La cloaca del Poder Judicial

En febrero del 2017, una extrabajadora del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció la existencia de una bolsa con casi 4 millones de pesos en efectivo en la cajuela de un automóvil Sentra color blanco que estaba en el estacionamiento de ese edificio.

“Rosy, creo que debes saber esto! En el estacionamiento del Ajusco está estacionado este carro y le encontraron una bolsa con un millón y medio de pesos en efectivo adentro, me dicen que corresponde a obras, pero nadie se atreve hacértelo saber”, le escribió la denunciante, Rosa Suárez, a Rosa María Vizconde Ortuño, quien en ese momento se desempeñaba como secretaria Ejecutiva de Administración de la Judicatura.

Se trataba del vehículo oficial que usaba Francisco Javier Pérez Maqueda, director de Inmuebles y Mantenimiento del órgano judicial.

El caso destapó una cloaca de negocios turbios en el CJF que salpicó al mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, cuyo periodo (2015-2019) ha sido señalado por un incremento notable de la corrupción en el Poder Judicial.

En el breve lapso que Pérez Maqueda estuvo al frente de esa dependencia se adjudicaron de manera directa diversos contratos de obra pública para la construcción de centros de justicia penal y salas orales como parte de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio estimados en más de 3 mil 118 millones de pesos, incluidos algunos sin licitación, hasta que reventó el escándalo del “cajuelazo”.

Cuando Vizconde Ortuño fue notificada del dinero que se encontraba en el automóvil aparcado en el estacionamiento, Pérez Maqueda se encontraba en una gira en Tepic, Nayarit para supervisar una de las obras adjudicadas por la dirección a su mando, por lo que este se defendió de la acusación y señaló que el dinero le fue “sembrado” por denunciar ofrecimientos de sobornos a funcionarios del CJF a cambio de contratos de obra.

Sin embargo, un chofer del órgano judicial confesó posteriormente en el transcurso de las indagatorias que la empresa Constructora del Norte, interesada en contratos, le pidió que entregara a Pérez Maqueda los casi 3.5 millones de pesos hallados en la cajuela del vehículo que tenía asignado.

Con esos elementos la Comisión Disciplinaria del CJF determinó separarlo de su cargo, junto con otros cinco servidores públicos, y le impuso una inhabilitación de 20 años para ocupar otro puesto en la administración pública, la cual fue ratificada por unanimidad en agosto del 2019.

Los integrantes de la Comisión Disciplinaria resolvieron que el recurso encontrado a Pérez Maqueda “no correspondía a sus contraprestaciones como servidor público, además de haber aceptado regalos de lujo”.

Adicionalmente se le imputó una sanción económica de $3,491,000 (tres millones cuatrocientos noventa y un mil pesos)” correspondiente al dinero encontrado en el vehículo oficial. Las sospechas que se vertieron sobre este caso es que Pérez Maqueda pudo haber recibido sobornos de empresas favorecidas con contratos millonarios.

Según el diario Reforma, el exservidor público es vecino de Aguilar Morales dentro de un condominio horizontal de 12 casas, en la Colonia San Jerónimo Lídice. El primero vive en la casa marcada con el número 1 y Aguilar Morales en la 10.

El rey de las inhabilitaciones

Pérez Maqueda es uno de los pocos funcionarios de alto nivel jerárquico que ha roto el récord de sanciones en su haber como servidor público. La primera ocasión ocurrió en 1997 cuando se le dictó inhabilitación de cinco años (por causas que aún son desconocidas), sin embargo, en 1998 la Contraloría General del Distrito Federal ordenó revocar la medida por la prescripción de los delitos.

La otra inhabilitación de la que se da cuenta se ubica en los últimos años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En esa ocasión se desempeñaba como director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de la República, y fue señalado por diversas irregularidades, como la asignación discrecional de contratos en materia de informática. Aunque se le inhabilitó por 90 días no se le imputó responsabilidad penal o administrativa.

El caso más escandaloso, como se menciona al inicio del artículo, ocurrió en el 2017 cuando se le encontró la enorme cantidad de dinero, hecho por el que se le inhabilitó 20 años. A esta sanción le sucedieron otras dos: una el 28 de septiembre del 2021 que corresponde a una inhabilitación de tres años por su “falta de veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de inicio, modificación de 2015 y conclusión”.

