Las recientes decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) referentes a la sobrerrepresentación y a quitar el registro de 49 candidatos de Morena ponen de manifiesto dos puntos.

Primero, que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial gracias a que obtuvo al menos el 53% de los votos –mi hipótesis es que obtuvo un porcentaje mayor-. Es decir, AMLO ganó pese al INE. Ante un margen más cerrado López Obrador habría llevado todas las de perder y hoy Anaya, o incluso Meade, sería el presidente.

El segundo punto es que estas decisiones del INE se inscriben dentro de un proceso de lawfare que data desde 2005.

El lawfare – o guerra jurídica- se comenzó a fraguar en el proceso de desafuero, cuando por construir una calle se intentó suspender los derechos políticos de AMLO. Luego, cuando el fraude electoral tuvo lugar, el lawfare fue utilizado para, por medio de tecnicismos legales, impedir un reconteo total y validar la elección –la resolución del tribunal es “inatacable” repetía Fox-.

Nuevamente, en 2012, el lawfare fue utilizado para postergar el caso MONEX y hacerse de la vista gorda con el evidente rebase del tope de campaña de EPN, razón suficiente para haber invalidado la elección. Es decir, el lawfare ha sido una constante, no una excepción. A veces por medio de interpretaciones jurídicas que respaldan las razones del antiguo régimen, otras por medio interpretaciones que niegan las razones del lopezobradorismo.

El triunfo de AMLO en 2018 hizo pensar a muchos que el INE había cambiado, que había entendido el momento y que una nueva etapa democrática abriría su camino. Pero no, el INE no entendió. Lo que hizo fue guardar un prudente silencio y agazapado se replegó esperando la siguiente oportunidad.

No es un INE o IFE –el nombre es lo de menos- mejor o peor que el de las elecciones anteriores, pero sí es claramente distinto, sin interés ahora por cuidar las formas. Abierto y total descaro. Pero ello es reflejo de la desesperación del antiguo régimen, han intentado todo –o casi todo – y no han podido parar a López Obrador. Una lectura de lo anterior es que las decisiones del INE lo que hacen es confirmar que la 4T avanza, pero al mismo tiempo anuncian que los obstáculos a enfrentar serán cada vez mayores.

Ante la imposibilidad de generar mayorías populares, el camino tomado por el antiguo régimen es el de la guerra híbrida, valiéndose así de la guerra jurídica, violencia y desinformación con el fin de desestabilizar a la 4T.

Ya usaron a generales para lanzar amenazas y e incitar llamados a un golpe de estado, ya sacaron a elementos de la policía federal a protestar a las calles. En otra oportunidad señalé que el fallido operativo de Culiacán tendría que leerse precisamente desde esas coordenadas.

Los recientes apagones en el norte del país debido a la tormenta invernal en Texas han mostrado los grandes cuellos de botella que se pueden producir con sólo unas horas de cortes generalizados. Señalo lo anterior porque si el lawfare del INE algo nos ha mostrado es que están dispuestos a todo.

De ser así entonces una siguiente fase en la guerra híbrida podrían ser ciberataques a instalaciones estratégicas. Este punto, y la protección a AMLO, deberían ser desde ya temas centrales del aparato de seguridad.