Jorge Romero y el PAN avalan operación de la CIA en Chihuahua

La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sierra de Chihuahua ha dejado al descubierto un operativo clandestino en territorio mexicano y, de paso, ha activado un mecanismo de defensa en la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN). Jorge Romero, dirigente nacional del blanquiazul, ha salido a blindar a la gobernadora Maru Campos Galván, priorizando una narrativa de “resultados” por encima del cumplimiento estricto de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

A través de un comunicado oficial, Jorge Romero no solo minimizó la presencia de agentes extranjeros operando sin el aval de la Federación, sino que “respaldó a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y aplaudió el operativo en el que participaron dos agentes estadounidenses sin autorización federal”. Para la nueva dirigencia panista, el hecho de que oficiales de inteligencia de Estados Unidos hayan ingresado a México para realizar tareas de combate al narcotráfico es un detalle menor frente al decomiso de metanfetamina.

Jorge Romero y Alessandra Rojo De la Vega en la marcha de relanzamiento del PAN. Foto: Rodrigo González “Eneas” / Polemón

En una maniobra que intenta trasladar la crisis política hacia Palacio Nacional, Romero “reclamó al Gobierno federal la ‘politización’ del caso, en lugar de reconocer los ‘resultados’ del operativo”. Sin embargo, la retórica del líder del PAN omite que el control de la seguridad nacional y la relación con agencias extranjeras son facultades exclusivas de la Unión, no concesiones sujetas a la voluntad de un gobierno estatal.

En su defensa, el panista aseguró que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum sería el responsable último de que oficiales extranjeros transiten armados o realicen labores de inteligencia en la sierra chihuahuense: “En caso de existir presencia de agentes extranjeros corresponde a la Federación autorizar, supervisar y explicar los términos de su participación, conforme al marco legal vigente”. Bajo esta lógica, el PAN sugiere que la gobernadora no tenía obligación de informar sobre el estatus de sus “invitados”, a pesar de que el Gabinete de Seguridad confirmó que estos ingresaron al país con permiso turístico y diplomático, respectivamente.

El control de daños de la administración de Maru Campos ha sido, por decir lo menos, errático. Al inicio, la mandataria estatal panista “informó que se trataba de dos instructores de drones”; no obstante, tras el deceso de los agentes y la presión institucional, tuvo que acudir a una reunión de emergencia con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Tras dicho encuentro, se reveló que “los agentes no tenían permiso para participar en operativos de seguridad en el País”, vulnerando los acuerdos de cooperación binacional.

Pese a estas evidencias, Romero insistió en que la actuación de la gobernadora es un ejemplo de firmeza, afirmando que “en Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”. Lo que el comunicado no aclara es cómo se puede hablar de “carácter” cuando se permite que una potencia extranjera opere por la libre en territorio nacional, sin informar a la SEDENA ni a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al señalar que “si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió”, el PAN intenta equiparar la omisión informativa del estado con una supuesta ineficacia federal.

Mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará un informe pormenorizado sobre este caso.