Por: Redacción (@revistapolemon)

El juzgado de Instrucción 4, radicado en Madrid, España, abrió una averiguación previa con el número de expediente 907/18, en contra de los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea Villanueva por el presunto blanqueo de capitales en favor del candidato presidencial del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya.

De acuerdo con el diario español La Gaceta, el procedimiento inició después de que se presentó una denuncia anónima “por temor a represalias” ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

El organismo español comenzó las investigaciones por el presunto lavado de dinero por parte de Ricardo Anaya, después de descubrir que en la trama está implicado el ciudadano español Pedro Olea, quien de acuerdo con el Registro Mercantil Central Español, también administra 14 compañías fantasma pertenecientes al sector del ocio y restauración, las cuales tienen deudas con acreedores, carecen de empleados y cuentan con importantes intereses económicos en Querétaro, a través de la compañía Advance Real Estate.

Ricardo Anaya. Foto: Especial

Por parte del  empresario mexicano Manuel Barreiro Castañeda, se cuenta con la información de cómo a través de la empresa Manhattan Master Plan, le compró a Ricardo Anaya una nave industrial por 54 millones de pesos, una operación que según la información obtenida por las autoridades españolas, contó con la asesoría de Olea para desviar los fondos de manera ilegal a través de paraísos fiscales en España, Gibraltar y Canadá.

La denuncia plantea que ambos “fueron presuntos autores intelectuales y materiales de la creación de  una estructura financiera para lavar fondos de procedencia ilícita en beneficio del candidato presidencial Ricardo Anaya”.

Ricardo Anaya. Foto: Especial

De confirmarse las sospechas, los implicados podrían ser llamados a declarar ante la justicia española y podrían recibir de seis meses a seis años de prisión, además de una multa del triple del valor de los bienes, pues así lo demanda el artículo 301 del Código Penal español.

“El artículo 301 del Código Penal español señala que quien adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triple del valor de los bienes. Señala también que con las mismas penas se sancionará la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos y que el culpable será igualmente castigado, aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero” fue lo que expuso el diario español al dar a conocer la noticia.

Hasta ahora, las autoridades sólo han congelado las cuentas bancarias de ambos empresarios, quienes se encuentran prófugos de la justicia mexicana.