La otra está fechada el 29 de marzo del 2022, cuando la Comisión Disciplinaria del CJF le sumó otros 10 años de inhabilitación por “deficiencia y descuido en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, en virtud de que omitió dar cumplimiento oportuno a las metas y objetivos previstos en el programa anual de ejecución de obra dos mil quince” y además le fincó una multa económica por la cantidad de $11 ‘064,300.99 (once millones sesenta y cuatro mil trescientos pesos 99/100 M.N.).

El de Pérez Maqueda pertenece a los 13 casos que el CJF sancionó en los últimos seis años. Aunque algunos medios de comunicación como SinEmbargo documentan una cifra superior que rondaría en 53 sanciones: 27 a magistrados y 26 a jueces, esta cantidad no se ve reflejada en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal, así como tampoco en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), cuya base de datos es alimentada por el órgano de vigilancia.

Por si fuera poco, el expediente más turbulento de Pérez Maqueda no está documentado en la PNT. En abril del 2022 un ciudadano solicitó al CJF una copia de la versión pública de todas las resoluciones administrativas impuestas a una treintena de funcionarios, incluida la del extitular de Inmuebles y Mantenimiento, pero el órgano de vigilancia se negó a entregarla aduciendo “falta de competencia”.

En febrero de este año el diario El Universal hizo un registro de las sanciones entre 2020 y 2023 y contabilizó 162 sanciones entre el 2020 y 2023, entre las cuales en 53 procedió la inhabilitación, que comprende hasta 10 años; 32, suspensión, que llega hasta un año; 23, destitución y 54 castigos que contemplan amonestación privada, pública, apercibimiento privado y sanción económica.

Pero esa información tampoco está disponible en el portal de transparencia del CJF. El mismo diario señala que obtuvo esos datos mediante una solicitud a la Unidad de Transparencia del órgano de vigilancia.

Polemón hizo un ejercicio de búsqueda en los sitios oficiales de rendición de cuentas y únicamente aparece el registro de 13 servidores públicos con sanción en los últimos cinco años, entre estos, dos magistrados y un juez de distrito.

Uno de ellos es el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil de Jalisco con residencia en Zapopan, Carlos Ríos Díaz, a quien se le dictaminó una inhabilitación por diez años el 7 de agosto del 2019 por “hostigamiento laboral, acoso sexual, violación a disposiciones relacionadas a derechos laborales, asignación de funciones diversas a las que corresponden al nombramiento conferido y llamadas de atención que trascendieron a los expedientes jurisdiccionales”.

Otro inhabilitado con diez años es el defensor público Luis Alonso Echegaray Rivera, adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Federación en Zapopan, Jalisco, debido a que quería entrevistarse con internos del Penal de Puente Grande sin ser su defensor.

“Se presentó en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 en Puente Grande, Jalisco, identificándose con la credencial que lo reconoce como defensor público federal, con el propósito de entrevistarse con diversos internos, no obstante que se encontraba con licencia sin goce de sueldo, además de que no era el defensor de dichas personas”, señala el expediente, cuya resolución fue aprobada el 26 de octubre del 2021.

Con una inhabilitación de cinco años por “llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual” hacia personal femenino entre los meses de mayo y junio del 2019, le sigue el secretario particular de magistrado, adscrito al Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del centro auxiliar de la primera región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, Carlos Manuel Cruz Leyva, cuyo castigo se resolvió el 12 de mayo del 2022.

“Al momento de saludarla le rozó de forma inapropiada un seno, al siguiente saludo, le tocó de forma inapropiada un glúteo; además, que, en el mes de junio de ese mismo año, cuando la denunciante se había cambiado de ropa en el baño poniéndose unos “leggins” y una playera pegada, llegó el involucrado y con mirada de morbo y lujuria, la recorrió de arriba hacia abajo, provocándole a la denunciante sentimientos de enojo y miedo”, señala el expediente en contra del funcionario.

El magistrado de circuito (ya jubilado) José Francisco Nieto González, adscrito al Primer Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito de Cuernavaca, Morelos, fue inhabilitado diez meses y 15 días el 31 de marzo del 2023 al comprobársele “dilación en el trámite de expedientes”, pero también se le suman acusaciones de acoso y hostigamiento sexual, maltrato a trabajadores y falta de profesionalismo.

