La noticia de la captura de un presunto feminicida en Ecatepec, pone a la vista el grave problema de violencia hacia las mujeres que no es nuevo, pero sí muy alarmante.

Juan Carlos “N” es acusado junto a su pareja de haber asesinado a más de 20 mujeres en ese municipio del Estado de México, el más violento contra las mujeres en esa entidad, motivo por el cual fue considerado parte de los 11 para los que el gobierno federal emitió una declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde 2015.

Pero eso no es todo, el Estado de México también ha sido señalado como el más mortífero para las mujeres entre enero y agosto de este año, pues 64 mujeres perdieron la vida en este tipo de crimen.

Protesta contra los feminicidios en el Estado de México. Foto: Especial

Según información publicada por Reporte Índigo, tanto los grupos de delincuencia organizada como los criminales solitarios aprovechan la impunidad que existe en nuestro país para cometer feminicidios, pues saben que no serán castigados.

Esto se agrava al sumarse a una severa crisis institucional, donde pareciera no haber capacidad o interés de las autoridades por resolver el problema.

Reporte Índigo da cuenta de cómo un feminicidio no es sólo un asesinato a una mujer, sino que explica la brutalidad con la que los atacantes intentan borrar las huellas de una violación, por ejemplo, con técnicas como insertar en ellas trapos con líquidos corrosivos, o bien, lanzando sus cuerpos en ríos de aguas negras.

Pero esto no es todo. El infierno también lo viven los padres, madres, hermanos y demás seres queridos de las víctimas, quienes pasan desgastantes jornadas de búsqueda por colonias enteras, terrenos baldíos, hospitales y más.

Además deben lidiar con un ineficiente sistema de servicios forenses, que incluso sepultan los restos sin haber realizado un estudio adecuado que permita saber qué fue lo que en realidad ocurrió.

Reporte Índigo recurre a la investigación realizada por Lydiette Carrión en su libro “La Fosa del Agua” (Debate, 2018) para hablar de cómo la red de crimen, la corrupción y la negligencia por omisión o acción cobija a los que cometen feminicidios.

En todos los casos narrados en el libro, las familias tuvieron que tomar el papel de investigadores para saber qué fue lo que había ocurrido y, con suerte, encontrar los restos.

“Cuando una persona desaparece es necesario buscar pistas en el entorno cercano, los judiciales mexicanos han desarrollado la facultad de hacer sentir culpables a los familiares de las víctimas, de hacerles sentir miedo al denunciar. Para la policía, pareciera que su labor no implica indagar en probables indicios copistas, sino desalentar que de hecho no se realice una investigación”, señala Carrión.

Reporte Índigo también explica que los feminicidios cometidos en México combinan muchas circunstancias, que implican desde la pobreza en las zonas marginadas hasta la colusión de las autoridades con los grupos terminales.

Además, las autoridades tienen un grave problema estructural, de ineficiencia y de inoperancia, se enfrentan a falta de recursos, negligencia y colusión con el crimen organizado, lo cual dificulta mucho la adecuada persecución de los delitos, dando pie a la impunidad.

“El sistema, la manera como está diseñado, es terrible. Hay una falta de coordinación entre las distintas instituciones, por ejemplo entre policías estatales con la PGR, no hay un acoplamiento real, nadie tiene el mapa delictivo”, declaró Carrión en una entrevista.

Las familias de las víctimas se enfrentan a múltiples obstáculos que no permiten avanzar en la investigación, o que, incluso, los obliga a retroceder.

Ejemplos de esto son, los cambios de agente de ministerio público, que hace que la investigación vuelva a comenzar; la casi imposible autorización para abrir las redes sociales de las víctimas, así como para investigar llamadas que entran o salen de un teléfono; la poca funcionalidad de las cámaras instaladas en la vía pública, o bien, la sobrecarga de trabajo.

Carrión también contó que, durante su investigación, se encontró con policías honestos que estaban interesados en resolver los casos, pero que no tenían la posibilidad de actuar porque eso los ponía en riesgo, incluso de muerte.

