Hace aproximadamente un mes, el ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Oaxaca, Arturo Peimbert, anunció que interpondría una denuncia en contra de los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como del exgobernador de esa entidad, Ulises Ruiz, por crímenes de lesa humanidad.

Este jueves se dio a conocer que Peimbert cumplió su palabra y presentó los cargos ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI).

A los tres se les acusa de delitos que incluyen desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias que habrían sido cometidos durante movilizaciones sociales que realizó la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) entre los años 2006 y 2007.

Peimbert convocó a víctimas de tortura y detención arbitraria para respaldar la denuncia. También incluyó al periodista Diego Enrique Osorno, quien fue miembro de la Comisión de la Verdad de Oaxaca y a Flavio Sosa Villavicencio, vocero de la APPO.

Arturo Peimbert Ombudsman de Oaxaca. Foto: Alfredo Domínguez: La Jornada.

El ombudsman decidió acudir a la CPI tras considerar que en México se agotaron las instancias legales sin que en ningún caso hubiera castigo para los culpables.

Peimbert se hizo acompañar a La Haya por Emeterio Marino Cruz, César Mateos, Germán Mendoza Nube y Flavio Sosa, quienes fueron víctimas de la represión. Este último incluso estuvo encarcelado en el penal de El Altiplano entre diciembre del 2006 y abril del 2008. En tanto, Marino Cruz, aún padece las lesiones de la tortura policial que sufrió en 2007.

Muestras de rechazo al exgobernador de Oaxaca. Foto: Especial.

Flavio Sosa, quien hoy forma parte del partido Morena, reveló que han pedido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que acompañe oficialmente la solicitud a la Corte de La Haya, con la finalidad de que ya se pueda impartir justicia en dicho caso.

A su regreso de La Haya, buscarán una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para que el Estado mexicano brinde apoyo a la justicia internacional.