La crisis del agua en el gobierno de Pablo Lemus en Jalisco continúa agravándose, pues lo que comenzó como supuestos reportes aislados de agua turbia y con mal olor se ha convertido en un problema que afecta a 650 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Habitantes de colonias como Chapalita, Miravalle y otras más en los municipios de Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan denuncian que de sus llaves sale agua con lodo, sedimentos, malos olores e incluso con apariencia aceitosa, una situación que se ha prolongado durante varios meses.
La magnitud del problema quedó expuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que señaló que las afectaciones alcanzan a las 650 colonias abastecidas por la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle, muy por encima de las alrededor de 200 colonias que reconocieron las autoridades estatales.
Según la CEDHJ, las colonias afectadas se distribuyen en 251 de Tonalá, 171 de Tlaquepaque, 168 de Guadalajara y 65 de Zapopan, lo que representa a cientos de miles de habitantes.
La Comisión también concluyó que diversas autoridades incumplieron su obligación de garantizar el derecho al agua potable, entre ellas el SIAPA, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Comisión Estatal del Agua y los ayuntamientos de Tlaquepaque y El Salto.
Además, identificó que descargas provenientes de infraestructura operada por el propio SIAPA llegan hasta la presa Las Pintas, una de las fuentes que abastecen la planta potabilizadora de Miravalle, contribuyendo al deterioro de la calidad del agua.
La crisis tampoco es nueva. La CEDHJ aseguró que documenta problemas relacionados con agua turbia, desabasto y mala calidad desde 2019 y recordó que en 2022 ya había emitido una recomendación por más de un centenar de quejas similares.
Tan sólo en lo que va de 2026, la Comisión ha recibido 130 quejas contra el SIAPA, incluidas 13 denuncias colectivas, la más reciente respaldada por 700 personas. Los reclamos se concentran en la mala calidad del agua, cobros excesivos, fugas que tardan meses en repararse y deficiencias en el sistema de alcantarillado.
A la presión institucional se suma una nueva queja ciudadana acompañada por más de mil firmas, con la intención de que el caso llegue incluso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Foto: Especial
El gobierno de Pablo Lemus ha anunciado un “plan de rescate” que exige la inversión de 25 mil millones de pesos. Y pese a que recientemente se incrementó considerablemente el costo del servicio publico, el estado no cuenta con el recurso. El plan del gobernador de Movimiento Ciudadano, ha sido catalogado como el inicio de un proceso de privatización del servicio de agua debido a que se busca que el costo del “rescate” lo absorba la iniciativa privada, tal como se acostumbró en el neoliberalismo.
La diputada local Tonantzin Cárdenas Méndez, del partido local Futuro, advirtió que el SIAPA podría estar encaminándose hacia la privatización, siguiendo el modelo neoliberal de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Y es que para Cárdenas, el SIAPA está siguiendo una ruta ya transitada por otros servicios públicos como el transporte público y la recolección de basura a través de contratos multianuales.
Por su parte el diputado, Leonardo Almaguer Castañeda, del PT, consideró que la situación se politizó porque el Siapa se ha tratado como un botín político desde anteriores administraciones.
