La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sea víctima de una persecución política y aseguró que el proceso penal en su contra deriva de investigaciones sustentadas en pruebas y realizadas con estricto apego a la ley.
A través de un comunicado, la dependencia sostuvo que la vinculación a proceso de Ruffo responde a su presunta participación en una red de huachicol fiscal, y no a sus ideas o filiación política.
“Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política. Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”, señaló la institución.
La FGR explicó que, por el momento, la imputación formal contra el exmandatario corresponde al daño a la Hacienda Pública por 166 millones de pesos, relacionado con el aseguramiento de 170 ferrotanques con alrededor de 18 millones de litros de hidrocarburos, decomisados en julio de 2025.
No obstante, precisó que durante el desarrollo del proceso buscará acreditar que el perjuicio ocasionado al erario supera los 4 mil millones de pesos, como parte de las investigaciones sobre la red de contrabando de combustibles.
La institución también enfatizó que todas las actuaciones se han realizado respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de los imputados.
“La FGR reitera que dichas investigaciones son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas”, indicó.
