El Pacto por México cerró el ciclo que el neoliberalismo inició desde 1982 para desmantelar la capacidad productiva del Estado Mexicano. La joya de la corona fue, sin lugar a dudas, lo que John Saxe-Fernández llamó la compra-venta de México. A partir de las reformas estructurales al sector energético, se apuntó a entregar los recursos naturales estratégicos a Washington.

Para ello, la larga noche neoliberal, construyó un sin número de mecanismos para debilitar a las instituciones encargadas de resguardar la soberanía energética, y con ello la soberanía nacional. Un sector del capitalismo mexicano creyó que ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República habría que ponerle frenos a su programa de gobierno a través de órganos autónomos que operaran con independencia del poder ejecutivo, pero con una gran dependencia al capital transnacional. De eso se encargó en planificar Luis Videragay Caso, a través de toda la serie de reformas emprendidas para la privatización del sector energético.

De hecho, la ideología tecnócrata llegó a establecer el sin sentido de mantener en el cargo de la Presidencia de la República a un simple gerente, que permitiera operar la economía de México a expertos avalados por los mercados internacionales, desde el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En otras palabras, se delegó la función primordial de la economía a funcionarios subordinados a los organismos internacionales, que después de haber cumplido con su tarea dedicada al desmantelamiento del aparato productivo estatal para su posterior privatización, pasaran a engrosar las filas de sus consejos de administración. Las puertas giratorias son un eje fundamental de esta política de despojo.

López Obrador prometió en campaña que no modificaría los contratos petroleros que ya estaban en marcha. Supo desde entonces, que esos contratos, en su mayoría, no funcionarían sin la corrupción estatal. Esto quiere decir, que la mayor parte de ellos contaba con ex funcionarios a su interior que tenían información privilegiada, y que además esperaban que el propio Estado Mexicano financiara su ejecución. Todo un negocio redondo. Por eso uno de sus ejes principales ha sido el combate a la corrupción y el dispendio de los recursos públicos.

Una vez abierta la herida que provocaría la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), los tecnócratas tenían claridad que al desaparecer los recursos que la paraestatal proporcionaba a la nación era necesaria una gran reforma fiscal que obligara a socializar la pérdida que se produciría al dejar de contar con la ganancia extraordinaria de los recursos naturales estratégicos. Es por ello que han urgido desde tiempo atrás a una reforma fiscal de gran calado. AMLO se ha negado a realizar esa tarea, ya que su apuesta es reactivar la capacidad productiva de Pemex, y apalancar el desarrollo de la nación con ello.

Desde aquí se entiende el enojo y la frustración de Carlos Urzúa. Su necesidad por controlar el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y su insistencia por elevar los impuestos a través de una reforma fiscal, lo que no le fue concedido. Al mismo tiempo que le fue separada la línea de mando de Bancomext y Nafinsa, estos bajo el control de la Presidencia para evitar que desde el gobierno se beneficie o castigue a uno u otro grupo económico con créditos.

Asimismo, Urzúa nunca pudo controlar toda la política económica desde su oficina, por eso su molestia con el memorándum de la Secretaria de la Función Pública. Lo que no quiso entender el ex secretario fue que el Presidente López Obrador maneja la economía no solamente desde la SHCP, y no depende de tecnócratas que le ayuden a interpretar los mercados financieros. Estableció un equipo de trabajo en todas las áreas de gobierno, lo que le ha molestado a un sector neoliberal que decidió acompañar oportunistamente de última hora al movimiento social, y que pensaba que podría controlar ciertas áreas que les fueran cedidas, a juego de presiones empresariales y mediáticas.

Son claras las diferencias con el ex Secretario. Mientras el movimiento social propulsa el desarrollo económico y tiene como actor central al Estado Nacional y la recuperación de la soberanía energética, la mirada de Urzúa estaba puesta en la privatización del Canal Interoceánico. Resulta sorprendente cómo es que se mantuvo en el cargo, a pesar de no estar de acuerdo con la decisión del Presidente de acabar con la corrupción dentro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Más aún, por su oposición del proyecto de Dos Bocas, piedra angular del proyecto de soberanía energética de la Cuarta Transformación.

Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda. Foto: Especial

Mientras pugna por el conflicto de interés de Alfonso Romo, se inclina a subordinarse y defender los intereses de Nancy Pelosi, que estarían presuntamente involucrados, en los contratos leoninos del gasoducto Texas-Tuxpan. Ante lo de Romo no presentó ni siquiera la denuncia, lo que le ganó el adjetivo de cobarde por parte de Tatiana Clouthier.

La embestida mediática, funcional a la estrategia de un golpe blando, tiene como su mancuerna a las calificadoras financieras internacionales que se niegan al avance del proyecto de soberanía energética de la cuarta transformación. La salida de Urzúa del gabinete se dio justo antes de presentar el Plan de Negocios de PEMEX al que se opuso, y sobre todo de entrar en vigor la ley que prohíbe las puertas giratorias hasta por 10 años. Las presiones no han sido pocas, la degradación de la nota crediticia de PEMEX está en la mesa. La tensión histórica en curso pone en disyuntiva a todos los actores que se han sumado al movimiento. Para un lado está claro que se intenta revertir la contrareforma energética.

Su carta y posterior entrevista no están dirigidas a la Cuarta Transformación ni al partido ni al movimiento social. Más bien, es un paso para que ese sector que representa pueda entablar un diálogo con la oposición para la conformación de un partido que pueda tolerar cierta corrupción, sobre todo si son de empresas transnacionales, y mantengan en pie la compra-venta de México. López Obrador reaccionó firmemente, el desmantelamiento de la economía neoliberal y la recuperación de la soberanía energética son esenciales para la viabilidad de un México sin corrupción, de eso depende la unidad nacional que propulsa.