Un elemento en común entre todas las sanciones es la impresionante demora en la aplicación de las sanciones; en algunos casos tuvo que pasar casi una década para que se castigara a los servidores, como fue el caso del magistrado Margarito Medina Villafaña, quien fue denunciado el 9 de septiembre del 2013 por una trabajadora del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito en Cholula, Puebla, que vivió bajo acoso sexual y laboral por parte del funcionario.

Pero en lugar de sancionarlo, el CJF lo readscribió a un tribunal colegiado de Sinaloa para que completara el tiempo necesario de su jubilación en abril de 2014. De acuerdo con el portal SinEmbargo, el CJF procedió a inhabilitarlo hasta el 2018 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la sanción, por lo que procedió a cancelarle la pensión complementaria, un beneficio adicional a la pensión del ISSSTE que procede de los fideicomisos del Poder Judicial que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha intentado eliminar.

Aunque el sujeto había sido denunciado anteriormente en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el 2015, esta resolvió no ejercer acción penal.

Según SinEmbargo, del total de denuncias que se han presentado en los últimos cinco años, sólo dos jueces fueron destituidos: el Juez de Distrito Francisco Ramos Silva y Francisco Martín Hernández Zaragoza, ambos acusados por acoso sexual y separados del cargo definitivamente en el 2018.

Para que eso sucediera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que analizar cada caso ya que es la última instancia para ratificar o revertir la sanción, algo que cambiaría con la reforma al Poder Judicial impulsada por López Obrador, ya que se crearía un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas decisiones serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no podrá proceder recurso alguno en contra de estas.

De acuerdo con SinEmbargo, el único magistrado que ha sido destituido en los últimos cinco años es Jesús Guadalupe Luna Altamirano, adscrito al Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, la cual ocurrió en mayor del 2019 al comprobársele que “obtuvo beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que recibió por el desempeño de sus funciones”.

Pero antes de que eso sucediera, el magistrado se destacó por actuaciones polémicas que permitieron, por ejemplo, la liberación en 2008 de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, “El Chapito”, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo Guzmán”, así como de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”.

Además, Luna Altamirano fue denunciado en el 2014 por el Consejo de la Judicatura Federal ante la Procuraduría General de la República porque se le detectaron alrededor de 13 millones de pesos y más de 633 mil dólares que no correspondían a sus ingresos como servidor público.

También fue señalado de exonerar en 2009 al ex Presidente Luis Echeverría Álvarez por la matanza del 2 de octubre de 1968, un fallo sobre el que reconoció la existencia de un genocidio, pero que concluyó diciendo: “no hay pruebas de que el Echeverría –entonces secretario de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz– haya sido responsable”.

No voy a ser cómplice

El Poder Judicial de la Federación ha sido señalado en reiteradas ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como una de las entidades más corruptas del país en donde aún persisten malas prácticas de los juzgadores, por lo que ha insistido en la necesidad de una transformación y someter a elección popular la designación de jueces, ministros y magistrados.

El pasado 11 de junio durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, cuando se discutía en la opinión pública la volatilidad de la moneda mexicana, el mandatario afirmó que no sería “cómplice” de la corrupción en el Poder Judicial, y de manera urgente convocó a la aprobación de la reforma antes que concluya su sexenio.

“Yo quiero cumplir con mi responsabilidad. Sí estoy convencido de que hace falta para lograr una sociedad mejor, que haya un Poder Judicial íntegro, honesto, que represente al pueblo de México y no a una facción, a un grupo, a una mafia del poder económico o político, ¿pues cómo no voy a plantearlo?”, dijo.

El 7 de noviembre del 2023, cuando reveló que el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, mantuvo guardado el expediente de pago de impuestos de TV Azteca por una cantidad de 26 mil millones de pesos para impedir su cobro al dueño de la televisora Ricardo Salinas Pliego, el mandatario tronó en contra del CJF, y acusó al órgano de vigilancia de estar únicamente como “florero”.

Al poner como ejemplo el desempeño de Aguilar, el titular del Ejecutivo resaltó que ningún juez o magistrado ha sido enviado a prisión.

“No funciona el Consejo de la Judicatura, están ahí de florero porque eso es lo que deberían ellos de llevar a cabo. Hay muchos casos de jueces que deberían de ser sancionados, pero no hay ningún juez en la cárcel, ni mucho menos un magistrado, ya no hablemos de ministros”, dijo aquella vez.

