La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de 26 personas señaladas por su probable responsabilidad en un esquema de simulación en la asignación de plazas del gobierno estatal.
Según el comunicado oficial 645/2026, las conductas encuadran en los delitos de abuso de autoridad y fraude, al haberse simulado, en grado de probabilidad, la contratación de docentes para prestar el servicio educativo sin que estos lo hicieran. La investigación abarca a 33 personas entre exservidores públicos, servidores públicos en activo y particulares; un imputado más espera la resolución de su situación jurídica, y otros cinco promovieron juicios de amparo para evitar su captura.
De acuerdo con la Fiscalía, el grupo habría obtenido de forma ilícita más de 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026, equivalentes a cerca de 4 millones de pesos quincenales, además de prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y bonos. La dependencia precisó que estas cantidades podrían actualizarse de forma retroactiva hasta 2021, si se acredita que las conductas continuaron desde ese año.
FOTO: FISCALÍA DEL EDOMÉX
La investigación inició luego de que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI), presentara denuncias los días 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo de 2026, por 459 movimientos de alta de personal en plazas docentes. Un representante legal de la SECTI detectó que los supuestos servidores públicos no ejercían ninguna función.
A partir de ahí, la Fiscalía estableció que personal de la SECTI y de la Oficialía Mayor habrían intercambiado claves de acceso al Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP), lo que permitió asignar altas a planteles educativos inactivos para dificultar su detección. Según las diligencias, dentro de la estructura habría personas con función de “reclutadores”, que privilegiaban la captación de familiares y amigos para prestar sus datos personales.
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Entre los señalados en el expediente figuran dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, dos exdelegados administrativos, un excoordinador de delegaciones, dos delegados administrativos en activo, un coordinador de delegaciones en activo, dos directores de área, cinco subdirectores, además de personal operativo y particulares.
Las audiencias de vinculación a proceso se realizaron entre el 28 de junio y el 4 de julio de 2026, y la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada a la mayoría de los investigados, quienes permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. El expediente está integrado por 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas, con entrevistas, peritajes, inspecciones y documentales que respaldaron las órdenes de aprehensión.
