Por: Eliana Cárdenas Méndez (@revistapolemon)*

20 de octubre 2016.- Aunque la historia de la violencia en Colombia ejemplifica muy bien aquello que los sociólogos definen como un “conflicto de larga duración” o “conflicto de aliento sostenido”, soy partidaria de que se reconozca de una buena vez que en Colombia ha habido una guerra civil no declarada. Esta omisión responde a razones ideológicas-políticas, acuñada con una mesura académica que ha menguado el reconocimiento de esta realidad.

¿Cuándo empezó? Para responder a esta pregunta, la manera más acertada indica que hay que poner de relieve las relaciones de poder y los procesos políticos interferidos por contingencias, concomitancias y exabruptos con diversas trayectorias. Empero, es preciso indicar que en todos sus momentos ha prevalecido el terrorismo oficial, que ha respondido por la vía militar a la búsqueda de inclusión política y económica y el anhelo de equidad de todos los colombianos. Pero más que hablar del origen de la violencia, me quiero centrar en el proceso de paz.

El presidente Juan Manuel Santos no fue el primer mandatario en tratar de llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla o, más bien, las guerrillas colombianas para terminar con la guerra, ni la FARC —la guerrilla más antigua de América Latina—, ha sido la única que haya buscado una salida negociada y planteado la deposición de las armas. Le anteceden las guerrillas campesinas liberales de los Llanos Orientales cuya cabeza más visible fue la de Guadalupe Salcedo, quien firmó un acuerdo de paz con el entonces presidente de facto, Gustavo Rojas Pinilla, un 15 de septiembre de 1953.

El guerrillero liberal de los Llanos, Guadalupe Salcedo.

El guerrillero liberal de los Llanos, Guadalupe Salcedo.

Guadalupe Salcedo fue asesinado, cuatro años después de la firma de aquél acuerdo, por la policía en Bogotá. Después de cerca de 30 años, en 1981, el gobierno liberal de Julio Cesar Turbay Ayala creó una comisión de paz para dar inicio a conversaciones con la guerrilla, que se quedó en ciernes; un año después y en atención a uno de los puntos de su agenda política, el gobierno conservador de Belisario Betancourt dio inicio a una negociación de paz que incluyó el cese bilateral del fuego y espacios de participación política para la guerrilla; el resultado es la posterior creación de un partido político, la Unión Patriótica; esta organización legalmente constituida llegó a obtener representatividad y escaños por elección popular en diferentes niveles de gobierno, sin embargo, todos fueron asesinados en sus funciones por grupos paramilitares de ultraderecha; el mismo destino tuvieron los partidarios o militantes de esa organización que se contaron por miles. Por lo tanto, el proceso fracasó en 1987.

El gobierno liberal del Presidente Virgilio Barco inicia un nuevo acercamiento a las FARC y con la guerrilla del M-19; esta última firma un acuerdo de paz y entrega las armas y se reintegra a la vida civil convirtiéndose en una importante fuerza política. Sin embargo, su candidato a la presidencia, el excomandante del M-19, abogado, político y guerrillero colombiano Carlos Pizarro León Gómez, cayó abatido por un sicario en un vuelo comercial de Bogotá a Barranquilla. Entre 1991 y 1999, bajo los gobiernos liberales de Cesar Gaviria y de Ernesto Samper asi como del conservador Andrés Pastrana, se inician conversaciones con otros grupos guerrilleros de diferentes tendencias como el ELN[2], EPL[3] y el Quintín Lame[4]; en el 2002, tras el ascenso del candidato Álvaro Uribe Vélez, el gobierno lanza una feroz ofensiva contra la guerrilla con el apoyo de los Estados Unidos; no obstante se iniciaron diálogos con el ELN con el apoyo del extinto presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías.

"Iván Márquez", miembro de las FARC, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez y la senadora colombiana, Piedad Córdoba.

“Iván Márquez”, miembro de las FARC, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez y la senadora colombiana, Piedad Córdoba.

Empero, los acercamientos de Uribe Vélez con la guerrilla son débiles y la represión política emanada de la cúpula del poder y el entrecruzamiento de violencia guerrillera, paramilitar y violencia auspiciada por el narcotráfico asolan el país. En el 2012 Juan Manuel Santos inicia un proceso de negociación con las FARC que habría de culminar con el acuerdo firmado en Cartagena el 26 de septiembre del 2016. Este acuerdo incluye cinco puntos medulares: a) Desarrollo Agrario Integral b) Participación en política c) Drogas ilícitas e) Fin del conflicto f) La ley de víctimas.

Los dos primeros puntos de este acuerdo tienen que ver con los ejes vertebradores de la guerra en Colombia: la concentración de la tierra, en manos de latifundistas, y la exclusión política. El primer punto ofrece dar respuesta a una vieja deuda social, es un esbozo de reforma agraria, esto es, un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad y la creación de una jurisdicción agraria. El segundo punto ofrece apertura democrática, consolidación de los derechos de oposición y reconocimiento de los movimientos sociales; apertura a nuevos partidos políticos y el ejercicio de la política libre de intimidaciones y violencia. En ese orden el tercer punto busca la erradicación de los cultivos ilícitos promoviendo la sustitución voluntaria. El fin del conflicto implica el restablecimiento de la confianza y la limpieza del territorio de cualquier artefacto bélico y finalmente la ley de víctimas es un punto fundamental de este importante acuerdo, y hace referencia al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

El primero y quinto punto son capitales para comprender la férrea oposición del ex presidente Álvaro Uribe Vélez al Acuerdo de Paz firmado en Cartagena de Indias entre Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”.

Víctimas de desplazamiento forzoso en Colombia.

