Corte de Norma Piña dio licencias doradas a altos cargos judiciales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encabezada por la exministra Norma Piña, otorgó al menos 49 permisos a altos cargos judiciales con los que pudieron dejar de trabajar sin perder sus ostentosos sueldos, lo que refuerza las críticas sobre privilegios y falta de transparencia dentro del viejo Poder Judicial.

Una investigación de los periodistas Antonio López Cruz y Daniela Wachauf, para El Universal, reveló que altos mandos de la Corte pudieron ausentarse durante meses con goce íntegro de sueldo, con la excusa de “asuntos personales graves”. Sin embargo, la irregularidad surge cuando se da cuenta de que casi 50 juzgadores gozaron del mismo privilegio con la misma justificación.

Por ejemplo, Alejandra Martínez Verástegui, directora del Centro de Estudios Constitucionales, recibió alrededor de 740 mil pesos durante seis meses sin desempeñar sus funciones.

Lo que más ha generado cuestionamientos no es solo el monto, sino el esquema, pues mientras la funcionaria mantenía su salario completo, la Corte autorizó a otra persona para ocupar su puesto de manera interina, lo que en la práctica implicó duplicar el gasto en esa área durante ese periodo.

Este caso no fue aislado. De acuerdo con datos oficiales, entre 2019 y 2025 se otorgaron al menos 49 licencias similares, todas bajo condiciones poco claras. Al intentar conocer los motivos, la propia Corte decidió clasificar la información como “confidencial”, argumentando que hacerla pública podría afectar la privacidad de los funcionarios.

Es decir, casi por finalizar el cargo de los antiguos ministros y con ellos, la época de los privilegios del Poder Judicial, se destinó una gran cantidad de presupuesto público en personalidades judiciales que no ejercieron sus funciones.

Y es que la Corte encabezada por Norma Piña, argumentó que revelar por qué un funcionario deja de trabajar cobrando su sueldo completo podría generar “discriminación o afectaciones psicológicas”. Y argumentó que se está priorizando la privacidad de sus empleados aunque sea sobre el derecho de las personas a saber cómo se gasta el dinero del pueblo.

Además, llama la atención que algunas de estas licencias se aprovecharon de distintas disposiciones de la reforma judicial de 2024, lo que habría permitido asegurar estos pagos incluso en medio de la transición institucional.

CIUDAD DE MÉXICO, 03OCTUBRE2023.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) encabezado por Norma Piña, como resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por el Poder Ejecutivo Federal, invalidó diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California y leyes de ingresos de municipios de la misma entidad, para el ejercicio fiscal de 2023. FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM

Para analistas, este tipo de prácticas refuerza la percepción de una élite dentro del Poder Judicial, con beneficios muy por encima de lo que puede aspirar la mayoría de los trabajadores en México. Licencias de meses con sueldo completo contrastan con la realidad laboral del país, donde muchas personas no cuentan ni siquiera con permisos breves pagados.

“Son temas que bloquean la transparencia, pues esta clasificación no es un argumento válido ya que en primer lugar el Poder Judicial funciona con recursos públicos, son cargos de la administración pública dentro de la propia estructura judicial y que además reciben el financiamiento de la Federación”, declaró Sebastián Godínez, politólogo de la UNAM a los periodistas de El Universal.

Finalmente, habría que mencionar que corresponde a la nueva integración de la Corte determinar si este tipo de permisos respondían realmente a situaciones extraordinarias o si fueron utilizados como una vía discrecional para mantener ingresos elevados sin supervisión.