Una red de empresas factureras defraudó a la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por más de 6 mil millones de pesos, y en dicha red está implicada la pareja compuesta por Víctor Manuel Puga e Inés Gómez Mont, pero también el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
Según destaca el medio Contralínea, la exconductora de televisión Inés Gómez-Mont y su pareja, el empresario chiapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes enfrentan órdenes de aprehensión en México por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, están acusados de coludirse con exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Mediante esta colusión, se habrían desviado más de 6 mil millones de pesos del erario público a través de contratos fraudulentos relacionados con obras en cárceles que nunca se llevaron a cabo. La pareja habría utilizado una red de empresas fantasma para simular servicios y triangulación de recursos públicos.
Según la investigación, Gabriel Mendoza Jiménez figura como una pieza clave de las triangulaciones, pues en estas está incluida su empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, SA de CV, que a su vez está incluida en la lista negra del SAT por realizar operaciones simuladas.
Y es que esta empresa fue utilizada para que la Secretaría de Gobernación asignara contratos por alrededor de 3 mil millones de pesos que posteriormente fueron triangulados a varias cuentas bancarias de otras empresas factureras propiedad de los hermanos Álvarez Puga, lo que las autoridades judiciales y financieras consideran como delincuencia organizada, en donde están involucrados empresarios y exfuncionarios para lavar dinero sustraído del erario público.
Gabriel Mendoza Jiménez, de origen michoacano, fue titular del Consejo de Seguridad Nacional en los primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a febrero de 2021, pero fue despedido directamente por órdenes de la Presidencia, cuando se descubrió que fue el responsable de firmar en 2009 un contrato entre el gobierno de Michoacán y la empresa brasileña corrupta Odebrecht.
CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2019.- Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, se quitó su corbata durante la conmemoración del 81 aniversario de la expropiación petrolera, la cual se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución.
FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
Y en esta red también está implicado Silvano Aureoles, actualmente prófugo de la justicia, porque también asignó contratos amañados para la construcción y obras de reclusorios a precios muy superiores a la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética.
Entre 2018 y 2019, la administración de Silvano Aureoles Conejo pagó 290 millones de pesos a Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, lo cual forma parte del amplio expediente que distintas autoridades financieras y judiciales reúnen en contra del exgobernador perredista.
Pero no es todo, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, son tres sus representantes legales y socios: Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, Margarito Estrada y Rogelio Torres Jiménez, además de su principal accionista, que era el exfuncionario federal Gabriel Mendoza Jiménez.
Zorrilla Habana tiene orden de aprehensión y está identificado como uno de los prestanombres de los hermanos Álvarez Puga. Además, es socio de la empresa Comercializadora Yucoax, de la cual uno de sus representantes legales es Pedro Alberto Rukos Hadad, tesorero del Club Libanés.
Finalmente, otro de los representantes legales de Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética es Margarito Rangel Estrada, quien se desempeñó como tesorero del ayuntamiento de Pátzcuaro y también como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Michoacán, cuando el gobernador era Leonel Godoy. Ese exfuncionario fue inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría del Estado por “irregularidades en el desempeño de sus funciones”.