Víctimas de desplazamiento forzoso en Colombia.

El primer punto alude explícitamente a la restitución de la tierra a sus verdaderos dueños, los campesinos desplazados. Se calcula que el despojo de tierras cometido por los paramilitares y el narcotráfico, aliado en muchos casos con grandes propietarios y empresas agropecuarias, fue de 8 millones de hectáreas. Este proceso de acumulación por despojo dejó un saldo de millones de desplazados que perdieron su propiedad y que fueron recolonizadas en las regiones del Sinú, Córdoba, los llanos orientales o Mojaná. La ley de víctimas contempla la restitución de tierras y obliga a quienes ocupan una tierra por la vía del despojo y la violencia a entregarla. Esta situación afecta principalmente a empresas importantes como la Agropecuaria Carmen de Bolivar quien se hizo, durante los últimos años del conflicto armado, de 75 mil hectáreas en los Montes de María a precios irrisorios. El actual senador colombiano, Álvaro Uribe Vélez, quien encabezó el No al acuerdo de paz en el plebiscito, es socio principal de esta empresa tal como lo demostró el legislador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que ante todo busca el derecho a la justicia que tienen las víctimas, pero también intenta contribuir a garantizar el derecho a la verdad, es decir, un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal nacional para investigar, juzgar y sancionar las conductas cometidas en el contexto de la guerra para identificar aquéllas que por su gravedad no puedan ser cobijadas a través de amnistías o indultos. La JEP se aplicará a quienes han participado de manera directa o indirecta en la guerra, miembros de grupos guerrilleros, agentes del Estado, ganaderos o empresarios que participaron en la financiación de la guerra o militares que capacitaron grupos armados o que proporcionaron información para cometer asesinatos; involucra a todos aquellos que cometieron delitos en el marco y en razón –o sinrazón- de la guerra, y se propone para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y ofrece garantías de seguridad jurídica a quienes declaren y colaboren con el proceso de reconstrucción de la verdad.

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Se trata de un acuerdo integral jamás planteado en la historia del país: restitución de tierras, reparto de tierra a campesinos pobres; inclusión política y económica; un acuerdo con enfoque de género, que no solamente abriga a todos los actores encontrados en la lucha armada, sino que avanza en el reconocimiento de la afectación y el impacto ambiental, además de señalar estrategias de recuperación ecológica, acceso a la verdad, a la justicia, un tribunal para reparación a las víctimas. Todo esto, sin embargo, fue descartado en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Ganó el No con el 50.21% contra el 49.78% que votaron por el Sí.

La polarización a través de la promoción de odio y venganza fue la estrategia de campaña del Centro Democrático encabezado por Álvaro Uribe, experto en propaganda negra, que se alió —como en las peores épocas del oscurantismo— a la iglesia católica y evangélica para asegurar desde los púlpitos que el Acuerdo era castro-chavista, homosexual y atentaba contra la familia y los valores del patriarcado; de hecho, afirmó que Santos implementaría una “dictadura homosexual” y arengó que el Acuerdo le entregaba el país a los “terroristas de la FARC”.

Partidarios del NO a la paz en Colombia.

Partidarios del NO a la paz en Colombia.

Así lo expuso el ex candidato a la alcaldía de Medellín y gerente de la campaña por el No, Juan Carlos Velez Uribe: La profundización de esta campaña fue mandar el mensaje direccionado para ‘sacar la piedra de los electores’ (rabia, indignación) por estrato y ubicación geográfica. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios.

Lo que está detrás del triunfo del No, al Acuerdo de paz, se explica finalmente por el afán de impunidad de Álvaro Uribe Vélez, acusado sistemáticamente por sus vínculos con el paramilitarismo desde los inicios de su carrera política, con la creación de una de las primeras organizaciones paramilitares del país como las CONVIVIR y vínculos directos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); por su responsabilidad en diversas masacres cometidas por paramilitares como la ocurrida en el corregimiento del Aro, en el Departamento de Antioquia.

Álvaro Uribe haciendo campaña por el NO a la paz en Colombia.

Álvaro Uribe haciendo campaña por el NO a la paz en Colombia.

El punto cinco del Acuerdo, sobre el esclarecimiento de la verdad y la justicia podría llevar a Alvaro Uribe Vélez ante una Corte Internacional y ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Este punto está unido al primero que tiene que ver con la restitución de la tierra.

La falta de acceso a la tierra y a la justicia social son pues los males transversales que están en el origen de la guerra en Colombia a todo lo largo de todo el siglo XX y en la base de los movimientos guerrilleros y, por primera vez en la historia del país han logrado patentarse en un Acuerdo de Paz, para avanzar en su solución, gracias a la disposición de un bien muy escaso en estos tiempos posmodernos y aciagos que se llama voluntad política, y de la cual hicieron gala Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”.

Colombia, pues, está mortalmente en el filo de la navaja. La victoria del Sí y el reconocimiento y la implementación rigurosa de los Acuerdos, condenaría al confinamiento y subsecuente otoño del patriarca, Álvaro Uribe Vélez. El desalmado triunfo del No repetirá la historia de traición a los pasados y presentes acuerdos de paz en Colombia, y condenaría al país de Gabriel García Márquez a otros cien años de soledad.

*Dra. Eliana Cárdenas Méndez, Profesora-Investigadora, Universidad de Quintana Roo. [email protected]

[2] Ejército de Liberación Nacional (ELN) de tendencia ideológica marxista-leninista, del modelo cubano.

[3] Ejército Popular de Liberación (EPL) de tendencia ideológica marxista-leninista-maoista.

[4] Movimiento Manuel Quintín Lame, un movimiento armado con reivindicaciones étnicas identitarias.