Una juez federal vinculó a proceso a la propietaria de una compañía señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como factureras, la cual obtuvo contratos públicos millonarios pese a estar boletinada por la autoridad fiscal.
Se trata de Cecilia Guadalupe Orta Sosa, administradora única de Interacción Biomédica, empresa que en 2018 recibió tres contratos por un monto total de 11 millones 147 mil 692 pesos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, cuando el tesorero del hospital era Javier Tapia Santoyo, exsecretario administrativo del IPN.
La resolución fue emitida por la juez Patricia Sánchez Nava, adscrita al Reclusorio Oriente, quien determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal en contra de Orta Sosa por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en su modalidad aplicable a particulares.
La juez consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó datos de prueba suficientes para acreditar la existencia del delito y la probabilidad de responsabilidad de la empresaria, al haber participado en procedimientos de contratación cuando su empresa ya había sido señalada por el SAT como simuladora de operaciones.
En contraste, por los mismos hechos, la juzgadora resolvió no procesar a diversos exfuncionarios del hospital, entre ellos Javier Tapia Santoyo, Rodrigo Alberto Rodríguez Briseño y María Dolores Arellano Sesmas, al determinar que en 2018 aún no estaba vigente la prohibición expresa para que las dependencias públicas contrataran empresas señaladas como factureras, ley que entró en vigor en enero de 2020.
No obstante, la juez subrayó que esta excepción no aplicaba para la empresaria, ya que, en su calidad de particular y administradora única, tenía la obligación de abstenerse de participar en contrataciones públicas desde el momento en que la empresa fue incluida en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
“Este órgano está imposibilitado de resolver por analogía… Interacción Biomédica tenía conocimiento y sabía de lo indebido de los contratos y usted tenía la calidad de administradora única”, sostuvo la juzgadora durante la audiencia.
Los contratos señalados como irregulares corresponden a dos adjudicaciones realizadas el 13 de abril de 2018 mediante el esquema de invitación a cuando menos tres personas: uno por 2 millones 694 mil 912 pesos para estudios de electromiografía y otro por 2 millones 784 mil pesos para el arrendamiento de equipos portátiles de Rayos X digitales.
El tercer contrato fue una adjudicación directa por 5 millones 668 mil 780.80 pesos para la compra de materiales de curación de alta especialidad, como bolsas de alimentación parenteral y dispositivos para transferencia de soluciones.
Víctor Zamora Rosales
5 febrero, 2026 at 8:43 pm
Que bueno que el SAT ya está llevando ante la ley a los factureros.
Ya nada más les faltan como dos millones de esos delincuentes.