La agrupación “Para todos todo”, conformada por ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, pide al Presidente Andrés Manuel López Obrador establecer vías de reinserción laboral, como ubicar y detener el robo de electricidad del que responsabilizan a mil grandes empresas, que consumen el 22 por ciento de las ventas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El ex trabajador disidente Mario Benitez Chávez explicó que las pérdidas suman más de 30 mil millones de pesos, según las propias cifras oficiales.

Además planteó cuánta energía y dinero se podría recuperar si fueran revisadas las mil empresas grandes consumidoras de casi una cuarta parte de la electricidad, así como las 300 mil empresas medianas que consumen el 37 por ciento.

Al respecto, el titular de la CDRE, Manuel Bartlett Díaz, ya había declarado en febrero que “toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”.

“La cruzada nacional contra la corrupción, como eje sexenal, debe ser respaldada por los trabajadores. Petroleros y electricistas deben participar, pero los de base, los de abajo, y no las cúpulas sindicales quienes han sido parte y se han beneficiado del robo y del saqueo”, explicó Benitez.

¿A cuánto ascienden las pérdidas para la CFE?

En 2017, la CFE indicó haber tenido pérdidas técnicas -por disminución de voltaje- y no técnicas -derivadas del robo de energía-, por 46 mil 592 millones de pesos, es decir, del 13.5 por ciento de lo generado.

Debido a pérdidas técnicas, la CFE dejó de recibir 16 mil 267 millones de pesos, mientras que por robo, alteración de medidores o falta de pago, perdió 30 mil 325 millones de pesos.

En febrero pasado, Bartlett Díaz anunció que fueron robados más de 30 mil millones de pesos, principalmente por grandes corporativos.

“Siempre ha habido robo de energía en grandes empresas, en hoteles, en grandes industrias que manejan los medidores y se ha generado desde hace años el no pago de los grandes. No son los chiquitos. Toda una colonia no se puede robar lo que se puede robar una empresa”, dijo.

Según el Observatorio Ciudadano de la Energía, el sistema eléctrico de la CFE se compone de ventas anuales con un 22 por ciento de la energía para mil empresas grandes; 37 por ciento para 300 mil empresas medianas; 25 por ciento para 33 millones de usuarios comerciales, agrícolas y de servicios.

“La disyuntiva es que son mil empresas que consumen el 22 por ciento y 33 millones de hogares otro 25 por ciento. Vamos a impedir que nos sigan robando. Esas mil empresas tenemos que revisarlas, conectarlas, que no alteren los medidores. Es posible, estamos convencidos, y contamos con personal -a todos los que nos corrieron les sabemos a eso- y esas empresas están sobre todo en la Ciudad de México y el Estado de México”, aseguró el ex trabajador Mario Benitez.

Entre esas mil empresas, añadió, se encuentra la Embotelladora Mexicana Pepsico, que en 2012 fue acusada por la CFE ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por robarle electricidad durante cuatro años. La firma, entonces, se comprometió a pagar 105 millones de pesos.

Los adeudos de la empresa correspondían a dos plantas embotelladoras, una en Acoxpa y otra en Calzada de La Viga, en la Ciudad de México, conectadas en servicio de media tensión y con medidores que fueron revisados en mayo de 2012 por la CFE, mismos que marcaban un consumo menor al real.

“Aquí vamos a revisar quiénes son esas mil. No hay más que irse al directorio, sus oficinas, sus divisiones, sus subsidiarias y así podemos evitar este huachicoleo eléctrico. No puede funcionar como en el caso Pemex, porque ahí cortan ductos a partir del monitoreo central. Aquí no podemos cortar la luz. Se tiene que hacer con servicio y eso lo hacen nuestros compañeros, ellos trabajan con línea viva, saben de la facturación. ¿Cómo van a poner orden y recuperar 30 mil millones de pesos al año?”, dijo Benitez.

Y las empresas no son las únicas que roban electricidad. El gobierno de Puebla colocó “diablitos” en la Vía Atlixcáyotl para robarse la luz.

Hace unos días, mediante un comunicado de prensa se dio a conocer que la CFE está cobrando adeudos de la gestión anterior por más de 2 millones 800 mil pesos tanto de Rafael Moreno Valle (2011-2017) como de Antonio Galí Fayad (2017-2018).

En total se deben 2 millones 457 mil pesos correspondientes al periodo del 22 de diciembre de 2012 al 22 de octubre de 2018; del 25 de agosto de 2017 al 16 de octubre de 2018 se deben 259 mil 34 pesos y, del 5 de abril al 7 de diciembre de 2018, hacen falta 110 mil 364 pesos.

Además, los más de 16 mil trabajadores también proponen, como parte de su plan de reinserción laboral, cooperar en la clasificación de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que se están dando a conocer en el Archivo General de la Nación.

