El pasado viernes FEMSA (que agrupa a gigantes como OXXO y Coca Cola) acordó pagar al Estado mexicano más de 8 mil mdp en impuestos que debía desde hace tiempo. Este monto se suma al pago que Wall-Mart hiciera en días anteriores más o menos por la misma cantidad y al que IBM hiciera por casi 700 millones de pesos.

Estamos hablando de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recaudó en una semana casi 17 mil mdp, unos 800 millones de dólares que en vez e ir a engrosar los bolsillos de algún multimillonario, estarán destinados al beneficio público: de entrada, los primeros 8 mil mdp se invertirán en 30 mil becas para que estudiantes de medicina puedan realizar estancias en el extranjero y capacitarse en especialidades médicas que el país necesita.

Más allá de lo impactante de la noticia por ser algo inédito en los últimos años, tenemos que reflexionar sobre el proceso histórico y social que hoy hace posible que esto sea una realidad, con el propósito de sacar algunas conclusiones de utilidad práctica.

Sobre este ejercicio de recaudación fiscal los liberales dirán que lo que está pasando se reduce simple y llanamente al cumplimiento de la ley. De acuerdo. Pero hay que preguntarnos por qué hoy se cumple con la ley y antes vivíamos en una especie de estado de excepción para el capital, donde las grandes empresas podían evadir al fisco sin ningún tipo de sanción más que el repudio social.

Lo que estamos viviendo es un poco más profundo que eso, por un lado, sí, estamos atestiguando el cumplimiento de la ley, pero sobre todo estamos atestiguando la reconversión de un Estado nacional otrora entregado a intereses particulares en un Estado que hace valer su soberanía, misma que le ha sido otorgada por millones de ciudadanos a través de las urnas como nunca antes en la historia del país; y por otro, vivimos la descomposición y el desmantelamiento de un sistema cuyo sustento no solamente descansaba en la sobreextplotación de la fuerza de trabajo y los recursos naturales del país, sino en el maridaje entre interés económico e interés político, esto es, la corrupción.

Sobre lo primero hay que decirlo claro: sin un Estado con apoyo popular y un gobierno democráticamente electo este tipo de ejercicios no serían posibles. No es que solo se cumple la ley por algún destino manifiesto o premisa moral, hay una fuerza social e histórica cristalizada en un proyecto de nación que hace que se cumpla. Y en eso radica la gran diferencia entre este gobierno y los gobiernos pasados: este gobierno tiene el poder de hacer valer la ley porque su poder dimana del pueblo y no de los grupos de intereses creados.

Si pensamos que las empresas trasnacionales están actuando por algún tipo de motivación axiológica o que el cumplimiento de la ley depende de la simple existencia de la misma, estamos invisibilizando la lucha social de millones de mexicanas y mexicanos que durante años reclamaron en las calles que las grandes corporaciones cumplieran con sus deberes tributarios. Tenemos que caminar hacia la normalización de estos hechos como elementos necesarios para construir una economía distinta, una democracia moderna y un Estado de derecho sólido, pero sin olvidar en ningún momento los elementos constituyentes que los permiten.

Por otro lado, este ejercicio de recaudación da cuenta del desmoronamiento del modelo neoliberal en dos niveles: el primero, relacionado con la distribución de los ingresos del Estado: mientras en el neoliberalismo los ingresos eran acaparados por la élite política para el sostenimiento de sus privilegios, hoy la renta es destinada sin ningún tipo de reparo y obstáculo a las prioridades de la nación, como se ejemplificó al inicio del presente texto; el segundo, relacionado con el fin de uno de los aspectos más perversos de dicho modelo: el amasiato entre intereses que componían desde hace décadas la élite del poder en México.

Mientras en el neoliberalismo había una alianza corrupta a los más altos niveles tanto políticos como empresariales para exentar del pago de impuestos a grandes corporaciones, ya sea como pago de favores o como parte de operaciones previamente acordadas para beneficios personales, bajo este nuevo gobierno las y los servidores públicos, desde el presidente hasta el secretario de Hacienda o la directora del SAT, tienen claro que su único interés a la hora de interactuar con el poder económico debe ser el bien de la República.

Esta ética, que no procede de un conjunto de valores morales sino de las condiciones materiales del seno de un pueblo oprimido, reduce significativamente las posibilidades de corrupción: es esta ética de liberación la que rompe con las cadenas de intereses que antes parecían inquebrantables.

Andrés Manuel López Obrador, en gira por la República Mexicana.

Por último, este acontecimiento debe llamarnos a la reflexión y mostrarnos algunas lecciones prácticas para el futuro. La primera lección es que el poder hoy constituido que se deriva de un proceso constituyente de reivindicaciones populares, tiene que mantenerse vivo y alimentado de las mismas. En la medida que permitamos que el Estado se aleje del sentir del pueblo, en esa medida se debilitará en su soberanía ante otros poderes, de ahí la necesidad de engrosar y ampliar las capacidades del campo popular a través de la organización y la formación de conciencia sobre el momento histórico que vivimos, de ahí la “necedad” del presidente de la República de mantenerse constantemente recorriendo el país, palpando e interpretando el sentir de la gente.

Todo proceso de cambio tiene su riesgo de retroceso y en tanto descuidemos el mantenimiento de la correlación de fuerzas que hoy predomina la opción de un revés es latente, como ya lo vimos en países hermanos de América Latina.

La segunda es la necesidad de la formación de cuadros comprometidos con el proceso de transformación y con una ética que proceda del seno de la sociedad para que su actuar sea incorruptible y sus decisiones estén orientadas a la consecución del bienestar de las grandes mayorías. Es importante que el campo popular tenga una representación democrática y liderazgos que logren encarnar sus demandas en el manejo del Estado, que puedan mantener una relación saludable con el poder económico sabiendo perfectamente lo que representan y la responsabilidad que cargan en sus espaldas.

Hoy contamos con un liderazgo sólido al frente del Ejecutivo que cuenta con estas características, sin embargo, la consolidación de un proyecto a mediano plazo que logre sostener en el tiempo lo que hoy se está cimentando es una tarea fundamental.