La resaca sangrienta de Calderón en Culiacán

Por: Christian Samperio Quintanar y Héctor Alejandro Quintanar

El 14 de enero de 2010 a las doce del día, aposentados en nuestro domicilio en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la Ciudad de México, escuchamos de la calle un ulular extraño aunado a un griterío agresivo y corrosivo, similar a una riña. Alertados por el posterior sonar de vidrios rotos, cuando nos disponíamos a guarecernos en la planta alta, se presentó ante nosotros un conato de tragedia: un comando de unos quince policías federales irrumpió al patio de nuestra casa, misma que estaba rodeada en las calles por media centena de agentes, con su respectiva cauda de vehículos artillados, armados todos, ellos sí, hasta los dientes.

Los sujetos entraron sin ningún ordenamiento de cateo. Esta servicia ilegal iba mancomunada con una brutalidad terrorífica: aunque jamás opusimos resistencia alguna –reprimiendo con dificultad la sorpresa y la indignación– el comando se dirigió a nosotros con un lenguaje más propio de una ristra de sicópatas –o de un cártel– que de una autoridad competente: “qué nos ven, putos”; “ahora sí se los cargó la verga, culeros”; “orita que pueda te meto un plomazo, pendejo”. Todo ello como reacción a nuestro estupor y a nuestras obvias y prudentes preguntas de qué querían y nuestra atemorizada disposición a abrir la puerta que ellos, a fuerza, querían destruir con un ariete.

Pese a tener las manos en alto, los policías nos amenazaban con armas largas apuntándonos en el rostro, mientras destruían con frenesí lo que había en el patio. En su delirio destructor no había intentos indagatorios, sino simple furor intimidatorio, a pesar, de nuevo, de que nosotros –los “malos”–estábamos inmóviles. Los policías no nos decían qué querían que hiciéramos y, pese a eso, nos amedrentaban y nos exigían “que nos fuésemos a la verga”.

Luego del trance terrorista, vino el despliegue ridículo: de pronto un policía entró al patio y gritó: “aquí no es, es al lado”. Dicho esto, los tipos salieron uno a uno de la casa, sin dejar de destruir lo que hubiese a su paso. Con prudencia, pero de modo firme, preguntamos a un agente quién se haría responsable de la equivocación y los daños. A guisa de respuesta obtuvimos un gruñido simiesco y una amenaza con un rifle. Cuando comenzamos, en nuestra propia casa, a tomar fotografías y video de los destrozos, un agente volvió y nos dijo “dejen de grabar o se los va a cargar la verga, culeros”, blandiendo de nuevo un fusil contra nosotros.

La pesadilla continuó: pese a la amenaza, salimos y preguntamos quién iba al mando. Resultó ser un comandante de apellido Zaragoza, quien reconoció el error y nos exigió que “los dejáramos trabajar” y luego vería “cómo resolvía la equivocación”. Sin embargo, cuando hablábamos con él, como mastines rabiosos los demás agentes seguían intimidando: “mándelos a la verga, comandante”, “pinches chillones putos”. Su actitud vejatoria la hicieron extensiva a todos: a cualquier transeúnte que pasaba y, con razón, se quedaba estupefacto ante la presencia policial en la calle, los agentes le gritaban majaderías, le exigían que “se abriera a la verga o le soltarían unos plomazos” y los esculcaban, por el simple “delito” de ser vecinos del lugar donde ese comando estaba.

El objetivo del “operativo” era la casa contigua a la nuestra (deshabitada desde meses atrás, luego del fallecimiento del dueño), que en ese momento cateaban bestialmente. Pronto supimos el motivo de la brutalidad: al poco tiempo llegó, en una camioneta Tahoe sin placas (y escoltada por otras tres), la señora Isabel Miranda de Wallace, quien, sin ningún instrumento legal, y usurpando funciones policiales, comenzó a emitir órdenes, cuya meta era, presuntamente, “encontrar los restos de su hijo” en el lugar.

El operativo fue un rotundo fracaso. La casa aledaña a la nuestra era en ese momento un recinto vacío, donde los federales a fuerza querían encontrar el cadáver y secuestradores agazapados. Al no lograrlo, fuimos testigos de cómo Miranda de Wallace dio órdenes al agente del MP Braulio Robles para que trajera un trascabo que cavara el patio de la casa para proseguir su búsqueda. Sin ningún tipo de sistematización, improvisando todo, la señora Wallace dirigía ilegalmente a elementos del Estado mexicano para catear una vivienda, misma que destruyeron por completo en su equívoca búsqueda.

Con el correr de las horas nos percatamos no sólo de la perfidia de los federales (que siguieron intimidándonos a nosotros y a los demás vecinos) sino de la imbecilidad del Ministerio Público: la “investigación” que sustentaba su acto fue una verdadera barbaridad. Nunca fueron capaces de monitorear profesionalmente la casa para saber que ahí no vivía nadie y que en ella no había movimiento alguno desde hacía meses. Su mayor “indicio” de que ahí podía ser “casa de seguridad” era que habían visto tirada en la banqueta cercana una caja de pizza, alimento que según ellos “es comida de secuestrados”, por lo que con esa simpleza infirieron que esa casa sin gente era sospechosa.

