En 2008, cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México, entregó millones de pesos a la empresa OHL a través de la concesión para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario.
Dicho trámite careció de legalidad, ya que la carretera estaba proyectada sobre una vía federal, por lo que el gobierno mexiquense no tenía ningún derecho de entregar concesiones.
El procedimiento se hizo, además, mediante una licitación que no cumplía con las reglas federales correspondientes, y donde la empresa ganadora presupuestó una suma 40 veces menos rentable que su competencia.
Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República luego de una investigación de varios meses en la que se reunieron pruebas que además muestran que el gobierno estatal ignoró deliberadamente las advertencias del gobierno federal de que no había sustento para dicha concesión.
Las evidencias
La FGR revisó varios oficios que en 2011 envió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal (SCT) al titular de su homónima mexiquense, Gerardo Ruiz Esparza, con copia a Peña Nieto, advirtiéndoles que no tenían derecho a entregar a privados la explotación de una vía federal de dominio público.
Y, pese a que solicitaron una justificación legal, esta nunca llegó.
En 2012 el reclamo federal terminó, pues el gobierno federal pasó a Enrique Peña Nieto, y el orquestador principal de dicho fraude, Ruiz Esparza, llegó a la SCT federal.
Según la investigación liderada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, lo anterior representa delitos federales que hasta el día de hoy siguen cometiéndose, pues OHL, hoy Aleática, sigue ganando por las cuotas que los ciudadanos pagan por atravesar la carretera.
Según indicó Animal Político, tan solo en los dos últimos años los ingresos que la empresa a recibido por el cobro de peajes, superan los 2 mil millones de pesos.
De esta forma, autoridades federales alistan la presentación de la carpeta de investigación ante un juez federal para proceder contra los probables responsables, entre los que se encontraba Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció hace unos días.
Ganó por “bonita”…
A finales de octubre de 2007, el gobierno mexiquense dio a conocer la licitación pública para construir el “Viaducto Elevado”, un segundo piso de cuota que se edificaría desde la zona del Toreo hasta Tepoztlán, es decir, sobre el Periférico Norte/Autopista México-Querétaro.
Según la Fiscalía, por tratarse de un segundo piso sobre una vía federal, el gobierno del estado de México debió cumplir con una concesión de la SCT para licitar dicho tramo y luego convocar a la licitación, cumpliendo las reglas federales en la materia.
Sin embargo, la licitación se emitió como si fuera del gobierno mexiquense, siguiendo los códigos administrativos estatales y no federales.
Tampoco tiene sentido el fallo de la licitación, pues se adjudicó la obra a OHL (Aleática) aunque su propuesta era más cara y a que el proyecto general era inferior al de su competencia, excepto por un punto: “arquitectura del paisaje”.
Según Animal Político, en el dictamen de la licitación se da cuenta que la empresa competidora era Promotora del Desarrollo de América Latina SA de CV, misma que ofrecía una contraprestación inicial de 1 mil 500 millones de pesos para el Estado de México, es decir el doble de lo que ofrecía OHL.
No obstante, la justificación para entregar el proyecto a OHL fue que la empresa proponía un diseño “contemporáneo”, mientras que el de su competidora era “antiestético”.
Este hecho le valió a OHL los 15 puntos de este apartado, mientras que a Promotora del Desarrollo de América Latina se le dieron cero. Así, OHL ganó la licitación con 70.50 puntos, contra los 68.60 de su competencia.
Denuncia e investigación
En septiembre pasado, el abogado Paulo Diez Gargari denunció ante la FGR la presunta concesión ilegal del Viaducto Bicentenario en favor de la empresa Aleática, antes OHL.
Tras seis meses de investigación, la FGR ya cuenta con evidencia suficiente para presentar el caso ante un juez.
Según las autoridades, los hechos cometidos por los funcionarios mexiquenses estarían relacionados con al menos tres delitos federales:
- El uso o aprovechamiento de un bien que pertenece a la nación sin la concesión correspondiente, delito que se castiga con entre dos y 12 años de prisión.
- Ejercicio ilegal del servicio público cuando se rinden informes falsos o que ocultan la verdad, el cual se pena con entre dos y siete años de prisión.
- Uso ilícito de atribuciones, por el otorgamiento ilegal de una concesión de un bien público de la Federación, el cual se paga con entre seis meses y 12 años de prisión.
¿Qué pasaría con la vialidad?
Si prospera la acusación ante el juez, el caso podría llevar a la pérdida de la concesión a la empresa Aleática, ya que el artículo 151 de la Ley General de Bienes Nacionales dice que las obras hechas sin la concesión legal correspondiente en inmuebles federales se perderán en favor de la Federación, sin derecho a indemnización alguna.
En noviembre pasado, se aprobó en el Congreso del estado de México que den inicio los procedimientos tendientes al aseguramiento y recuperación del Viaducto Bicentenario en favor del Gobierno federal.
Esto afectaría considerablemente las ganancias de Aleática, que según estimaciones, habría ganado solo en 2018 un total de 12.2 millones de viajes pagados, mientras que en 2019 ganó 1 mil 37 millones de pesos tras 12.5 millones de viajes completados.