A finales de agosto de 2015, José Antonio Meade Kuribreña y Rosario Robles encabezaron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) respectivamente.
A través de ambas instancias, fueron desviados millones de pesos para favorecer campañas políticas del PRI, como la carrera presidencial de Meade en 2018.
Estos desvíos se hicieron utilizando esquemas de defraudación, como la “Estafa Maestra”, que causó daños al erario público, entre 2013 y 2014, de al menos 7 mil 670 millones de pesos.
Por ese motivo, Robles se encuentra presa actualmente, e incluso recientemente ha presentado su disposición para acogerse a la figura de testigo colaborador, con la finalidad de brindar pruebas contra altos funcionarios de ese sexenio a cambio de beneficios en su proceso penal.
No obstante, José Antonio Meade no ha enfrentado ningún cargo. Entre agosto y septiembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que el ex funcionario público no era investigado ni enfrenta causas penales.
A pesar de ello, la defensa de Robles asegura que Meade estaba al tanto de las irregularidades no solventadas durante su gestión como titular de la Sedesol, entre 2012 y 2015.
Asimismo, el ex secretario de Pemex, Emilio Lozoya, lo acusa de haber participado en acuerdos irregulares relacionados con la planta Etileno XXI en el sexenio de Felipe Calderón.
Y, aunque él asegura que sus funciones públicas siempre fueron apegadas a la “honorabilidad y legalidad”, las dependencias que encabezó causaron probables daños al erario público por 2 mil 979 millones 721 mil 445 pesos, según cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Responsabilidad administrativa
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no sólo los funcionarios públicos que hayan incurrido en actos u omisiones relacionados con faltas administrativas graves y no graves son sujetos a sanción.
También lo son las personas que encubran y obstruyan la justicia, ya que, teniendo conocimiento de algún delito cometido, no dieron parte a las autoridades pertinentes.
Entre 2013 y 2015, cuando Meade fue Canciller mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acumuló irregularidades no solventadas por 52 millones 350 mil 15 pesos.
Luego, al frente de la Sedesol (2015-2016) quedó a deber la aclaración de 2 mil 337 millones 294 mil 687 pesos y, como secretario de Hacienda y Crédito Público (2016-2017) también causó probables daños a la Hacienda Pública por 590 millones 76 mil 743 pesos.
De acuerdo con datos de 205 auditorías, en 2013-2017 hubo 106 causas de probables daños al erario público en SRE, Sedesol y SHCP, mismas que están relacionadas con pagos anómalos, daños materiales, deficiencias administrativas, omisiones contables e incumplimientos contractuales.
¿Y el desarrollo social?
Meade estuvo al frente de la Sedesol entre agosto de 2015 y septiembre de 2016, periodo en el que el monto de las irregularidades alcanzó casi los 3 mil millones de pesos, casi el equivalente al presupuesto ejercido en el Programa de Fomento a la Economía Social, que buscaba invertir en proyectos productivos que contribuyeran a mejorar el ingreso de las personas en situación de vulnerabilidad.
La gran mayoría de las anomalías comenzaron en la administración de Robles, pero muchas se desarrollaron ya durante la gestión de Meade y, además, sus consecuencias fueron dadas a conocer a la Sedesol ya durante su administración.
Como ejemplo está la simulación de operaciones con triangulación de recursos, vinculada con el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Según la ASF, esa simulación causó daños de 499 millones 15 mil 372 pesos, que derivaron de acuerdos entre el 15 de junio y el 31 de diciembre por la Sedesol y otras autoridades estatales, municipales y organizaciones civiles en 14 estados del país.
“Se invitó a personas físicas y morales que no tenían capacidad, experiencia y especialidad en la materia, aunado al hecho de que los costos reportados por cada uno de los participantes no son congruentes respecto de las condiciones del mercado al momento del estudio realizado, […] lo que permite suponer que los precios establecidos en esta etapa fueron manipulados para incrementarse”, indica una de las auditorías.
En 2015, las irregularidades no solventadas en Sedesol ocasionaron mil 973 millones 847 mil 154 pesos en probables daños al erario público federal.
Asimismo se suman 363 millones 447 mil 533 pesos en irregularidades no solventadas durante 2016, entre las que se encuentran anomalías en obras de infraestructura pública hospitalaria, pago de apoyos a personas difuntas con recursos de los programas de Pensión para Adultos Mayores y de Empleo Temporal, así como supuestos desfalcos con modus operandi como el de la Estafa Maestra.
También en la SRE
Entre diciembre de 2012 y agosto de 2015 Meade se desempeñó como Canciller mexicano. Ahí, la organización civil Juntos Podemos recibió 1.5 mil millones de pesos en donaciones del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para apoyar a personas migrantes.
Según la información publicada, la SRE y la SHCP organizaron una ruta de dinero para financiar a la organización de la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, a cambio de que apoyara y operara a favor de Enrique Peña Nieto.
Además, según la ASF, entre 2014 y 2015 la SRE causó daños al erario público por 52 millones 350 mil 15 pesos por faltas administrativas que incluyen:
- Bienes y servicios injustificados o no comprobados
- Falta de aplicación de penas convencionales a proveedores
- Incumplimiento de contrato relacionado con la gestión de Tecnologías de Información y Comunicación
Y, por si fuera poco, entre 2016 y 2017, la SHCP a cargo de Meade fue la cede de irregularidades que causaron daños probables por 590 millones 76 mil 743 pesos mediante sus órganos desconcertados, como Banobras, Bansefi, Condusef, entre otros.