“Vamos a capturar, digitalizar, transcribir 36 años de archivos, desclasificar 36 años de guerra sucia. En Luz y Fuerza teníamos compañeras secretarias talentosísimas. Queremos que se sepa, queremos trabajar y esa fuerza de trabajo la queremos”, reiteró.

Su acercamiento con AMLO

Durante los meses que lleva la nueva administración en el poder, los electricistas disidentes han solicitado a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Energía, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la CFE y al Instituto Mexicano del Seguro Social una audiencia para tratar la petición de desclasificar los documentos en torno a la extinción de Luz y Fuerza en octubre de 2009.

“Creímos y confiamos en la dirección sindical del SME, pero Martín Esparza Flores se corrompió y coludió con los gobiernos del PRIAN (…) Desde aquel 11 de octubre de 2009, hemos vivido en condiciones precarias, tratando de sobrevivir, siendo perseguidos del gobierno, boletinados para no encontrar una fuente de empleo formal, reprimidos y agredidos por una dirigencia sindical sin escrúpulos”, se lee en la solicitud de audiencia con los titulares de las dependencias mencionadas.

Sobre el tema, Martín Esparza Flores dijo que “el Sindicato está vivo, compañeros. Está firmo y con la cara muy en alto para continuar esta lucha (…) Aquí estamos defendiendo nuestra organización sindical y los derechos de los trabajadores. Hoy tenemos que seguir luchando porque se restituyan los derechos de los trabajadores en el país. En todos estos años de política neoliberal el diagnóstico es devastador contra los trabajadores”.

Además invitó a hacer una Convención Nacional Democrática, sin las centrales corporativas ni los “charros”.

Esto, para los disidentes, no fue mas que un discurso “hipócrita” y “vacío”.

También han ido al Poder Legislativo. Fue el pasado noviembre cuando los diputados Nelly Carrasco Godínez, Erika Vanessa del Castillo Ibarra y Sergio Pérez Hernández, de Morena, así como Gerardo Fernández de Noroña, del PT, propusieron un punto de acuerdo para pedir la desclasificación de los documentos de Luz y Fuerza del Centro.

La propuesta pasó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, donde está pendiente su discusión.

Luz y Fuerza del Centro

Hasta el 11 de octubre de 2009, la Compañía Luz y Fuerza estaba integrada por 44 mil activos y 22 mil jubilados.

El Gobierno de Felipe Calderón encabezó su extinción, con casi 28 mil integrantes que aceptaron la liquidación y 16 mil 599 que quedaron en resistencia, exigiendo que se respetara su contrato colectivo y su antigüedad.

No obstante, la agrupación “Para todos todo” encontró que mediante el pago de jubilaciones, liquidaciones, la Generadora Fénix y la Cooperativa LF del Centro, surgidas tras la desaparición de la compañía, el líder sindical, Martín Esparza y otros 25 miembros del Comité del SME, se beneficiaron económicamente.

Así, Esparza Flores recibió una liquidación de 5 millones 129 mil pesos por 23 años de trabajo. Sus cercanos y miembros del Comité del SME también obtuvieron cantidades muy superiores a las del resto de los trabajadores, según revela el certificado del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

“Específicamente hay un grupo de 122 personas que son los del Comité Central [del SME] y allegados que juntaron un monto aproximado de 300 millones de pesos por concepto de liquidación. Las liquidaciones van entre 1 y 7 millones de pesos. No hubo algún parámetro exacto que pudieran tomar para determinarlas; la antigüedad y categorías no contaron, solo los parentezcos con la dirección del sindicato”, dijo la trabajadora electricista Jazmín Serrano.

Solicitan la desclasificación de documentos

Para resolver la duda de por qué cerraron la compañía y qué hizo Martín Esparza con la entrega de liquidaciones y rentas vitalicias, así como con la Generadora Fénix y la Cooperativa LF, los disidentes del SME solicitan la desclasificación de documentos sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

No obstante, acusan que hasta ahora han recibido solamente la reserva de información y agresiones.

“Cuando queremos levantar la voz, somos expulsados, somos rechazados, somos golpeados. En toda esta desclasificación de documentos de la extinción de LyF están los negocios de la dirigencia, los beneficios para familiares y allegados. Debe haber un papel firmado”, dijo el disidente Aldo Conde.

Otro de sus compañeros, Claudio Herrera, dijo que es injusto que un pequeño grupo se haga rico a costillas de los trabajadores que quedaron desempleados.

“Si nos transportamos a antes de 2009, muchos no tenían ni para zapatos y en este momento en Necaxa -Puebla- tienen infinidad de locales o bares y se pasean en coches”, dijo.

Mario Benitez exige saber los motivos reales para que se haya extinto la compañía. “No puede ser responsabilidad del trabajador la quiebra”, agregó.