En suma, lo hecho ese día por la Wallace fue no sólo fallido, sino criminal: con base en ninguna investigación policial profesional, un comando dirigido ilegalmente por una civil autoritaria, arriesgó muchas vidas y causó destrozos y daños en un objetivo que no tenía razón de ser. Luego de doce horas de presencia en la casa (en donde en ningún momento cejaron de amenazar de muerte a todo mundo y de hacer amagos con volverse a meter a nuestro domicilio), se percataron de su error y, sin decir más, pretendían irse.

El agente Robles, de mala gana, atendió nuestro legítimo reclamo de manera parcial, pues se limitó a autorizar atención médica a uno de nosotros (que padeció una afección arterial debido a la tensión y rabia ante las amenazas de muerte de los policías) y a emitir un compromiso de pago por los daños al zaguán. Sin embargo, el viacrucis persistió: el fallido y demencial operativo destruyó parte de la barda del vecino y nuestra puerta de entrada, por lo que quedábamos vulnerables dado que por esas oquedades cualquier persona podría accederse sin problema al interior.

Exigimos que se reparara de inmediato eso, dada la evidente necesidad, a lo que se nos respondió que eso era “nuestro problema” y, ante las incesantes amenazas de muerte o golpes que todavía emitían los agentes, vino la atrocidad mayor: Robles nos dijo, con todo cinismo, que nosotros “debíamos entender” la conducta de esos indignos funcionarios, ya que “eran soldados, solían ser del ejército”. La desfachatez del comentario nos rebasó.

Levantamos denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), basada en las fotografías y video que logramos obtener aun con una pistola en la sien, donde con claridad se observaba la presencia destructiva de los agentes en nuestro domicilio. Pese a ello, la CNDH fue omisa y negligente: nunca investigó nada, (no obstante estar obligada), nos exigió más pruebas de lo ocurrido y, tras preguntar a la PF si habían hecho un operativo en la fecha señalada, con la negativa de ésta dieron por concluido el caso, que quedó impune.

La explicación de ello es fehaciente. Era el momento más álgido de la “Guerra contra el crimen organizado” del señor Felipe Calderón, quien junto con su corruptérrimo epígono Genaro García Luna, había puesto de manera ilegal y bestial una institución pública -como la Policía Federal-, al servicio privado de una mujer autoritaria y mentirosa, pues, como hoy sabemos, Isabel Miranda repitió esa fórmula destructiva con más operativos, que dañaron la vida de muchas personas.

Ese fue el verdadero rostro de la “guerra” de Calderón: un ejercicio intimidante y destructor contra inocentes, que al mismo tiempo era negligente ante ciertos grupos delincuenciales que parecía consentir y que, asimismo, dejó escapar a capos capturados cuando las huestes de éstos iniciaban caos y fuego. La bajeza de ese régimen llegaba a niveles indecibles cuando pese a sus imperdonables errores, llegaban incluso a criminalizar a las víctimas (como el caso de los alumnos del Tec, Jorge y Javier, asesinados por militares y calumniados con que eran “sicarios”). Al gobierno de Calderón la vida humana y la dignidad siempre le importaron un bledo.

La obcecación belicista de Calderón fue una consecuencia directa del origen fraudulento de su sexenio. Pero las cotas de dolor social alcanzadas por su “guerra” las seguiremos padeciendo todavía. Hoy Culiacán da esa muestra, cuando se puso de relieve el poder de fuego y fuerza del cártel que Calderón solapó.

Con un operativo defectuoso, ahora en el sexenio de AMLO se capturó a Ovidio Guzmán. La reacción de sus huestes puso en jaque a la ciudad para liberarlo, por lo que el Gobierno de la República ponderó el cese al fuego y la salvaguarda de vidas inocentes. Cargar con el descrédito de un operativo mal hecho siempre será un mal menor ante la posibilidad real de una matanza resultante de capturar a un capo a “costa de lo que sea”. Hecho público el video donde se ve a los militares deteniendo a Guzmán, ya hubiésemos querido nosotros que, pese a su equivocación, los agentes que allanaron nuestra casa –y nuestra confianza en la policía–, se hubieran comportado con esa actitud.

La exigencia de que el gobierno de AMLO retuviera a Guzmán sin importar un posible conflicto que sesgara vidas inocentes –como ocurría con Calderón– parece entrañar más sed de sangre que de justicia. Sólo quien no vivió la brutalidad de los operativos de la “guerra” calderonista puede espetar con tanta ligereza su deseo de resucitar esa estrategia cuan sádica como inútil.

No es casual que hoy, un sector opinante en contra de AMLO por su decisión haya provenido del calderonismo, que lo acusó de encabezar un gobierno “que no tiene bolas”. La trágica lección que dejó aquel sexenio de muerte es que para salir del brete en que estamos se necesitan menos genitales y más neuronas (y sensibilidad humanista).

Ante eso, no deja de ser grotesca la patológica fijación fálica de los seguidores de Calderón: hoy exigen más “güevos” al presidente de la República, sin notar que con eso, indirectamente, defienden los métodos fascistoides como los de los agentes allanadores, que en todo momento nos amenazaron aquel lóbrego día con que “nos cargaría la verga”. Para una mente sana siempre será mejor una falta de güevos que resguarde vidas inocentes, que un exceso de “verga” que las destruya. De ahí que el país hoy requiera dos banquillos: uno de los acusados para Calderón por los crímenes que cometió, y otro del psiquiatra, para el enfermizo sector de sus epígonos que persiste en revivir esos violentos métodos.