tribunales no se ponen de acuerdo para resolver litigios laborales con su personal y régimen de seguridad social.

La Constitución Mexicana

De Paz González no es el único académico que concuerda con estas observaciones.También el Profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, José Fabián Ruiz, en su artículo Los órganos constitucionales autónomos en México: una visión integradora, destaca que la Constitución:

“No prevé esta figura, no regula su modo de creación ni sus características y no aclara cuál es su posición dentro de la estructura institucional del gobierno mexicano”.

En la región centro occidente del país, el académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) José Bautista Farías también concuerda con la opinión del investigador baja californiano. En un breve artículo que lleva por nombre Pros y contras de los Organismos Constitucionales Autónomos, el itesiano menciona que “la autonomía no es la panacea, esto es, nada garantiza que los OCA actúen con objetividad, imparcialidad, integridad y honestidad al momento de tomar decisiones”.

“Nada garantiza que los OCA actúen con objetividad, imparcialidad, integridad y honestidad al momento de tomar decisiones”, consideró el académico del ITESO

Expone prácticamente los mismos argumentos que De Paz González.

•  La designación de los titulares, generalmente son elegidos con base en una terna que envía el presidente para la aprobación del Congreso, lo que suele politizarse y convertirse en cartas de negociación o en repartición de “cuotas de poder” entre los partidos políticos.
• Adolecen del servicio profesional de carrera, lo que los convierte en espacios para acomodar a incondicionales del gobierno y de los grupos de poder.
• No están obligados a rendir cuentas de sus acciones, ni de su desempeño a los ciudadanos (dilema de vigilante: ¿quién vigila al vigilante?), lo que provoca abusos en el manejo del presupuesto, los mismos altos sueldos que critica el presidente.

Pero a diferencia del académico de la Universidad Autónoma de Baja California, Bautista Farías menciona que los avances en las reformas democráticas que han ocurrido en México se deben al papel que han desempeñado los OCA y refiere también que son más sensibles a las demandas y presiones de la sociedad civil.

La austeridad republicana

En noviembre del 2020 AMLO publicó el decreto por medio del cual avaló la extinción de 109 fideicomisos que en total recibían unos 135 mil millones de pesos anuales, uno de ellos el llamado Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que tuvo cartera libre en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al que se le atribuyen desvíos millonarios a cuentas propias y empresas en el extranjero, motivo por el cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El siguiente paso de López Obrador, dentro de su plan de austeridad, prevé la eliminación deI Instituto Nacional de Transparencia (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), además de impulsar una profunda reforma electoral que convertiría al Instituto Nacional Electoral (INE) en un organismo llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas con siete integrantes elegidos por sufragio directo y popular sobre una lista de 60 candidatos presentados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde la perspectiva del mandatario, a los organismos autónomos se les tiene que eliminar, porque duplican funciones, su costo es elevado, y han sido instrumentos de “simulación” creados por los gobiernos neoliberales.

López Obrador, dentro de su plan de austeridad, prevé la eliminación de al menos 5 OCA

La discusión se avivó el pasado lunes 25 de julio con la presentación en Palacio Nacional del quién es quién en los salarios, una nueva sección comandada por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Ricardo Sheffield Padilla, para dar a conocer los servidores públicos que cobran más que el presidente de la República, pero que mediante amparos han logrado conservar sus ingresos escandalosos, a pesar de que el artículo 127 la Constitución mandata expresamente que nadie debe ganar más que el Ejecutivo.

Entre los funcionarios que perciben más que AMLO se señaló a los consejeros de la Judicatura Federal con un sueldo de 286 mil 600 pesos, así como a Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, quien gana 286 mil 500 pesos.

También se mencionó que la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, tiene un sueldo de 248 mil 500 pesos, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, de 204 mil 500 pesos.

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Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova ganan más que el Presidente

De igual forma, se dijo que el titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Nery Pérez Trujillo, gana 206 mil 500 pesos.

Además, Javier Juárez Mojica, comisionado presidente por ahora interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) gana 197 mil 700 pesos y la titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, gana 151 mil 300 pesos.

También se destacó que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, tiene un sueldo de 146 mil 600 pesos.

Los titulares de Cofece, IFT e INAI, respectivamente

Tras la exposición mediática de los servidores públicos, habida cuenta de que se han negado a rebajar su sueldo, las críticas hacia el Gobierno de AMLO no se hicieron esperar, y uno de los que estalló fue el columnista de Milenio Carlos Marín, quien cuestionó de forma dura al titular de la Profeco.

“Desde antier alterna su bostezante perlario de inútiles tips sobre establecimientos y precios de combustibles con la execrable tarea de balconear y calumniar a empleados del Estado mexicano que, con todo derecho, amparados por la justicia federal, ganan más que López Obrador”, escribió en su columna de Milenio a la que tituló Sheffield, inepto como golpeador.

El comediante Chumel Torres también se sumó a la condena de Marín y escribió en su cuenta de Twitter:

Salarios inmorales

Para el académico de la UABC, el hecho de que el Gobierno de AMLO decidiera exhibir los sueldos de los funcionarios que ganan más que él, no constituye ninguna ilegalidad y tampoco es una muestra de escarnio como pretenden hacerlo ver los comentaristas de derecha que proliferan en los medios de comunicación.

Menciona que, si ha habido reacciones en contra de esta medida, es porque les avergüenza que se exhiban sus salarios “inmorales” e inconstitucionales, por lo que recurren a argumentos legaloides para defenderse.

