Las excentricidades de la Suprema Corte

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no solamente visten togas de lujo y perciben sueldos exorbitantes que se acercan a los 400 mil pesos mensuales, sino que además tienen a su disposición un servicio de lavandería, recursos para comprar café, refrescos, galletas, mobiliario de oficina y hasta para gastarse medio millón de pesos en el mantenimiento de macetones y jardinería.

Compras en Liverpool y El Palacio de Hierro, son parte del repertorio de adquisiciones del Poder Judicial que se han hecho durante la actual administración de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández.

Documentos que obran en poder de Polemón evidencian la compra de artículos que para el común de la población podrían considerarse superfluos, innecesarios e inalcanzables.

Tal es el caso de un sofá esquinero adquirido el 14 de marzo pasado en la tienda departamental Liverpool a un costo de 43 mil 469 pesos con IVA incluido. De la factura se desprende que algún empleado del Poder Judicial visitó la sucursal, pues el pago se realizó físicamente en el lugar.

Lo mismo ocurrió en la sucursal de El Palacio de Hierro, localizada en la calle Durango no. 230 en la Colonia Roma. Ahí se compraron un sofá Beverly negro por la cantidad de 51 mil 715 pesos, dos sillones alya café por 40 mil 155 pesos, y dos sillones Beverly negro por 29 mil 293 pesos. El pago se hizo al contado y de forma presencial.

Las compras se han hecho a través de la Dirección General de Recursos Materiales de la SCJN encabezada por Gabriela Alejandra Baca Pérez de Tejada. Esa misma dependencia expidió un contrato con el particular Horacio López Balderas para que se hiciera cargo del servicio de lavandería y tintorería de los diversos comedores que tiene la institución.

A López Balderas se le hizo un contrato por adjudicación directa y se le pagó un total de 52 mil 380 pesos (IVA incluido) por servicios brindados en los meses de enero y febrero, que corresponde a la limpieza de manteles, servilletas, toallas, tortilleros, mandiles, chalecos, camisas, corbatas, pantalones, paneros, filipinas, y baberos.

También se estableció un contrato con la abarrotera ABA-MEXA S.A. DE C.V., representada por su apoderada legal, María de la Luz Peñalosa Núñez, para la compra de bebidas y snacks por la cantidad de 92 mil 883 pesos, que incluye refrescos de lata, galletas, té de la marca Lagg’s, azúcar estándar, sustituto de crema para café, sustituto de azúcar de la marca splenda y azúcar mascabado.

Norma Piña entró en funciones el pasado 2 de enero, y el 18 del mismo mes, la institución que preside celebró un contrato por la cantidad de 178 mil 698 pesos con la empresa HR Ratings Media S.A. de C.V. para medir la audiencia de televisión de los programas producidos por la Dirección General de Justicia TV Canal del Poder Judicial de la Federación, entre los meses de septiembre y diciembre del 2022.

De acuerdo con las cláusulas del convenio, al Poder Judicial le interesa saber qué alcance tiene entre los televidentes y cuál es la composición demográfica de su audiencia.

Los macetones de medio millón

Uno de los contratos más significativos (además de insólito porque la sede de la SCJN no tiene jardín) por el monto que representa, es el que asignó la SCJN a la particular Juana Beatriz Guzmán Rodríguez para el mantenimiento de jardineras y macetones en siete edificios de la institución durante los meses de febrero, marzo y abril del presente año.

Se trata de un convenio que asciende a los 504 mil 861 pesos el cual fue adjudicado de manera directa, para intervenir en los siguientes inmuebles: el Edificio Sede, el Edificio Alterno, Casona y Casetas (Alterno), el Edificio Bolívar, el Edificio Revolución, el Edificio Centro de Desarrollo Infantil y Estancia Infantil, el Edificio Canal Justicia T.V., y el Edificio 5 de Febrero.

De acuerdo con el registro de datos contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no es la primera vez que la SCJN contrata los servicios de Guzmán Rodríguez. La relación contractual de la máxima institución de justicia con la particular se remonta a diciembre del 2019 cuando se le adjudicó un contrato por 341 mil pesos; en enero del 2020 otro por 193 mil; y en marzo del 2021 uno más por un monto de 426 mil 184 pesos, sólo que en esta ocasión la particular tuvo que participar contra otros proveedores.

Las togas de lujo

En junio pasado el periodista de Reporte Índigo, Daniel Flores, dio a conocer que las togas que utilizan los ministros cuestan entre 12 mil y 23 mil pesos cada una, y aunque no son las de mejor calidad, sí son las de mayor precio.

El periodista precisa que en el 2020 se destinaron 211 mil pesos para otorgarle esta indumentaria a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Bossa y Margarita Ríos Farjat.

Según el desglose de la adquisición, el alto tribunal destinó el recurso público para costear seis togas para los tres ministros del Pleno de la SCJN para sesiones ordinarias, las cuales tuvieron un valor de 23 mil 500 pesos cada una, es decir, 141 mil pesos en total.