El pasado jueves 18 de julio López Obrador retomó el tema en su conferencia matutina en Palacio Nacional en donde además exhibió una lista de empresas deudoras al SAT, cuyos casos están detenidos desde hace meses en el Poder Judicial. También barrió a los jueces que con la excusa de sentirse amenazados han puesto en libertad a presuntos criminales de organizaciones delictivas. A ellos les recomendó que mejor se dediquen a otra cosa.

“Y el caso más utilizado es: ‘Sí, pero ¿y la amenaza?’ Ah, sí, si hay amenaza pues pide que te cambien, pide que protejan… pide que te cambien, pide que te protejan. ¿No quieres riesgo?, dedícate a otra cosa, pero si eres juez no puedes actuar por amenaza y dejar en libertad a un presunto delincuente. Además, no uses eso como excusa cuando está de por medio el dinero”, señaló.

La ínfima cantidad de servidores sancionados y separados de su cargo definitivamente parecen confirmar la aseveración del mandatario. La cifra que maneja el CJF en su portal de transparencia y la que han presentado algunos medios de comunicación no concuerda, ya que esta debería estar a simple vista sin necesidad de requerirla por solicitud, como parte del ejercicio de rendición de cuentas.

Por si fuera poco, en algunos casos no se puede conocer el nombre del infractor, ya que los expedientes se encuentran testados para supuestamente garantizar su derecho a la protección de datos personales, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El portal de transparencia del CJF incluye dos rubros, uno denominado Servidores Públicos con Sanciones Administrativas que incluye el listado de aquellos funcionarios que han sido acreedores a una sanción administrativa definitiva, especificando su causa y disposición, y de los cuales como se dijo anteriormente, se advierten únicamente 13 sancionados desde que inició el sexenio de AMLO.

El otro se clasifica como Resoluciones Emitidas en los Procedimientos Disciplinarios que contiene una lista de resoluciones y laudos seguidos en forma de juicio, entre las que se encuentran principalmente aquellas sanciones relacionadas con omisiones en la presentación de declaraciones de situación patrimonial.

En este apartado se tiene un conteo de 441 casos que iniciaron en el 2022 y finalizaron en el 2023, la mayoría de ellos sin sanción, con amonestaciones públicas o apercibimientos privados. En el siguiente ejercicio, 2024, el CJF documentó 661 casos.

Las sanciones en contra de los servidores públicos que pertenecen a este poder son relativamente escasas si se compara con el universo total de trabajadores que se encuentra en su nómina, el cual asciende a más de 54 mil, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2023 presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Hay que seguir limpiando de corrupción al gobierno, a los tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y donde hay más corrupción ahora, sobre todo en el ámbito federal, es en el Poder Judicial. Está muy echado a perder”, dijo López Obrador en abril del 2021 cuando presentó por primera vez las bases de la reforma al Poder Judicial.

En esa fecha, el 17 de abril concretamente, el Senado de la República aprobó las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial para erradicar el nepotismo y la corrupción entre jueces y magistrados, pues como señaló recientemente la ministra Lenia Batres Guadarrama durante su participación en un foro de diálogo sobre la reforma al Poder Judicial, la mitad de los trabajadores de este tienen contratados a por lo menos dos familiares y existe un caso donde 65 trabajadores pertenecen a una misma familia y fueron contratados entre sí.

La ministra compartió los resultados del estudio “¿Mérito o nepotismo?”, que fue realizado en 2022 por el propio CJF, el cual arrojó que el 23.8% tienen más de cuatro parientes, 49%, dos.

La nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial prohíbe expresamente a jueces y magistrados la contratación a familiares, amigos y allegados y establece que todos los cargos se obtendrán a través de concursos de oposición y también se someterá a concurso el desempeño, la permanencia en el cargo y los ascensos.

Asimismo, con las modificaciones se establecen sanciones más severas que van desde el retiro temporal hasta la inhabilitación por 20 años de los juzgadores, de tal manera que jueces, magistrados y empleados que hayan aceptado sobornos o incurrido en tráfico de influencias, tendrán la obligación de restituir dos veces los beneficios que hubieran obtenido para sí o un tercero y además deberán pagar una indemnización si provocaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal.