La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue una pieza fundamental en el esquema de corrupción relacionado con la compra de la planta Agronitrogenados, pues ayudó a ocultar el origen de un soborno de 3.5 millones de dólares.
De acuerdo con la Fiscalía, Gilda Lozoya habría participado en las maniobras para encubrir el dinero que recibió Emilio Lozoya de Altos Hornos de México (AHMSA), entonces propiedad del empresario Alonso Ancira, a cambio de favorecer la compra de la planta chatarra por parte de Pemex a un precio hiperinflado.
La FGR identifica a Gilda Lozoya como un “eslabón de peso específico” dentro de la operación, al considerar que contribuyó a ocultar el origen de los recursos y facilitar el movimiento del dinero.
Este martes, una jueza federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte definirá si la vincula a proceso por el delito de lavado de dinero.
La FGR afirma que el dinero del presunto soborno fue depositado en una cuenta bancaria de una empresa fachada creada en Islas Vírgenes Británicas. Aunque Emilio Lozoya era el beneficiario de esa cuenta, posteriormente habría cedido los derechos de disposición a su hermana para dificultar el rastreo de los recursos.
De acuerdo con la acusación, Gilda Lozoya fue quien realizó transferencias con ese dinero para pagar una residencia ubicada en Lomas de Bezares, adquirida por Emilio Lozoya por alrededor de 38 millones de pesos. Dicho inmueble fue recientemente recuperado por el Estado Mexicano mediante un procedimiento de extinción de dominio.
La situación jurídica de Gilda Lozoya quedará en manos de la autoridad judicial, que decidirá si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.
Los hermanos Lozoya Austin, Emilio y Gilda. Foto: Especial.
Según la investigación, antes de asumir la dirección de Pemex en 2012, Emilio Lozoya habría acordado con Alonso Ancira que la empresa del Estado compraría la planta Agronitrogenados a cambio de un soborno de 3.5 millones de dólares. La operación se concretó en 2013, cuando Pemex adquirió la planta por 275 millones de dólares, monto que la Fiscalía considera muy superior a su valor real.
