Aunque algunos legisladores de Movimiento Ciudadano como el exrector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, han salido en defensa de la Iniciativa Mérida que firmó el expresidente Felipe Calderón con el Gobierno de Estados Unidos en el 2008, para combatir el narcotráfico, lo cierto es que el tratado funcionó en completo sigilo y alejado de la transparencia gubernamental.

Más aún, el corresponsal de Proceso en Washington, J. Jesús Esquivel, asegura que este convenio le permitió a Calderón Hinojosa tratar a las víctimas del combate al narcotráfico como ‘daños colaterales’.

“En México la Iniciativa Mérida fue una herramienta creada por Felipe Calderón y el Gobierno de Estados Unidos que coadyuvó a generar la inestabilidad y la guerra contra el narcotráfico militarizada que resultó en la muerte de decenas de miles de mexicanos como acto funesto, la Iniciativa Mérida sirvió para que Felipe Calderón tratara a las víctimas del narcotráfico como daños colaterales”, dice en un pequeño clip que se encuentra en sus redes sociales.

De acuerdo con el periodista, el Gobierno de Estados Unidos ya está informado de las modificaciones que pretender hacer el Gobierno de México a ese acuerdo bilateral.  Dice además que a Estados Unidos no le interesa frenar la violencia que viven los mexicanos.

“A Estados Unidos lo único que le conviene es detener el trasiego de las drogas que llegan a los Estados Unidos, y no parar la inseguridad y la violencia contra los mexicanos. Esto quedó corroborado con los reportes que presentó la DEA, por ejemplo, en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, en Brooklyn, Nueva York”, añade el periodista.

Enrique Peña Nieto y Barack Obama continuaron la Iniciativa Mérida. Foto: Especial.

 

Por su parte, el académico de la UNAM, Ernesto Villanueva, documentó —también en la revista Proceso— que el Gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a entregar información de la Iniciativa Mérida que le fue requerida a través de la Ley de Transparencia.

El tratado incluyó la donación a México de cuatro aeronaves de vigilancia marítima CASA 235, valuados en 50 millones de dólares cada uno, que fueron entregados a la Secretaría de Marina, y una aeronave de vigilancia Dornier 32, valuada en 21 millones de dólares que fue entregada a la Policía Federal. Además, se estableció un sistema fronterizo de telecomunicaciones seguro entre 10 ciudades hermanas de Estados Unidos y México valuado en 13 millones de dólares.

El Gobierno Estadounidense también otorgó nueve helicópteros UH-60M Blackhawk que fueron entregados, tres a la Marina mexicana (SEMAR) y seis a la Policía Federal.

Lo insólito es que de todo ese equipamiento que llegó a México, sólo la SEMAR recibió los helicópteros y lo demás desapareció del inventario.

Tras su investigación, Ernesto Villanueva concluye lo siguiente: “¿En verdad no les importa a los ciudadanos del país del norte contribuir involuntariamente a enriquecer, aún más, a funcionarios del gobierno mexicano? Es posible pensar que buena parte de esos donativos no fueron destinados a los objetivos esperados, sino a los negocios de algunos altos funcionarios”.