Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, propuso este jueves ante la el pleno de San Lázaro el rediseño del Gobierno federal mediante una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con esto se contempla compactar plazas de confianza, eliminar oficialías mayores y direcciones adjuntas en secretarías de Estado.

“Respecto de las medidas de austeridad y racionalidad que el futuro gobierno instrumentará de inmediato, en futuras iniciativas, o mediante acuerdos ejecutivos, se procederá a determinar la compactación o disminución de plazas de mando medio o superior, incluyendo las direcciones generales adjuntas que fueron creadas a partir de diciembre de 2006 sin que mediara justificación suficiente sobre su necesidad”, indica el documento.

La iniciativa contempla además la creación de dos secretarías y la reestructuración de otras.

Por ejemplo, se restarán atribuciones a la Secretaría de Gobernación (Segob), que se enfocará en la política interior, al diálogo democrático y a la atención integral de víctimas.

Además, pasará de seis subsecretarías a sólo tres: Gobierno, Derechos Humanos y Democracia Participativa.

También perderá funciones policiacas para crear la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la cual absorberá las tareas de Seguridad y Protección Civil que actualmente tiene la Segob. También integrará al Centro Nacional de Inteligencia, una vez que desaparezca el Cisen.

Por otra parte, se robustecerá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual asumirá la política general en contrataciones públicas y formará parte de las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público.

Asimismo se encargará del padrón de beneficiarios de programas gubernamentales, los cuales habrá de depurar, es decir, que deberá eliminar los programas sociales que estén duplicados.

En el caso de la Oficina de la Presidencia, con esta modificación tendrá más facultades, pues tendrá a su cargo la política de comunicación social del gobierno federal y a los coordinadores estatales que además tendrán legalidad bajo la figura de Delegaciones de Programas para el Desarrollo.

Estos últimos tendrán a cargo la coordinación de acciones, en materias prioritarias, con las autoridades estatales, municipales y de la Ciudad de México.

En la actualidad existen 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de las dependencias, que deberán presentar sus resultados al titular del Poder Ejecutivo y, que serán suprimidas si su presencia no se considera útil y resulta onerosa.

Además, la reforma incluye el cambio de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por la Secretaría de Bienestar, y el de la Sagarpa por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual tendrá como instituciones sectorizadas a Liconsa y Diconsa.

La Secretaría de Economía podrá promover obras de mejora en las zonas con actividad minera para el beneficio sustentable de comunidades, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibe las bases para cancelar la Reforma Educativa, lanzar un “amplísimo programa de becas) y tener el control de los programas nacionales de educación, deporte, juventud, ciencia y tecnología.

“Esto tiene que estar lo más pronto posible (…) La idea es aprobarlo lo más pronto posible para que el Presupuesto de Egresos ya venga a partir de esta nueva estructura”, explicó Delgado.

Hacienda será “supersecretaría”

Con la reforma propuesta a la Ley de la Administración Pública Federal, se establece que la SHCP controlará las adquisiciones del Gobierno, integrará los padrones de beneficiarios de programas sociales y realizará las negociaciones internacionales relacionadas con compras del sector público.

La secretaría estará a cargo de Carlos Urzúa, quien se encargará de planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Carlos Manuel Úrzua Macías. Foto: Especial

Además, estará facultado para emitir e interpretar las normas, lineamientos, manuales y demás instrumentos análogos que se requieran en compras y obras, así como promover la homologación de políticas, normas y criterios en materia de contrataciones públicas.

También se contempla la eliminación de oficiales mayores en todas las dependencias y la creación en su lugar de la Unidad de Administración y Finanzas, cuyos titulares serán elegidos y removidos por la misma Secretaría de Hacienda.

Esta dependencia sí contará con una Oficialía Mayor, y desde ella se realizará la consolidación de compras y regulación de normas de las unidades administrativas de las demás dependencias. Dicha oficialía se encargará de la administración propia de Hacienda.