Hoy en día, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) es el organismo principal de la salud pública para hacer frente al coronavirus Covid-19 en nuestro país.
Ante la emergencia sanitaria, el personal que ahí labora ha manifestado la falta de insumos básicos. como cubrebocas y equipos de protección adecuados, así como de protocolos para atender a pacientes sospechosos de portar esta enfermedad.
Los trabajadores solicitaron reforzar las medidas porque, en 2009, cuando ocurrió el brote de influenza AH1N1 “se contagiaron más de 170 compañeros”.
Sin embargo, las irregularidades en esta institución de salud tienen antecedentes notables en 2016 y 2018:
En 2016 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el área de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud y, en 2018, los proyectos de infraestructura y desempeño del Instituto.
Así, notó que desde 2011 el presupuesto de la institución aumentó de manera notable y luego entró en un periodo de estabilidad.
En 2016 contó con un presupuesto de 243 millones 116 mil 420 pesos y, en 2018, de 274 millones 745 mil 041 pesos respectivamente.
En 2019 el presupuesto disminuyó a niveles parecidos a los de 2015, logrando 223 millones 226 mil 984 pesos mientras que, para 2020, aumentó a 271 millones 025 mil 669 pesos.
Por ello, la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció tener un problema de desvinculación de las investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, mismos que requieren constante investigación y de nuevas aplicaciones tecnológicas.
En ese estatus es como llegó el INER a la crisis causada por la pandemia del coronavirus.
Lo que ocurrió en 2016
De acuerdo con la investigación realizada por la ASF en aquel año, el INER determinó no identificar los padecimientos respiratorios y emergentes sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación.
Tampoco acreditó la correspondencia de los temas prioritarios con las investigaciones hechas, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los 119.5 millones de mexicanos vulnerables a padecer estas enfermedades.
Además, no reconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos.
Lo anterior causó que el INER no delimitara su campo de acción. En 2016 la institución desarrolló 407 investigaciones sin definir su clasificación en básicas y aplicadas, ni por su contribución al desarrollo científico y tecnológico.
Para la difusión llevó a cabo 215 actividades, pero no se sabe si esos eventos estuvieron vinculados con lo investigado, ni que hubieran sido dirigidos a la sociedad en general.
Tampoco se clasificaron los resultados de las 407 investigaciones desarrolladas, en los beneficios para la población, lo que habría permitido comprender, prevenir, diagnosticar y tratar los padecimientos prioritarios del Instituto.
Millones pendientes en 2018
Durante el último año del sexenio de Peña nieto, al revisar los proyectos de infraestructura, fueron fiscalizados 63 millones de pesos que estaban dedicados a la conservación y mantenimiento en condiciones adecuadas delos bienes inmuebles para garantizar la operación del INER, la seguridad de los pacientes, del personal y de los visitantes.
La auditoría dejó pendientes 4 millones 368 mil 168 pesos por aclarar.
Además, la revisión del Programa de Mantenimiento de Protección Civil arrojó que se hicieron obras sin un dictamen estructural, sin registro de obra ejecutada ni la intervención de un Director responsable de obra para la realización de los trabajos.
En otras obras hubo diferencias de volúmenes de obra pagada contra lo verificado físicamente, obra retrasada y pagos por conceptos no previstos e innecesarios.
Finalmente, la ASF encontró deficiencias en la administración y la utilización de medicamentos controlados, como el sulfato de morfina y el citrato de fentanilo, lo que puso “en riesgo la disponibilidad de este tipo de opáceos necesarios para mitigar el dolor de los padecimientos respiratorios”.
La investigación científica también estuvo rezagada: no hubo criterios ni estrategias para motivar a los investigadores a que consideraran el número de casos de enfermedades más recurrentes registrados en el instituto y así propiciar más estudios enfocados en atenderlos.
Tampoco se hizo un diagnóstico situacional sobre la suficiencia de la infraestructura y el equipamiento médico que asegurara el otorgamiento de los servicios médicos de alta especialidad a la población que lo requirió en ese año.
Finalmente, en la obra pública no se justificó la adecuación de los almacenes de víveres, farmacia y mantenimiento operativo, por un total de 10 millones 598 mil 888 pesos.
En la obra de “Reforzamiento y adecuación de barda perimetral de piedra”, el INER rechazó la propuesta económica que ofreció la mejor condición de precio.
Samuel Sanchez Grijalva
10 abril, 2020 at 6:52 pm
NO cabe duda que nos dejaron un chiquero estos kuinos que se fueron