Aprovechando la pandemia por el coronavirus Covid-19, algunos mandatarios estatales han aprovechado para echar a andar medidas que satisfagan su necesidad de poder, sin importar los abusos que se cometan.

A través del documento “Observaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19”, la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración dijo estar preocupada por algunas medidas emitidas por gobiernos estatales y municipales del país.

El documento detalla que, aunque los gobernadores tienen la posibilidad de dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias, algunos se han sobrepasado al ordenar acciones que pueden significar riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos.

En el listado de las acciones preocupantes, enlistó al menos a 31 municipios de 11 estados:

  • Guerrero
  • Michoacán
  • Quintana Roo
  • Yucatán
  • Jalisco
  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Morelos
  • Coahuila
  • Nuevo León

Sonora

En el caso de Sonora, el gobierno del estado decretó desde el pasado 13 de abril el mensaje de “Quédate en casa obligatorio fase 2”, en la que según el Consejo Estatal de Salud, se impondrán multas a quien incumpla el confinamiento obligatorio.

 

Además se daban facultades a las corporaciones policiales de arrestar, con el uso de la fuerza pública, a quien no acatara la medida.

Jalisco y Michoacán

Por su parte, los gobernadores Enrique Alfaro, de Jalisco, y Silvano Aureoles, de Michoacán, declararon que se impondrán sanciones, detenciones y multas a ciudadanos que no cumplan el aislamiento obligatorio.

En uno de sus mensajes, Alfaro incluso llamó “pendejos” a los ciudadanos que no siguen sus órdenes, mientras que Aureoles amenazó con detener y castigar con limpiar los hospitales a los ciudadanos que rompan el aislamiento.

Aureoles también anunció el cierre de fronteras en su estado.

Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León

Los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León anunciaron el cierre de fronteras entre sus estados con el uso de retenes y el control estricto de los 21 puentes fronterizos entre sus territorios con Estados Unidos.

Cierres municipales

340 municipios de 15 estados, es decir el 20% de los municipios, han restringido o controlado el acceso, por parte de autoridades municipales o la propia población, de forma continua o intermitente en varios momentos de la contingencia.

Los estados con mayor número de accesos restringidos por el número de municipios son: Campeche (100%), Guerrero (80%), Veracrus (36%) y Oaxaca (25%).

¿Qué indicaciones da la Subsecretaría?

Según el documento de observaciones, imponer como obligatorio el resguardo domiciliario es una medida lesiva, desproporcional, que puede causar abusos de autoridad y no corresponde al objetivo de salvaguardar la salud pública.

Además, se indica que esta acción puede ser dictada únicamente por el Consejo de Salubridad General, no los estados o municipios.

También se menciona que los retenes, cierres de fronteras estatales o municipales y cierres de carreteras, son restricciones severas al libre tránsito y que los estados o municipios no tienen la facultad de dictarlos, a menos que haya una autorización expresa del Consejo antes mencionado.

Y, por si fuera poco, señala que si la autoridad local argumentara ser competente para asumir estas decisiones, aún así las medidas impuestas con el uso de la fuerza no cumplen con los requisitos de proporcionalidad, pues propician el abuso de la autoridad y pueden tener graves consecuencias en el abasto de medicinas y alimentos.

Sobre la restricción de accesos, la subsecretaría dijo que este tipo de accesos no suele contra con las medicas de salubridad adecuadas, por lo que sólo se pone en riesgo a quienes participan en ellas. Además, algunos casos pueden representar una violación de derechos.

Como ejemplo se mencionó la crisis que se puede generar si se impide el ingreso de migrantes que regresan de forma masiva a sus comunidades de origen.

No paran actividad

Además de los abusos por parte de autoridades municipales y estatales, la subsecretaría también indicó que hay denuncias interpuestas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por personas que han sido obligadas a seguir trabajando, aún con riesgo de contagio o pese a no realizar actividades esenciales.

12 entidades han registrado movilizaciones de distintos sectores económicos, tanto formales como informales, con demandas.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó la movilización de 340 trabajadores de tres maquiladoras que exigían paro técnico para evitar contagios por coronavirus, pero con la garantía del 100% de su salario y sus prestaciones.

En Chihuahua, el IMSS reportó el fallecimiento de 13 empleados de la maquiladora Lear Corporation, mientras que en Baja California se registraron cerca de 60 casos confirmados de personas trabajadoras de maquilas que contrajeron el virus.

También Grupo Salinas se ha negado a cerrar sus negocios con servicios no esenciales, y de igual forma varios diarios de circulación nacional han alegado despidos injustificados y despidos entre sus empleados.