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Mineras en México hacen lo que les da la gana gracias a Carlos Salinas

En la actualidad, la legislación que rige a la industria minera en nuestro país es la que se aprobó durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la cual se realizó en el marco de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Desde entonces, y pese a las varias modificaciones que se le han hecho, el fondo ha seguido igual: con un claro beneficio para las empresas extractivas, de acuerdo a la entrada de la política neoliberal en México.

Una nueva ley en este tema es sumamente importante, ya que México es el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial, y está entre los diez principales productores de 16 diferentes minerales. Sin embargo, esto se ha logrado a costa de múltiples conflictos.

La plata de México, más de 500 años de minería y sigue a la cabeza de la producción mundial - Oroinformación

Actualmente nuestro país encabeza la lista de países con el mayor número de conflictos mineros en América Latina, con un total de 58 casos, de los cuales 29 pertenecen a proyectos de minas canadienses, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

De acuerdo con SinEmbargo, estos conflictos se relacionan, principalmente, a despojos de tierras, violaciones laborales de los mineros, afectaciones a los recursos naturales e incluso asesinatos. Tan solo en 2019 se reportaron 18 homicidios ligados a conflictos sociombientales y la minería fue señalada como la actividad más letal.

Ley actual por encima de las comunidades

La Directora de la organización Energía, Género y Ambiente (Engenera), Beatriz Olivera, dijo a SinEmbargo que la Ley Minera actual es la que ha permitido operar a las grandes empresas por sobre los derechos de las comunidades, y la llamó “el instrumento que ha legalizado el despojo que han cometido estas empresas”.

Comunidades se oponen a 21 proyectos mineros en la Sierra Madre de México

Explicó que actualmente hay una serie de propuestas para reformar: una de ellas contempla la modificación del artículo sexto de la Ley Minera, que les da prioridad a las actividades mineras sobre el territorio, excepto la extracción de hidrocarburos y la generación eléctrica.

“Esta legislación empezó justo en la plena entrada del Neoliberalismo en la década de los 90 con la firma del TLCAN. En general toda la Ley Minera está compuesta por una serie de artículos para dar privilegios a las empresas mineras, al decir que son empresas de prioridad pública se les otorga la prioridad sobre el territorio y eso es muy grave porque atenta contra derechos de pueblos indígenas y otras actividades como la agricultura y usos ceremoniales en algunas zonas”, mencionó.

Esto significa que si una minera tiene interés en un territorio, por ley tiene preferencia sobre cualquier otro tipo de uso o aprovechamiento del terrero.

Por su parte, Jen Moore, investigadora del Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington, consideró que legislar la actividad minera no es un objetivo sencillo, pues la industria tiene un gran poder económico y protección política.

Territorios fracturados: así se mira la minería en México

Agregó que ese proceso de reforma a la ley no genera mucha esperanza, pues ha enviado “señales débiles” en cuanto a lo que se pretende, ya que aunque se dice que no habrá más concesiones mineras, “al final no toca el fondo del problema y el alcance de lo que ya está instalado con 20 o 24 mil concesiones en todo el país”.

Contra el modelo internacional

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al canciller Marcelo Ebrard hacer contacto con el Gobierno de Canadá y explicarle el caso de dos de sus mineras: una que se niega a pagar impuestos y otra que no quiere respetar la Ley laboral.

El mandatario advirtió que se cancelará la concesión a esas mineras si se mantienen en esa posición y les pidió respetar a nuestro país como lo hacen con el suyo.

“Que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, dijo.

Minera canadiense reduce operaciones en Chihuahua por violencia

Según la investigadora Moore, especialista en las luchas de las comunidades afectadas por la minería y organizaciones aliadas en América Latina, Canadá y otras partes del mundo, el sector minero está blindado por una estructura legal e internacional incluidas en el Tratado Transpacífico, en el TLCAN y en otros de protección de inversión bilateral.

“Todos estos convenios brindan un recurso poderoso a las empresas para que cucando empiecen a tocar esas fibras sensibles de sus ganancias e inversiones, ellos pueden recurrir a demandar al país”, dijo.

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