En la conferencia del seis de noviembre, dos miembros de una misión internacional cuestionaron la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con la prensa. El primero, representante del Comité para Protección de Periodistas, y la segunda, de una coalición de varios grupos.

Las conferencias están diseñadas para que periodistas hagan preguntas directas al Presidente; sin embargo, ambos usaron sus participaciones para describir puntos de vista propios e intentar que el Presidente se comprometiera a lo que –según ellos– debe hacer en relación con la prensa. La falta de apego al protocolo oficial refleja la apertura y el margen de acción que concede la administración actual a los participantes de las conferencias matutinas.

El primero en hablar pidió al Presidente que se comprometiera públicamente a aumentar el financiamiento para el mecanismo de protección a periodistas. Como experto, debería saber que tanto la libertad de expresión como la seguridad de los miembros de la prensa dependen de factores aún más relevantes que las cuestiones presupuestales, tales como el desarrollo humano, los valores institucionales, la cohesión y el tejido social.

El experto tampoco pensó en las implicaciones de su actitud, en lo que significa que una organización extranjera pretenda incidir en la definición del presupuesto federal –uno de los temas más importantes y sensibles de la soberanía de nuestro país–, intentando presionar al Presidente en un evento público.

La segunda participante fue más incisiva, durante varios minutos buscó que el Presidente se comprometiera “en ese día y en ese momento” a cambiar e lenguaje que utiliza para referirse a “los periodistas”. En el mejor de los casos, sus conclusiones sobre lo que vivimos en México son incompletas.

Llama la atención que de nuestra situación, resultado de años en los cuales las muertes de periodistas se dispararon debido a la criminalidad de gobiernos estatales, protegidos por el federal y coludidos con organizaciones delictivas, mientras lo que preocupa a esta experta son los adjetivos y las frases del Presidente, factor que asocia directamente con el riesgo que corren los miembros de la prensa.

Ojalá se hubiera atrevido a hablar del papel que desempeñan las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico y la corrupción en la protección a periodistas.

Ojalá su investigación tomara en cuenta lo que significa para la libertad de expresión que en México, que personas que se ostentan como periodistas con el apoyo de los principales medios de comunicación, difundan notas falsas con objetivos políticos.

Ojalá que con su análisis tuviera la capacidad de discernir qué son aquéllos a los que se refiere el Presidente con adjetivos reprobatorios y no a los mexicanos que han dado sus vidas para llevar la verdad a los medios.

Su participación ocasionó reacciones fuertes en redes sociales. Varios usuarios la interpretaron como una falta de respeto y debido a su nacionalidad española, difundieron información sobre la situación de los periodistas en su país –desde el encarcelamiento de un joven por escribir un rap sobre el rey, hasta el trato a comunicadores en relación con la cuestión de Cataluña– y esperaron que a su regreso a España muestre la misma actitud hacia sus autoridades.

Sin embargo, es poco probable que tenga la oportunidad de mantener un diálogo directo de más de diez minutos con su Presidente.