Ayer, en la conferencia de prensa vespertinas donde se informa de todo lo relativo a la lucha contra el coronavirus en el país, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, criticó a las autoridades locales que están usando la fuerza pública para impedir que la gente salga de sus casas.

Indicó que la intención es evitar la movilidad no esencial e impedir los contagios del virus SarsCov-2, pero que esto no se puede hacer con represión: “Nos preocupa mucho que en algunos municipios se está utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas”.

El funcionario federal explicó “desde un punto de vista técnico de la salud”, el uso e la fuerza pública “no es la forma preferente con la que podemos reducir la movilidad pública”.

Y explicó esas dos razones. En la primera, indicó:

Una, porque la medida o las disposiciones de seguridad sanitaria fueron cuidadosamente diseñadas para que el sujeto de la intervención no fueran las personas.

Específicamente conscientes de que en México la mitad de la población vive al día y de que esto representa una importante motivación absolutamente legítima para desear concurrir al espacio público, decidimos desde el inicio no utilizar los mecanismos que utilizaron otros países, por ejemplo, en Europa Occidental, en donde centraron sus instrucciones hacia la ciudadanía. La realidad social y económica de México es muy distinta a la Europa Occidental, porque tenemos enormes desigualdades socioeconómicas.

Y aquí encontramos la oportunidad de que con las tres más grandes conglomerados de actividades sociales, trabajo, escuela y recreación podíamos tener un impacto masivo con la reducción de más de 67 millones de personas que con concurrirían el espacio público.

Entonces, volvemos a aclararlo. La intervención está dirigida a los elementos estructurales que hacen que las personas se muevan, trabajar, ir a la escuela o llevar a los hijos a la escuela o tener actividades recreativas; y el sujeto de la acción es: los trabajos, las escuelas y los espacios recreativos, no las personas. Esto es una intervención que es más útil cuando se dirige a estos determinantes estructurales que cuando se intenta dirigir a las personas.

Gatell mostró más preocupación por la segunda razón, pues afirmó que lo que ocurre, en lugar de lograr que la gente no salga al espacio público, sucede lo contrario: “las intervenciones se pretenden dirigir a las personas y empieza a escalar una intensión coercitiva llega la intención de utilizar a la fuerza pública y al usar a la fuerza pública no solamente se cometen acciones que pueden hacer menos efectiva la intervención”.

Y el funcionario puso un ejemplo:

Por ejemplo, tratar de confinar forzadamente a una persona que estuviera infectada, lo único que resultaría es un incremento del riesgo de contagios, primero, para los funcionarios que participan en la fuerza pública, por ejemplo, los miembros de una policía municipal. Si se les dan órdenes para que hagan una limitación de movilidad, un arresto de una persona que fuera contagiante, lo que se está haciendo es incrementando el riesgo de esos policías municipales; si además hubiera una disposición en donde se arresta a la persona y se le dispone en una zona de reclusión, pues aún más se incrementa el riesgo.

López-Gatell afirmó que la salud pública no es cualquier cosa, sino una política científica, que se planea y diseña con evidencias. No se improvisa.

Recordó además, y lo hizo con un tono de regaño muy claro a quienes en México están usando la fuerza pública para confinar a la población

no perder de vista que no existe en modo alguno un estado de excepción en México, no existe. En ningún momento se ha dispuesto la suspensión de las garantías constitucionales. De manera explícita en el acuerdo de la Secretaría de Salud publicado el 31 de marzo, que dispone estas medidas de seguridad sanitaria, explícitamente se habla de que todas las medidas deben ser con un pleno respeto de los derechos humanos y desde luego las garantías constitucionales. Entonces, no existe una justificación legal para este tipo de medidas.

Gobernadores y alcaldes en varios lugares del país han implementado medidas autoritarias, que consideran el uso de la fuerza. Un claro ejemplo es el del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien además de ordenar (violando la autonomía municipal) a los policías de Guadalajara a aplicar medidas coercitivas, llamó “pendejos” a quienes, por distintos motivos, salen de sus casas.