Jorge Camero Ocampo es conocido por sus allegados por sus gustos caros, su ambición y su cercanía con el poder político y jurídico que planeaba meticulosamente sus movimientos dentro del Poder Judicial.

Hoy, Camero es conocido por las investigaciones en su contra que ejecutan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), por su participación en una red de desvío de recursos.

De acuerdo con el portal ejecentral, hay sobre Camero denuncias donde se le relaciona con un tejido de poder y posible corrupción.

“El magistrado preparó su defensa desde el cambio de administración. Quienes lo conocen y lo investigan comentaron que se acercó a distintos personajes políticos y empresariales para que intercedieran por él, y a ello sumó manifestaciones públicas y sus propias resoluciones las cuales ‘fueron jurídicamente impecables’ en los últimos meses”, explica el texto.

Esta red, construida en la última década, operaba mediante la suma de despachos de abogados que le pagaban dinero al magistrado -entre 100 mil y un millón de pesos- a cambio de interceder por sus asuntos en juzgados y tribunales del primer circuito de la Ciudad de México.

Camero Ocampo tenía mucho poder en el Primer Circuito Judicial, el cual se fortaleció gracias a su posición como líder del Colegio Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Además, para no demandar al colegio Westhill Institute, donde se acusó a su hijo por abusar de una menor, el magistrado exigió una indemnización de 20 millones de pesos.

De igual forma, su estrecha relación con sus compañeros de la judicatura le permitió conseguir trabajo para sus familiares en juzgados, tribunales y en la Corte, así como para personas que le sugerían los despachos de abogados, los cuales se colocaban como pasantes y ayudantes.

Sus relaciones cercanas

Las denuncias en su contra también han puesto en la mira la relación de Camero con Luis María Aguilar, expresidente de la Corte, quien habría sido uno de los operadores para casos de interés político y económico de Aguilar.

El magistrado, suspendido el pasado 09 de octubre por orden del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por “inconsistencias graves” detectadas en sus finanzas, es investigado porque su evolución patrimonial y el de su familia no corresponde con sus ingresos.

Asimismo se le involucra con posibles delitos fiscales y por presuntos actos de corrupción en asociación con un grupo de despachos vinculados a Juan Collado y Diego Fernández de Cevallos, así como por presiones y extorsiones contra funcionarios judiciales.

Por ese motivo, ya se investiga a Fernández de Cevallos y a algunos familiares para determinar si incurrieron en algún delito fiscal y operaciones que puedan resultar sospechosas.

Hasta ahora se revisan los casos que atendió particularmente Camero Ocampo para establecer si se logra probar la relación entre el posible cobro de dinero y sus fallos.

El caso contra su hijo

El hijo menor de Camero fue acusado por una joven de agresión sexual, violencia física, acoso e intimidación.

No obstante, el magistrado aprovechó para amenazar y amagar una demanda millonaria por secuestro contra la escuela, de manera que revirtió las acusaciones y obtuvo incluso beneficios económicos.

El joven, acusado por padres de familia del colegio Westhill Institute en febrero de 2018 como un estudiante problemático, agresivo y tendiente a conductas antisociales, tocó de una manera indebida a una de sus compañeras -en alianza con otro joven-.

Según ejecentral, el hijo de Camero -considerado conflictivo y con bajo rendimiento escolar- ya había sido señalado por conductas indebidas en una escuela de Yucatán, donde su padre se desempeñaba como Juez Primero de Distrito.

No obstante, la estrecha relación de Camero con José María Rioboó, dueño del colegio Westhill, le dio a su hijo no sólo el pase directo a esa institución, sino el acceso a una beca del 70 por ciento en la colegiatura.

Sin embargo, al darse a conocer la agresión que provocó su hijo, las autoridades escolares decidieron suspender al joven agresor, causando el enojo de su padre, quien no aceptó ninguna amonestación en contra de su hijo y prefirió amagar al colegio con una demanda millonaria.

Como parte de la estrategia para victimizar a su hijo, Camero recurrió a instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Conapred, con la intención de que que se reconociera a su hijo como víctima de tortura, secuestro e intimidación.

“Sabemos quién es la familia Camero y tenemos miedo de lo que pueden llegar a hacer, ¿por qué creen que las niñas víctimas de este escuincle se fueron e vivir a Estados Unidos (…) Estamos hablando de un magistrado federal, de un juez que está ejerciendo presión y está moviendo todas sus influencias para tapar la mala conducta de su hijo y hacerlo ver como la víctima; ese niño no es la víctima, la víctima fue la niña a la que él agredió”, decían sobre el tema algunos padres de familia en un video difundido en redes sociales.

La caída de su reputación

Además del escándalo protagonizado por su hijo menor, Camero comenzó a aparecer bajo la lupa del Consejo de la Judicatura Federal porque se puso al descubierto una pequeña parte de su fortuna en una publicación hecha por el diario La Crónica en mayo de 2018.

 

Ahí se daba cuenta de la compra de una mansión en la exclusiva zona de Paseos del Pedregal valorada en más de 17 millones de pesos, la cual ponía en duda la rectitud del funcionario, ya que el costo de la casa equivalía a seis años de sus ingresos.

Las líneas de investigación que siguen las autoridades apuntan a un posible enriquecimiento ilícito e inexplicable, de él sus más cercanos.

Las investigaciones incluyen los injustificados y millonarios movimientos con el que sus tres ex esposas y su hermano crecieron de manera inexplicable su patrimonio.