La Fiscalía General de la República (FGR) reveló cómo estuvo armado el esquema de facturación y simulación de contrataciones públicas con el que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, entre otros ex funcionarios y empresarios, desviaron más de 2 mil millones de pesos.
La FGR comenzó la investigación, en noviembre de 2019, contra Álvarez Puga, Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas presuntamente vinculadas con el crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, indicó la dependencia.
Agregó que para cumplir ese objetivo, “presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban”.
Todo lo anterior siempre con el objetivo de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”, indicó la FGR.
La organización principal, según la investigación de la Fiscalía, estaba a cargo de Álvarez Puga y Gómez Mont, quienes trabajaban con supuestos representantes de empresas.
Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor ‘Z’; Armando ‘R’; José ‘O’; Ricardo ‘C’; Yareli ‘C’, quienes realizaban operaciones bancarias a nombre de personas morales.
“El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo ‘G’, Paulo ‘U’, Emanuel ‘C’, Jesús ‘P’ y Jorge ’N’”, mencionó la FGR.
Además, la dependencia explicó que cada grupo se coordinaba con los otros para realizar los delitos que se persiguen.
De esta forma, se encontró que una de las empresas investigadas, representada por Héctor “Z”, obtuvo más de 2 mil 500 millones de pesos.
También se mencionan dos contratos irregulares centrales con los Centros Federales de Readaptación Social por 2 mil 950 millones de pesos.
Uno de los implicados en esta investigación es Gabriel “M”, quien figuraba como accionista de una de las empresas y vendió sus acciones antes del inicio de las operaciones delictivas.
Pese a ello, la Fiscalía mencionó que el caso de esa empresa se seguirá investigando.
Tres de los implicados ya se encuentran recluidos en centros federales, pero la FGR no dio los nombres; además, para quienes huyeron de México hay emitidas fichas rojas, incluidos Gómez Mont y Álvarez Puga.
Adolfina Gonzalez Y Rivero
31 enero, 2022 at 8:00 am
Que se cumpla con la ley tratese de quien se trate ‼️‼️‼️