Por otra parte, la falta de coordinación entre las instituciones es tal, que una familia logró encontrar a una hija luego de buscar por su cuenta en los archivos de los Servicios Médicos Forenses de localidades cercanas y ver ahí sus fotos.

El cuerpo ya había sido sepultado en la fosa común sin haberle realizado las pruebas de ADN correspondientes. Para encontrar el cadáver, tuvieron que hacer excavaciones del tamaño de una alberca.

La autora explica que es difícil establecer dónde termina la negligencia y dónde comienza la colusión tanto de las autoridades como de los conocidos de las víctimas.

“Estás buceando y no sabes qué vas a tocar, qué callo vas a pisar, con qué te vas a encontrar, lo cual vuelve muy peligroso tanto para servidores públicos como familiares, investigar”, indicó.

Los medios también juegan un papel importante

Con la noticia del feminicida de Ecatepec, estuvo circulando en medios de comunicación y redes sociales el video donde el detenido hacía sus declaraciones.

Especialistas indican que cuando las autoridades y los medios de comunicación se centran totalmente en un hecho aislado y sólo dan voz al agresor, quien justifica sus delitos, lo que ocurre es que se desvía la atención del centro del problema, es decir, los feminicidios.

Según explicó a Animal Político Lucía Lagunes, directora de la asociación Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), “cuando se centran solamente en el agresor y no hacen un análisis del contexto que está generando que la violencia se reproduzca, construyen una narrativa que justifica la agresión y se minimiza la gravedad de la situación”.

Al difundir ese video no se habla de las mujeres ni del contexto de lo que sucede en el Estado de México y, cuando no se informa a la población sobre qué factores ocasionan dicha violencia contra las mujeres, no se puede pensar en las posibles alternativas de cómo resolver el problema, indicó la experta.

Lagunes añadió que la filtración a medios de la declaración del detenido y su viralización ha ocasionado un aumento del espectáculo mediático, morbo y simpatía por el agresor, lo cual lo coloca también en el rol de víctima.

“El mensaje que se está mandando es el de la impunidad hacia los hombres que asesinan mujeres. Las autoridades están haciendo pedagogía de la crueldad cada que transmiten y reiteran la forma del actual agresor; están dando un manual de cómo cometer feminicidios y salir impune”, aseguró.

De igual manera, tras la difusión del video con la declaratoria, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres), llamó a los medios de comunicación a no reproducirlo, pues eso provoca la revictimización para las familias y las víctimas.

A través de un comunicado, el Instituto explicó que “la difusión de videos de las declaraciones ministeriales de presuntos feminicidas puede entorpecer el debido proceso y poner en libertad a quienes debieran cumplir la mayor condena que, en nuestro país, se impone por tan lamentables hechos”.

Lucía Lagunas dijo al respecto que los detalles sobre los motivos para asesinar a sus víctimas no abonan informativamente, por lo cual, no deberían difundirse.

Ella indica que ningún mensaje del agresor que justifique su crimen debe ser reproducido por los medios, pues son elementos modales que deben colocarse como un principio ético y editorial.

Se empeñan en negar estas cifras

El exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, aseguró que durante su gestión no se dispararon los feminicidios y que éstos no son un problema generalizado.

“No somos para nada el primer lugar. Es un problema nacional que lamentablemente existe en todos los estados”, declaró en una entrevista.

Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México. Foto: Miguel Dimayuga/Proceso

Además recurrió a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública para afirmar que el Edomex “está por debajo de la media nacional (1.06)” en materia de feminicidios, con información que data de diciembre de 2017.

“Hay una alerta de género, pero yo ya no soy autoridad: corresponderá a los diferentes poderes públicos proceder. Aquí, desde la Cámara de Senadores, lo que nos toque hacer para endurece penas, para facilitar los procesos, lo que sea necesario lo habremos de hacer y lo vamos a aportar, pero de ninguna manera acepto que sea un tema relacionado con mi gestión”, explicó.

También dijo que no aceptaría que se diga el Estado de México es el de mayor número o de mayor problemática en la materia.