Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entregó a la iniciativa privada casi la mitad de su presupuesto, generando un déficit de 21 mil 269 millones de pesos.

Lo anterior fue dado a conocer por su actual directora, María Elena Álvarez-Buylla Roces durante una conferencia en Palacio Nacional.

Ahí, aseguró que del 100 por ciento de los recursos destinados al Conacyt en ese periodo, 48 por ciento -35 mil millones- regresaron a la iniciativa privada y sólo 37 mil 423 millones de pesos permanecieron en las instancias públicas.

“Es un resultado alarmante… Esto no pasa en ningún lado del mundo. Es decir, la iniciativa privada aporta solamente 19%, y de lo que llegó al Conacyt se destinó una cantidad tan alta de recursos que, en vez de tener un aporte positivo por parte de la iniciativa privada al desarrollo científico y tecnológico, tenemos un número negativo muy grande de más de 20 mil millones de pesos”, señaló.

También explicó que el Consejo transfirió recursos a algunas empresas paraestatales, como el Instituto Mexicano del Petróleo o los centros de investigación que coordina el Consejo para que estos, a su vez, los entregaran a las entidades privadas.

Más de 32 mil millones de pesos fueron transferidos de manera directa por el Conacyt a entidades privadas.

La funcionaria admitió que es difícil identificar a un funcionario en particular que haya hecho esas transferencias, pero tiene como ejemplo un proyecto que recibía recursos de diversos fondos.

Lo anterior no significa mas que el uso indebido del recurso público, por lo que esa información ya fue enviada a las instancias correspondientes para que el caso sea investigado.

Además, Álvarez-Buylla detalló que las transferencias a la iniciativa privada solía justificarse con el propósito de “incentivar la innovación”. Sin embargo, las cifras muestran que la eficiencia de México en la ciencia disminuyó al pasar del puesto 56 al 72.

Durante su discurso, la directora del Conacyt lamentó que la iniciativa privada en nuestro país aporte sólo el 19 por ciento de recursos a la ciencia y la tecnología, mientras que en otros países desarrollados ese rubro abarca hasta el 61 por ciento.

Ese es uno de los motivos por los que la ciencia básica quedó casi sin apoyo y los investigadores tuvieron poco financiamiento para desarrollar sus proyectos científicos.

De hecho, el Consejo calificó 778 proyectos como “altamente recomendados” pero ninguno pudo llevarse a cabo debido a la falta de recursos.

La buena noticia, dijo, es que los proyectos serán “rescatados” en esta administración con un presupuesto de mil 189 millones de pesos, por lo que se dijo confiada de que, al final del sexenio, nuestro país pueda elevar el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la ciencia y la tecnología.

Estímulos irregulares

Tan sólo durante 2018, es decir durante el último de la administración de Peña Nieto, el Conacyt habría cometido un daño al erario federal por 909 mil 710 pesos, mismos que se entregaron a investigadores sin convenio o que estaban sancionados por la misma institución.

En un informe hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de ese total, el consejo destinó 137 mil 213 pesos a un investigador al que se le había retirado el estímulo.

Asimismo, se pagaron 772 mil 497 pesos a cinco investigadores de instituciones privadas con las que no se contaba con ningún tipo de convenio de colaboración.

Otros 641 mil 600 pesos fueron entregados a siete investigadores luego de que sus contratos se habían rescindido por sanción y no se cuenta con evidencia que acredite que se recuperó ese dinero.

De igual manera, la falta de normatividad y seguimiento de sanciones provocó irregularidades con la gestión de más de 5 mil 475 millones de pesos, destinados en 2018 a premios, recompensas, pensiones de gracia y de recreatividad estudiantil para 28 mil 576 estudiantes, según la ASF.

Además, la Auditoría indicó que el Consejo no integró de forma adecuada el estado financiero de 2018, ya que omitió integrar el registro de 5 millones 50 mil 300 pesos de adeudos, por pagos en demasía a investigadores, por los ejercicios 2016 y 2017.