La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abiertas siete investigaciones en contra del Dr. Carlos Lomelí, quien fue hasta el viernes de la semana pasada el súper delegado que nombró Andrés Manuel López Obrador en Jalisco.

Este lunes, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, ofreció una rueda de prensa para informar lo anterior y detallar que existen presuntas irregularidades y conflicto de interés que vinculan al exdelegado federal con empresas farmacéuticas que le venden al Gobierno Federal. 

“De esas siete investigaciones que hoy reportamos, la primera de las cuales se abrió en nuestra Secretaría de la Función Pública desde el 22 de mayo de 2019 y no como erróneamente han señalado algunos analistas, después de la renuncia del exdelegado,  cuatro  investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y tres más se realizan sobre las conductas contrarias a la legalidad posiblemente atribuibles al investigado y que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios”, explicó. 

Eréndira mencionó que el cúmulo de evidencia con que se integran las investigaciones contra Lomelí Bolaños proviene de la Oficialía Mayor de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera de esta misma dependencia, de la Secretaría de Salud, de cinco contralorías estatales, así como de las Unidades de la Secretaría de la Función Pública en el país.

La funcionaria destacó que desde el 8 de julio pasado y por instrucciones de AMLO se informó al coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, Gabriel García Hernández, de las investigaciones y necesidad y conveniencia de guardar sigilo para permitir el curso de las investigaciones contra Lomelí Bolaños. 

“Este gobierno de López Obrador no avanza a costa de Quinazos, ajustes de cuentas, persecuciones y y encarcelamiento de líderes políticos y sindicales incómodos, sino sobre la base del respeto a la Constitución, el apego al Estado de Derecho y la construcción de nuevas y mejores leyes y normativas que nos permitan avanzar en la ética pública de nuevo signo que exige esta transformación”, señaló la funcionaria. 

Citó el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana próxima a aprobarse en la Cámara de Diputados, el cual precisa los criterios en que un servidor público puede incurrir en conflicto de interés.

“Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos o intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, dijo.

Abundó que: “los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federa de Presupuesto y Responsabilidad del Gobierno Federal que por cualquier motivo se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado, respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.

Carlos Lomelí, exsúper delegado en Jalisco. Foto: Especial.

Eréndira Sandoval sostuvo que en caso de encontrarse responsable al exfuncionario federal, las sanciones que podría recibir por pertenecer a una red de funcionarios que presuntamente le venden medicamentos al gobierno actual, irían desde una sanción económica hasta su inhabilitación por 20 años en el servicio público.

Por ello, recordó qué,  quien se encuentre en una situación similar “no puede” pertenecer al gobierno de la cuarta transformación de México”.

“Repetimos que en el gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés, quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la cuarta transformación”, advirtió la funcionaria al resaltar que la renuncia de Lomelí Bolaños el pasado viernes, la recibieron con beneplácito.

Asimismo, dijo que en el gobierno de López Obrador no hay simulación, y no se tienen instituciones a modo como en sexenios anteriores.

“Los anteriores gobiernos tenían acostumbrados a los ciudadanos de instancias a modo que no cuestionaban, ni castigaban a quienes hacían negocios a costa de lo público. De hecho, durante los gobiernos de los presidentes Calderón y Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública deambuló administrativamente encapsulada en un transitorio, decretada a desaparecer”, añadió.