Este miércoles el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador reveló su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, donde explica, mediante ocho puntos, las estrategias que llevará a cabo para garantizar la seguridad en nuestro país durante su sexenio.

Aquí te los presentamos 👇

  1. Erradicar la corrupción

El documento indica que erradicar la corrupción permitirá reducir los índices delictivos de forma sustancial, por lo que se buscará:

  • Tipificar la corrupción como delito grave y sin opción a libertad bajo fianza.
  • Establecer como obligatorias las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos.
  • Eliminar el fuero.
  • Erradicar los paraísos fiscales.
  • Monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones.
  • Hacer verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier compra.

Con estas acciones también se buscará debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado, además de reducir el lavado de dinero.

2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar

La estrategia propone que, al reducir la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social se podrá ofrecer una base perdurable para disminuir la comisión de cualquier clase de delitos.

Para ello, se pondrán en marcha programas de desarrollo y planes económicos como el de reforestación o la construcción del Tren Maya. También se buscará fortalecer la economía social en cooperativas, talleres familiares y microempresas.

3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos.

El documento refiere que las violaciones de los derechos humanos se multiplican y perpetúan en la impunidad, por lo que se tipificarán como delitos, con sanción definida, los incumplimientos de recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatales de los Derechos Humanos.

“Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado”, indica el texto, y añade que el próximo gobierno no permitirá que se cometan actos ilegales desde el poder.

Además se buscará la liberación de quienes se encuentren en prisión por motivos políticos, sin haber cometido realmente acciones violentas.

4. Regeneración ética de la sociedad

El plan indica que la pobreza, la marginación, la negación regular de derechos básicos y la falta de horizontes de realización derivada de que no existan mecanismos de movilidad ha ocasionado un resentimiento social que abona a la crisis de valores y de convivencia, mismos que generan violencia y criminalidad.

Por este motivo, se propone implementar una Constitución Moral que ofrezca mejores relaciones en la sociedad y que promueva una cultura cívica y ética en programas de estudios y en comunicación oficial.

Además, el gobierno dice que pondrá el ejemplo, al ser “austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior”.

5. Reformular el combate a las drogas

El documento menciona que las prohibiciones que existen actualmente “son tan discrecionales y arbitrarias” que se aplican a la cocaína, la mariguana, la heroína, las metanfetaminas y el ácido lisérgico pero no afectan la producción y comercialización del alcohol, tabaco, bebidas con taurina o cafeína, ni al libre consumo de algunos antidepresivos o somníferos.

Fumando mariguana. Foto: Paloma López

Esa prohibición, considera, es ineficaz para la salud pública y favorable para el narcotráfico, pues le brinda mayores márgenes de utilidad y rentabilidad a la producción, distribución y venta de drogas prohibidas.

Por este motivo, se propone enfocar los recursos en atender a los adictos y en reducir el consumo de drogas, además de renegociar con Estados Unidos que los recursos para combatir el trasiego se apliquen en programas “masivos pero personalizados” de reinserción y desintoxicación.

6. Emprender la construcción de la paz

La llamada Guerra contra en Narcotráfico ha dejado más de 200 mil personas asesinadas y más de 37 mil desaparecidos.

El Plan indica que en la Consulta Nacional y los Foros de Escucha para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional “quedó claro que no se ha hecho justicia a la enorme mayoría de los muertos, los lesionados, los torturados, los ausentes y los desplazados y que los delitos correspondientes han quedo impunes”.

Narcolaboratorio encontrado en Tlajomulco. Foto: Especial

Se propone que, al regular las drogas que actualmente son ilegales, será posible reducir reducir los índices de violencia, así como emprender un proceso de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas.

Entre las acciones a llevar a cabo se encuentran la implementación de leyes especiales que pongan fin a las confrontaciones armadas y permitan el desarme y la entrega de los infractores y sugiere una de las propuestas de campaña más polémicas de López Obrador: la aplicación de amnistías -condicionadas a la aprobación de las víctimas-.

También se propone un Consejo de Construcción de Paz, integrado por tres representantes del gobierno y tres de la sociedad civil, con un invitado de la Comisión de Derechos Humanos y un observador de la ONU.

Asesinato en Culiacán, Sinaloa. Foto: Rashide Frías/Cuartoscuro

Dicho consejo mediará en conflictos locales, dará seguimiento a los foros ciudadanos para la pacificación y promoverá en escuelas y medios el mensaje de que “la paz es posible y es moral, social, política y económicamente superior y preferible a la violencia”.

7. Recuperación y dignificación de las cárceles

Para ello, se propone recuperar el control de los penales de manos de la delincuencia y separar a los imputados de los sentenciados.

Asimismo se dará garantía de que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres, que el alojamiento, salud y alimentación de los reclusos sea digno y que se respeten los derechos humanos.

8. Plan de Seguridad Pública

Cuando hace 12 años se involucró a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, se dijo que era una medida temporal mientras se lograba el saneamiento, la capacitación y la profesionalización de las corporaciones policiales.

No obstante, en la actualidad las fuerzas públicas civiles se encuentran tan incapacitadas para cumplir su tarea de prevenir y combatir el delito como en aquél entonces. En la Policía Federal existe un déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo, y sus elementos reciben salarios bajos y no cuentan con seguridad o protección social.

Por ello, el Plan considera mantener a los militares dedicados a la preservación y recuperación de la seguridad pública y en el combate a la delincuencia. Se propone la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, para estrechar los lazos entre los militares y la población.

Esta corporación quedará “expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas”.

Pero además se desarrollará un programa integral que homologue los ingresos y prestaciones sociales de policías, militares, marinos y sus familias.

Se explica además que la designación del número de elementos, personal especializado y recursos de investigación e inteligencia se realizará en función del número de habitantes y considerando la incidencia delictiva y las proyecciones de criminalidad.

Ejército mexicano. Foto: Especial

Esta Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano y de la Armada de México en el caso de las zonas costeras. Además, los consejos estatales de coordinación se reunirán diariamente a primera hora.

En el plano nacional, habrá un mando coordinado del Gabinete de Seguridad, mismo que encabezará el Presidente de la República. También participarán los secretarios de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Gobernación, Marina y Defensa, así como el Fiscal General.

Los lineamientos de operación tendrán como prioridad la prevención, la recuperación de espacios públicos y el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el feminicidio y el tráfico de personas, entre otros.

Finalmente el documento señala que habrá apertura para la observancia y la participación de organismos de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales.

También se reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que sea posible intervenir en el caso de que se presenten crímenes que pudieran ser considerados de lesa humanidad.