Despilfarro banal

De acuerdo con un reportaje de la periodista Guadalupe Fuentes en Sin Embargo, los ministros de la SCJN no se dan por satisfechos con el despilfarro que han hecho, sino que para el 2024 han solicitado un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos, cantidad que es 4 por ciento mayor al asignado este 2023 que corresponde 80 mil 646 millones de pesos.

El reportaje de Fuentes señala que la SCJN ha ejercido el recurso de este año en torneos de boliche, futbol, talleres de yoga, baile, pintura, servicio de estacionamiento y renta de vehículos mediante contratos por adjudicación directa.

Uno de los gastos que reporta SinEmbargo, es un torneo de boliche por un monto de 87 mil 527 pesos pagados a la empresa Boliches Tlalpan.

En otro contrato, la SCJN pagó un monto de 182 mil 352 pesos al proveedor Mauricio Guadalupe Castro Picón para un torneo de futbol; también pagó por un “Taller de Ritmos Latinos”, el cual tuvo un costo de 33 mil 23.68 pesos pagados al proveedor Gustavo Adolfo Camacho Facundo.

El taller de yoga, cuyo costo fue de 33 mil 408 pesos, se pagó a la proveedora Marcela Mercado Sánchez. Pero los contratos más abultados se refieren al arrendamiento de autos y estacionamiento. Por el primero, la SCJN estableció un convenio de adjudicación directa con la empresa COM Parking México por un monto de 961 mil 116.84 pesos para un periodo de 11 meses por el servicio prestado en el estacionamiento ubicado en República de El Salvador 42, colonia Centro.

En otro contrato para el arrendamiento de vehículos terrestres, el Poder Judicial, el cual incluye a la SCJN, pagó 95 millones 477 mil 386.72 pesos a la empresa Integra por un periodo de 47 meses.

En una entrevista que concedió a la periodista, el diputado de Morena Hamlet García Almaguer, señaló que el aumento presupuestal que solicita el Poder Judicial equivale a alrededor de 500 millones de pesos para cada uno de los 11 ministros que integran la SCJN.

A pesar de la exhibición de sus gastos superfluos, los ministros no han rectificado su postura, y desean continuar con el tren de lujos que gozan en la actualidad. El presupuesto 2024 también incluye partidas para sus actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, telefonía celular, combustible, y seguros de gastos médicos.

De acuerdo con el anteproyecto de egresos, los ministros quieren 9 millones 667 mil 354 pesos para “actividades artísticas, deportivas y culturales”; seguros de gastos médicos privados por 115 millones de pesos y seguro de separación individualizada por casi 250 millones de pesos; 52 millones de pesos para alimentación en el comedor; 1 millón 700 mil para “utensilios de cocina”, que incluye cuchillos, cucharas, tenedores; y 4 millones por jardinería, aunque en la sede de la SCJN no hay jardín; además de 7 millones 800 mil pesos para combustible de los automóviles de los 11 ministros.

Corte vive en otro mundo

Los ministros de la SCJN ha sido objeto de recurrentes cuestionamientos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien, salvo algunas excepciones, los ha acusado de estar al servicio de la oligarquía, ya que han sido la punta de lanza de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) del empresario Claudio X. González, en contra de las obras estratégicas del Gobierno de la 4T, así como de reformas impulsadas por el propio mandatario para adelgazar la nómina de algunos organismos autónomos.

“Siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora, de manera más descarada, está al servicio de la oligarquía”, dijo el mandatario, después de que los ministros emitieron un fallo para cancelar el decreto presidencial que considera a las obras del Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

López Obrador ha mencionado en repetidas ocasiones dentro de sus conferencias ‘mañaneras’ que se trata de un grupo de particulares pertenecientes al bloque conservador que ha recurrido a un “sabotaje legal” para frenar las obras.

“Y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a los magistrados, a los ministros del Poder Judicial”, dijo en su conferencia matutina del 26 de mayo pasado en Palacio Nacional.

En ese mismo espacio, AMLO mencionó que “los ministros viven en otro mundo, que hay un divorcio completo con el interés popular”.

Desde entonces, López Obrador ha manifestado su deseo de que los ministros sean electos mediante el voto popular, y en días recientes reavivó su reclamo hacia los integrantes de la SCJN para que expliquen por qué ganan más que él, contraviniendo el artículo 127 constitucional que señala que nadie puede cobrar más que el presidente.

“Estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de recibir una explicación, que nos informen, porque la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más”, dijo Obrador en su conferencia del 27 de junio.

“Yo gano 150.000 pesos y ellos ganan 600.000, entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México”, añadió el mandatario, quien había emplazado a los ministros para que le dieran respuesta en un lapso de cinco días.

El 11 de mayo pasado, el mandatario dio a conocer algunas de las prerrogativas que gozan los ministros, entre ellas, aportes para la compra de lentes, teléfonos celulares, y un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos al año o un comedor especial en la Suprema Corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas, además de atenciones especiales en aeropuertos y asistencia para realizar trámites burocráticos, como visas o pasaportes.

El presidente ha señalado que todos estos gastos, superan anualmente los 73.700 millones de pesos, pero es dinero que sale del pueblo, y se usa para defender a una pequeña elite.

“Representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo. Al contrario, es en contra del pueblo”.