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“Lo único que hace el presidente es exponerlo en su foro, que es un foro obviamente muy concurrido mediáticamente y no es ninguna violación a ningún derecho, ni nada. Hasta es una obligación del presidente decir qué es lo que está pasando en cuanto a ese problema, no es ningún ataque”, dice.

“Lo que pasa es que no coincide muchas veces su nivel de vida, sus propiedades, sus cuentas, sus acciones, con lo que ganan incluso. Entonces ahí claro que les da le miedo que la gente sepamos cómo están ocultando su dinero, cómo se están enriqueciendo algunos ilícitamente”, continua.

Mañanera del pasado lunes 25 de julio con la presentación en Palacio Nacional del quién es quién en los salarios

Como parte de los excesos que los OCA han cometido en complicidad con los gobiernos en turno, el académico de la UABC ilustra el caso del INE, donde se ha consentido la permanencia de algunos funcionarios como Edmundo Jacobo Molina, quien desde el 2008 es el Secretario Ejecutivo de la institución, a pesar de que hubo cambios que ameritaban una transformación de fondo.

“Se convirtió de IFE a INE y se dejaron el mismo nombramiento cuando en realidad debieron renovarlos a todos. Se supone que, si ibas a renovar el INE renuevas todo, pero no, nomás le cambiaron el nombre y dejaron a la misma gente. Entonces tienen esa intención transexenal y por eso algunos tienen nombramientos de nueve años, de siete años mínimo. Duran más que el presidente y duran más que los legisladores. Entonces lo hicieron con esa intención. Dijeron, lo hacemos en el 2016 para duren hasta el 2024 algunos, y así con ese disfraz de autonomía hicieron muchas marrullerías jurídicas”, señala.

Desde su punto de vista, es necesaria una institución como el INE, pero no como la que actualmente existe porque incurre en duplicidad de funciones y competencias que no le corresponden.

Por ejemplo, destaca que, en el 2021, el INE ejerció un presupuesto de 135 millones de pesos para fomentar la transparencia, cuando es una atribución propia del Inai. El INE también dispone de recursos para investigación, una actividad que ejercen las universidades.

Edmundo Jacobo Molina, quien desde el 2008 es el Secretario Ejecutivo del INE

De Paz González sugiere además la eliminación de los órganos electorales de las entidades federativas, así como sus tribunales electorales.

“Si ya tenemos un INE para qué queremos una réplica en los estados y ahí es donde se va un grueso del presupuesto que para que te cuento, y también los tribunales electorales de los estados, que al fin y al cabo todo se resuelve en las salas regionales y en la sala superior del Tribunal Electoral, o sea, todo conflicto electoral importante se resuelve en la sala superior, en la Ciudad de México. Entonces para qué tener estos mini tribunales donde todo mundo se inconforma, si al fin y al cabo vamos a llegar a la sala superior. Pues de una vez, vámonos a la pelea buena y dejemos los entretelones. Eso ahorraría muchísimo presupuesto en personas que trabajan en los tribunales”.

Dentro del recorte impulsado por AMLO, el académico considera un acierto la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), cuyo organismo surgió a través de una iniciativa impulsada por el empresario Claudio X. González a través de la organización Mexicanos Primero.

“No servía para nada y era un mecanismo para privatizar la supervisión de los planes educativos y la elaboración de los planes educativos de los programas de estudio en las primarias, las secundarias y hasta en las normales, era como que un primer intento para apropiarse de cómo se gestiona la educación básica y media superior”, menciona.

Claudio X. González, en imagen

De Paz González comenta que el Inai, creado en el sexenio de Vicente Fox, es otro de los organismos que no tienen razón de ser, pues se tiene el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional.

“Ahora el Inai es como un órgano que resuelve controversias de información, pero no las resuelve de manera definitiva. Si no te inconformas con lo que diga el Inai tienes el derecho de irte a un amparo, entonces para qué crear más litigios, más oficinas de trámites si finalmente cuando una autoridad no te responde, tienes derecho a impugnar en un tribunal de amparo. No lo necesitamos honestamente, yo le quitaría presupuesto, le reduciría funciones y que se pongan a trabajar porque hay estados en los que la gente ni siquiera sabe que existe eso”, menciona.

El miércoles 27 de julio, López Obrador anunció que promoverá una reforma de austeridad para el Poder Judicial y organismos autónomos, en vista de que los funcionarios que perciben más sueldo que él, no están dispuestos a acatar el mandato del 127 constitucional.

“Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y, si procede, una nueva reforma a la Constitución, para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya los altos servidores públicos, que fueron los que promovieron los amparos”, expresó el mandatario.

El 27 de julio, López Obrador anunció que promoverá una reforma de austeridad para el Poder Judicial y organismos autónomos

Para De Paz González, el rechazo de los funcionarios que integran o encabezan los OCA a bajarse el sueldo raya en el absurdo, pues incluso han argumentado que se trata de un atentado a sus derechos humanos.

“El principio de no regresividad en los salarios como un derecho humano, ese es el peligro de llevar al extremo el discurso de los derechos humanos, porque el derecho humano de un salario digno tiene un punto de partida, que, para la gente viva con dignidad, esa es la intención de los derechos. Entonces ellos por supuesto que están muy encima de esa base mínima, no me digas que no es digno que ganes, cuánto está ganando el presidente de la República, 110 mil pesos alrededor, más o menos, y bueno, pues es bastante digno. Si ganaras 200 mil y ahora ganas 110 mi, pues no, no te están quitando tu dignidad humana, no te están mandando a vivir a una casa de cartón”.