El juez federal quinto de Distrito en Materia Administrativos, Juan Carlos Guzmán Rosas, quien en julio y agosto otorgó amparos para frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, se prepara para levantar esos obstáculos después de haber analizado el caso.

Guzmán Rosas ordenó en julio y agosto suspender las obras del aeropuerto de Santa Lucía, indicando que no se cumplían los estándares de seguridad.

Además, en ese entonces indicó que los quejosos (el colectivo No más Derroches, que está ligado a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización que pertenece a Claudio X. González, además de la Coparmex dirigida por Gustavo de Hoyos) tenían el derecho a que los recursos del gobierno se ejercieran con eficacia, y por lo tanto, suspender las obras de Santa Lucía.

Diseño del Aeropuerto en Santa Lucía. Foto: Especial

Ahora, según el diario Reforma, Guzmán Rosas emitirá otra sentencia donde, a partir de consideraciones nuevas, “es improcedente otorgar la suspensión”, pues la cuestión del uso eficiente de los recursos públicos, no es aplicable, pues con Santa Lucía sí serán eficientes, ya que se “prestará un servicio”.

“Es improcedente otorgar la suspensión… (alegando) el uso eficiente de los recursos públicos, porque la futura formalización y ejecución del contrato con relación al proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, implica la utilización de recursos públicos para la prestación de un servicio”.

Con esta nueva sentencia que Reforma afirma hará el juez, los más de 140 amparos que promovió No más Derroches, serán rechazados y quedará, de forma definitiva, suspendido el aeropuerto e Texcoco, lo cual dará vía libre a la edificación del aeropuerto en Santa Lucía.

El juzgador cambió su decisión tras la jugada jurídica que realizó la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, al presentar mediante el secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, una solicitud de ella Secretaría de la Defensa Nacional en la que se incorporaban al Inventario de Infraestructura Estratégica del País todos los bienes del Ejército, incluyendo muebles e inmuebles.

El juez ya aplicó esta determinación el pasado 25 de septiembre, al negar una nueva suspensión en el amparo 1206/2019:

“Significaría el incumplimiento de órdenes militares dentro del ámbito castrense, que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional” fue la resolución del juez en el amparo antes citado.

“De concederse la suspensión, se sigue el perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues se impediría al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución, como lo es el espacio aéreo”, fue otra de sus reflexiones en el oficio.

Para estas nuevas resoluciones, el juez ya no tomó en cuenta sus argumentos pasados en los que consideraba que el colectivo No más derroches, al igual que el resto de los mexicanos, tienen interés común en que el Gobierno ejerza un gasto eficaz y óptimo de los recursos públicos.